Así se prevé el tiempo para el 12 de octubre: Madrid rozará los 24 grados y el Mediterráneo superará los 25

Los avisos especiales por fenómenos meteorológicos adversos (FMA) que emite la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se apoyan en un marco jurídico que combina la normativa general de protección civil con el Estatuto de la propia Agencia y la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2026 y publicada por Resolución de 23 de abril de 2026 (BOE-A-2026-9158).

En el plano general, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, obligan a planificar el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos mediante planes especiales y a articular sistemas de información, alerta y respuesta coordinados entre Administraciones. Esta normativa considera los FMA como riesgo específico de protección civil y exige que exista un sistema homogéneo de avisos que sirva de base a la activación de los planes y a la información a la población.

Sobre esa base, el Real Decreto 299/2026, de 8 de abril, que aprueba el nuevo Estatuto de la AEMET (BOE-A-2026-7968), define como una de sus competencias esenciales «la elaboración, el suministro y la difusión de las informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales». Añade que la emisión de avisos se hará conforme al Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, que fija los criterios técnico–científicos y los umbrales operativos.

La Directriz Básica de 2026 concreta este marco. Define el fenómeno meteorológico adverso como todo evento capaz de producir, directa o indirectamente, daños a personas o bienes, o de alterar de forma significativa la actividad humana en un ámbito determinado. Establece que la planificación de protección civil debe incluir sistemas de previsión y alerta temprana basados en informaciones específicas sobre estos fenómenos, con el objetivo de que las autoridades puedan adoptar medidas preventivas y la población medidas de autoprotección.

Desde el punto de vista estrictamente meteorológico, la Directriz fija varios requisitos de fondo para que existan avisos de FMA:

• Disponer de predicciones y avisos oportunos, fiables y precisos, basados en cuatro componentes: datos de observación y sistemas de vigilancia, predicción numérica del tiempo, modelos conceptuales y conocimiento de la situación.
• Que el aviso se oriente a impactos, es decir, que tenga en cuenta no solo la peligrosidad del fenómeno (intensidad, duración, extensión), sino también la vulnerabilidad y exposición de las personas, bienes, infraestructuras, servicios esenciales o patrimonio afectado.
• Que se pueda proporcionar información suficiente sobre tipo de fenómeno, nivel de aviso, ámbito geográfico, extensión temporal, probabilidad de ocurrencia y evolución prevista, de manera que las autoridades de protección civil puedan decidir si activan fases o niveles de sus planes.

En el plano organizativo, la Directriz atribuye expresamente a AEMET la condición de responsable del sistema nacional de información meteorológica ante FMA. Eso implica que:

• AEMET mantiene la vigilancia y seguimiento de los fenómenos meteorológicos sobre el territorio y emite los avisos de FMA con arreglo al Plan Nacional de Predicción y Vigilancia.
• En comunidades autónomas con servicios meteorológicos propios, se prevé la coordinación y armonización de criterios técnicos y de niveles de aviso.
• Los avisos meteorológicos de AEMET se trasladan a las autoridades de protección civil, que son quienes emiten las alertas de protección civil a la población a través de los sistemas previstos en los planes (no confundir aviso meteorológico con alerta de protección civil).

La Directriz estandariza además los tres niveles de aviso (amarillo, naranja y rojo) en función de la peligrosidad del fenómeno y de los impactos esperables:

• Amarillo: peligro bajo; pueden producirse algunos impactos en bienes y población vulnerable o en zonas expuestas.
• Naranja: peligro importante; son probables impactos graves en bienes y población vulnerable o expuesta.
• Rojo: peligro extraordinario; se esperan impactos muy graves o catastróficos.

Jurídicamente, por tanto, los “avisos especiales” de AEMET se encuadran en este sistema gradado de avisos de FMA y se emiten cuando, a la luz de los datos de observación y de la predicción, se prevé un fenómeno que: (i) cumple la definición de FMA por su capacidad potencial de causar daños relevantes o alterar de forma significativa la actividad humana; (ii) alcanza los umbrales operativos establecidos en el Plan Nacional de Predicción y en los planes especiales de protección civil (que fijan valores cuantitativos y criterios concretos para cada tipo de fenómeno y zona); y (iii) requiere informar con especial énfasis a autoridades y población para que adopten medidas preventivas reforzadas.

En resumen, no existe un único “artículo” que diga cuándo debe emitirse un aviso especial, sino un entramado de normas que: reconocen a AEMET la competencia para emitir avisos; obligan a disponer de sistemas de vigilancia, predicción y aviso fiables; definen los FMA, los niveles de aviso y su significado; y articulan la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para que esos avisos se conviertan, cuando proceda, en alertas y actuaciones de emergencia.

En el ordenamiento español, las competencias en meteorología y predicción climatológica están fuertemente centralizadas en el Estado, pero se insertan en un marco general de competencias compartidas en materia de medio ambiente, calidad del aire y protección civil. Las normas clave son la Constitución, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el Real Decreto que aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Ley 34/2007 de calidad del aire y la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

1. Base constitucional y reparto general de competencias

• El Estatuto de AEMET (Real Decreto 186/2008 y, actualmente, el Real Decreto 299/2026 que aprueba su nuevo Estatuto) recuerda expresamente que los “servicios meteorológicos del Estado” se fundamentan en el artículo 149.1.20 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia sobre el servicio meteorológico estatal, en relación con la navegación aérea y otros ámbitos.
• La normativa ambiental básica (por ejemplo, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental) se apoya además en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que habilita al Estado para dictar legislación básica sobre protección del medio ambiente; ello incluye la integración de la información climática y meteorológica en la toma de decisiones ambientales.
• Sobre esta base, el Estado fija las reglas y estructuras fundamentales y las comunidades autónomas asumen buena parte de la ejecución, planes propios y gestión territorial, en un esquema de competencias compartidas y de coordinación.

2. Papel del Gobierno central y de AEMET

La Ley 40/2015 define el sector público institucional estatal y el marco de los organismos públicos. AEMET es una agencia estatal encuadrada en la Administración General del Estado, cuyo Presidente es nombrado por el Consejo de Ministros y su Consejo Rector está integrado por altos cargos de distintos ministerios (medio ambiente, defensa, interior, transportes, etc.). Esto refleja que la meteorología es una infraestructura estratégica de titularidad estatal.

Según el Estatuto de AEMET (Real Decreto 186/2008 y su actualización de 2026), las funciones nucleares del servicio meteorológico estatal incluyen:

• Instalar, explotar y mantener los sistemas básicos de observación meteorológica y climatológica, telecomunicaciones, predicción y archivos y tratamiento de datos en todo el territorio nacional.
• Elaborar y difundir predicciones meteorológicas y climatológicas, así como productos especializados para sectores sensibles (aviación, transporte marítimo, agricultura, energía, turismo, etc.).
• Emitir avisos y alertas ante fenómenos meteorológicos adversos, esenciales para la protección de vidas y bienes y para la activación de los planes de protección civil.
• Prestar apoyo a las políticas de calidad del aire y medio ambiente y al estudio de los efectos del cambio climático, proporcionando escenarios regionalizados y servicios climáticos.
• Participar y cumplir los compromisos internacionales de España en materia de intercambio de datos y productos meteorológicos (OMM, organismos europeos de satélites y predicción, etc.).
• Desarrollar investigación, desarrollo e innovación en meteorología y climatología y cooperar técnicamente con otros países, en especial en el marco iberoamericano y africano.

En síntesis, el Gobierno central ostenta la titularidad y dirección del servicio meteorológico nacional, garantiza la existencia de redes de observación y sistemas de predicción de ámbito estatal y asume la responsabilidad de la información oficial y las alertas que sirven de referencia al conjunto de administraciones.

3. Meteorología, calidad del aire y medio ambiente

La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, configura un sistema de corresponsabilidad:

• Al Gobierno de la Nación, “en el ámbito de sus competencias”, le corresponde aprobar planes y programas de ámbito estatal para prevenir y reducir la contaminación atmosférica, cumplir el Derecho de la Unión Europea y los acuerdos internacionales, y fomentar la investigación, el intercambio de información y la cooperación interadministrativa e internacional.
• Las comunidades autónomas deben elaborar sus propios planes de mejora de la calidad del aire y planes de acción a corto plazo ante umbrales de alerta, teniendo en cuenta los planes estatales y actuando bajo principios de cooperación y colaboración cuando la contaminación o los fenómenos asociados superan su territorio.
• Las entidades locales pueden aprobar planes y adoptar medidas concretas (incluida la restricción del tráfico) para cumplir esos objetivos de calidad del aire.

En este esquema, los datos y predicciones meteorológicas y climatológicas suministrados por AEMET son una herramienta básica para la modelización de contaminantes, la determinación de umbrales de alerta y el diseño de esos planes, pero la competencia de gestión territorial es autonómica y local.

4. Evaluación ambiental y uso de información climática

La Ley 21/2013 de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, establece un procedimiento homogéneo en todo el territorio nacional para evaluar los efectos de planes, programas y proyectos sobre factores como el aire, el clima y el cambio climático. Determina que:

• La Administración General del Estado actúa como órgano ambiental en los proyectos y planes de su competencia, y dicta las declaraciones e informes de impacto o ambientales estratégicos.
• Las comunidades autónomas ejercen esa función en su ámbito competencial, pero la ley fija el marco procedimental básico y fomenta una evaluación homogénea, con apoyo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

En la práctica, esto significa que el Gobierno central define cómo debe integrarse la información meteorológica y climática en las evaluaciones ambientales, mientras que la aplicación concreta se reparte según la titularidad de cada proyecto o plan.

5. Coordinación con protección civil y otras políticas

Finalmente, resoluciones recientes publicadas en el BOE recogen que el Consejo de Ministros aprueba directrices básicas de planificación de protección civil ante riesgos de fenómenos meteorológicos adversos. Estas directrices utilizan la información y avisos de AEMET como referencia común y obligan a las comunidades autónomas y entidades locales a desarrollar planes territoriales y especiales coherentes con ellas.

En conjunto, la legislación sitúa al Gobierno central como titular del servicio meteorológico y de la infraestructura nacional de observación y predicción, responsable de las alertas oficiales, de los compromisos internacionales y de la normativa básica ambiental y de protección civil; y reserva a las comunidades autónomas y entidades locales la planificación y gestión territorial apoyada en esa información.

No dispongo de la información que necesitas: mi ámbito de especialización y las bases de datos a las que estoy conectado están centradas en política e instituciones españolas (Congreso, Senado, gobiernos, normativa, actores políticos, prensa política, etc.), no en registros históricos detallados de temperaturas ni en climatología comparada por comunidades autónomas.

Para responder con rigor a una pregunta como la tuya —qué comunidades autónomas han superado históricamente los 28 ºC en octubre— habría que consultar series de datos meteorológicos oficiales de largo plazo (por ejemplo, de la AEMET o de otros servicios meteorológicos), revisar récords absolutos de temperatura por estación, filtrar específicamente el mes de octubre y, a partir de ahí, agrupar por comunidad autónoma. Eso implica trabajar con bases de datos climáticas especializadas a las que yo no tengo acceso directo desde este entorno.

En consecuencia, no puedo ofrecerte:

• Un listado exhaustivo de comunidades autónomas con fechas y lugares concretos donde se hayan registrado > 28 ºC en octubre.
• Series históricas completas o comparaciones estadísticas entre comunidades.
• Confirmación de récords oficiales de temperatura ni validación de datos concretos de observatorios.

Lo que sí puedo hacer, dentro de mi ámbito, es ayudarte a entender o analizar la dimensión política y de políticas públicas que puede tener una cuestión relacionada con el clima o las temperaturas, por ejemplo:

• Explicar cómo se articula la política climática en España (reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, planes nacionales de adaptación al cambio climático, marcos estratégicos, etc.).
• Revisar qué normativa se ha aprobado en relación con cambio climático, transición energética, gestión del agua, o eventos extremos de calor, y qué líneas generales establece (aunque no baje al detalle de los datos meteorológicos).
• Analizar debates parlamentarios o posicionamientos de partidos y gobiernos sobre olas de calor, sequías prolongadas o anomalías de temperatura, siempre que se trate de información política o institucional.
• Ayudarte a preparar una nota o argumentario político sobre las implicaciones que tienen temperaturas inusualmente altas en otoño (por ejemplo, en agricultura, salud pública o consumo energético), basándome en el debate público y regulatorio, no en la estadística meteorológica fina.

Si lo que necesitas es estrictamente el dato climático (qué comunidades han superado 28 ºC en octubre, cuántas veces, en qué años, etc.), te recomendaría acudir directamente a fuentes especializadas como:

• La página oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), donde suelen publicarse resúmenes climatológicos mensuales y récords destacados.
• Centros universitarios o de investigación en climatología que puedan tener estudios regionales más desagregados.
• Bases de datos abiertas de observatorios meteorológicos, si necesitas hacer un análisis propio.

Dicho esto, si tu interés de fondo está relacionado con cómo se traduce este tipo de fenómenos —temperaturas muy altas en octubre— en decisiones políticas (por ejemplo, cambios en calendarios agrícolas, campañas de prevención sanitaria, adaptación de infraestructuras o medidas de eficiencia energética), sí puedo ayudarte a:

• Localizar y resumir iniciativas legislativas o planes gubernamentales vinculados a adaptación al calor extremo o a la nueva normalidad climática.
• Ver cómo distintos partidos, gobiernos autonómicos o el Gobierno central están enmarcando políticamente estas anomalías de temperatura.
• Elaborar explicaciones claras sobre el encaje competencial: qué puede hacer el Estado, qué corresponde a las comunidades y qué se deja a los municipios, en términos de políticas de adaptación.

Si quieres, puedes reformular tu pregunta en clave política o institucional —por ejemplo, centrada en cómo se están abordando estas temperaturas inusuales desde las políticas públicas— y, a partir de ahí, podré aprovechar al máximo mis capacidades para darte una respuesta detallada y útil.