El Ministerio de Política Territorial, que actúa como “mando único” en la crisis migratoria de Ceuta, ha negado la supuesta “inactividad” que le atribuye el Ejecutivo de la ciudad, alegando la puesta en marcha de 7.400 plazas de acogida para los migrantes que entraron de forma irregular a finales de julio, así como el refuerzo de la seguridad y de los dispositivos policiales para proceder al desalojo de asentamientos en playas y distintos barrios.
Con estos argumentos, el departamento responde al recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo anunciado por el Gobierno de Juan Jesús Vivas, que reprocha al Ejecutivo central una presunta “inactividad” en la tramitación de los expedientes de devolución a Marruecos o de protección internacional.
El Ministerio rechaza que tales expedientes puedan resolverse en el plazo de un mes, al entender que “requieren una valoración individualizada”. “No resulta procedente imponer un plazo general que prevalezca sobre el establecido por la legislación aplicable”, ha remarcado.
“Es curioso que los mismos que hablan de inacción son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis”, ha criticado Torres en la red social ‘X’, aludiendo a “trabas que han puesto para usar espacios previamente consensuados o el incumplimiento de las medidas que anunciaron, como que los niños serían retornados de inmediato a su país”.
Torres ha subrayado además que, hasta el momento, “no ha salido ni un niño de Ceuta a Marruecos y los únicos retornados son adultos”. “Eso es lo que tiene prometer imposibles y anunciar medidas que contravienen el derecho superior del menor”, ha señalado, recordando que la Ciudad Autónoma es la administración competente en materia de menores migrantes.
El Gobierno central defiende su gestión y rechaza un plazo general de un mes
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sostiene que las actuaciones exigidas “ya se encuentran iniciadas y en curso” y que el despliegue realizado ha permitido rebajar la presión migratoria inicial y preservar el orden público.
En esta línea, reivindica la labor de la Administración General del Estado (AGE) en la gestión de la crisis de Ceuta y cifra en más de 12.700 las personas retornadas a Marruecos desde el pasado 10 de agosto.
La respuesta del Ministerio se produce después de que el Gobierno ceutí solicitara que el Estado resolviera en un mes los expedientes de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes adultos llegados durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y que aún continúan en la ciudad.
El Ejecutivo central mantiene que estos procedimientos deben respetar los plazos, trámites y garantías fijados por la normativa española y europea, por lo que considera improcedente imponer un plazo uniforme de un mes para su resolución, dado que exigen un examen caso por caso.
El Gobierno recuerda asimismo que la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional en Ceuta permitió articular una estructura reforzada de coordinación para encarar la crisis y organizar una respuesta integral por parte de la Administración General del Estado.
Desalojos en el litoral y 7.400 plazas de acogida operativas
Entre las medidas ya ejecutadas, el Ministerio menciona el refuerzo de la seguridad, la habilitación de espacios reglados de acogida, la dotación de recursos para realizar filiaciones y triajes, así como la agilización de los expedientes administrativos.
También destaca que los grandes asentamientos del litoral de Trampolín, Benítez y Guano han sido completamente desalojados y que se mantiene la actuación en otros puntos dispersos del término municipal.
Según la nota remitida, los recursos habilitados por la Administración General del Estado disponen actualmente de más de 7.400 plazas y la mayor parte de los migrantes adultos que permanecen en Ceuta se encuentran alojados en estos dispositivos.
Menores no acompañados: competencia de Ceuta y apoyo económico estatal
En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, el Gobierno central incide en que su atención ordinaria recae sobre la Ciudad Autónoma y precisa que ninguno ha podido ser reagrupado en Marruecos hasta la fecha de la resolución.
El Ministerio pone en valor el respaldo económico facilitado a Ceuta para la acogida de estos menores, que asciende a 88 millones de euros. Esta cifra incluye un crédito de 25 millones aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia del 27 de agosto y otros 63 millones de apoyo directo recogidos en el real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico aprobado el 1 de septiembre.
De este último paquete, dos millones se destinan a sufragar la contratación de representantes de los menores, una figura contemplada en la nueva normativa europea para los procedimientos que les afectan.
El Gobierno de Ceuta comunicó este martes su decisión de acudir al Tribunal Supremo por la supuesta “inactividad” de la Administración General del Estado a la hora de dotar de medios personales y materiales suficientes para tramitar, dentro de los plazos legales, los expedientes de los migrantes adultos que accedieron a la ciudad los días 30 y 31 de julio.
El Consejo de Gobierno acordó el 16 de septiembre formular un requerimiento previo al Estado, presentado dos días después, para que dictara y notificara una resolución expresa en el plazo de un mes. Al entender que no obtuvo contestación en ese periodo, el Ejecutivo local optó por recurrir a la vía judicial.