Asaja, COAG y Unión de Uniones han decidido aplazar la tractorada y la manifestación de agricultores y ganaderos prevista para este miércoles en Madrid a raíz del grave accidente de trenes ocurrido en la provincia de Toledo, que ha dejado al menos una treintena de fallecidos. En señal de duelo, las organizaciones han acordado guardar cinco minutos de silencio por las víctimas del siniestro.
Para esta jornada estaban llamados miles de agricultores y ganaderos, junto con cientos de tractores procedentes de numerosos puntos del país, con la intención de llenar las calles de la capital y exigir medidas urgentes que aseguren la rentabilidad y la continuidad del sector agrario.
Los convocantes habían organizado la llegada de los tractores a primera hora del día en cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago del Lozoya y Arganda del Rey. El objetivo de la protesta era denunciar el incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y “las amenazas que comprometen el futuro” de la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, el choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Urda (Toledo), con al menos 30 fallecidos, ha llevado a las organizaciones agrarias a suspender la movilización de este miércoles y a posponerla a otra fecha aún por concretar, manteniendo como gesto de respeto los minutos de silencio en memoria de los afectados.
Tractorada aplazada para defender la rentabilidad y el futuro del campo
La tractorada, a la que también se había adherido Cooperativas Agroalimentarias de España, no se da por cancelada, sino únicamente retrasada, insisten las organizaciones. La protesta se estructura en torno a cinco grandes demandas, entre ellas un plan de choque frente al encarecimiento de los costes de producción y la puesta en marcha inmediata de un gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad reducida y estable y bonificaciones aplicadas directamente en el momento de repostar.
El sector reclama una solución duradera y, mientras llega, “medidas extraordinarias suficientes” para hacer frente al sobrecoste del combustible y del resto de insumos que están ahogando al medio rural. Advierten de que, si no se actúa, producciones como la cerealista pueden quedar arruinadas y en serio riesgo de desaparición.
En el ámbito de la política agraria, las organizaciones exigen que la próxima Política Agraria Común (PAC) sea “fuerte que proteja la renta” de agricultores y ganaderos, rechazan cualquier recorte del presupuesto comunitario destinado al campo y reclaman una PAC realmente común, con financiación “suficiente” y con sus dos pilares claramente diferenciados.
Otra de las reivindicaciones clave pasa por lograr “precios justos” y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Consideran inasumible que agricultores y ganaderos sigan siendo el eslabón más débil, soportando incrementos de costes que no pueden repercutir en los precios que reciben por sus productos.
Asimismo, muestran su rechazo a la competencia desleal derivada de determinados acuerdos comerciales. Denuncian que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no se someten a las mismas exigencias y reiteran su oposición al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, reclamando reciprocidad normativa y controles rigurosos en frontera.
Por último, el quinto eje de la protesta se centra en la simplificación administrativa. Reclaman “menos papeles y menos normas”, porque sostienen que los agricultores y ganaderos necesitan dedicar su tiempo a trabajar en sus explotaciones y no a un volumen creciente de trámites, registros y obligaciones burocráticas.