La Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que se esclarezca si en España se están importando y comercializando productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente que se estarían presentando en el mercado como originarios de Israel.
En su escrito, ambas organizaciones ponen el foco en frutas y hortalizas que figuran en las etiquetas como israelíes, pero que, según los indicios aportados, podrían tener su origen real en zonas ocupadas, lo que supondría una posible vulneración del Real Decreto-ley 10/2025. Esta norma prohíbe expresamente la entrada en España de mercancías de esos territorios si no se refleja con exactitud su procedencia en el etiquetado, extremo que, de haberse eludido, habría permitido su comercialización en las principales cadenas de supermercados españolas, de acuerdo con el comunicado difundido.
La denuncia se sustenta en las conclusiones del informe “Importando la Ocupación”, elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de trabajo, así como en una reciente investigación periodística del diario “Público”. Ambos trabajos apuntan a que en los últimos años España se ha consolidado como uno de los mercados europeos más relevantes para determinados productos alimentarios procedentes de Israel.
Según los datos citados, en 2025 España adquirió 43.825 toneladas de patatas por un importe de 26,59 millones de euros y alrededor de 2.900 toneladas de dátiles por unos 17 millones de euros. Además, las frutas, hortalizas y semillas representaron el 81% del total de las compras españolas a Israel, lo que refleja la magnitud de este flujo comercial.
Para CECU y COAG, este volumen de importaciones refuerza la necesidad de asegurar una trazabilidad rigurosa y un etiquetado que indique de forma fidedigna el origen de cada alimento. De corroborarse las sospechas, advierten de que los consumidores estarían recibiendo una información errónea sobre la procedencia de los productos, con un posible incumplimiento de la normativa en materia de consumo y etiquetado.
Ambas entidades subrayan, además, que este tipo de prácticas implicarían una “competencia desleal” frente a los agricultores que respetan la legislación europea y española relativa a producción, trazabilidad y transparencia hacia el consumidor.
La denuncia solicita igualmente que se analice si estas operaciones de importación vulneran el Real Decreto-ley 10/2025, que veta la entrada en España de productos originarios de territorios palestinos ocupados por Israel, así como el eventual uso de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, a la luz de los indicios aportados, podrían no ajustarse a las exigencias de la normativa comunitaria.
Por ello, CECU y COAG reclaman a la Dirección General de Consumo que despliegue sus competencias inspectoras para comprobar el origen efectivo de estos alimentos, localizar a las empresas que pudieran estar implicadas y, si se verifican las irregularidades, iniciar los correspondientes expedientes sancionadores.
El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha reclamado que se investiguen estos hechos. “No podemos permitir que se introduzcan en el mercado español productos procedentes de territorios ocupados en un contexto de genocidio que, además, puedan estar siendo comercializados bajo un origen distinto al real”, ha indicado, recordando que esta situación supone una “grave distorsión de la competencia” para los agricultores y ganaderos que producen bajo las exigentes normas europeas.
El director de CECU, David Sánchez Carpio, ha señalado que la “transparencia es imprescindible para que cada persona pueda ejercer un consumo informado y acorde con sus valores, especialmente cuando se habla de productos procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente”. “Por eso, reclamamos una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de la legislación vigente”, ha instado.