El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha instado al Gobierno central a mover ficha ante la Unión Europea con el fin de conseguir, como mínimo, una “prórroga” del acuerdo pesquero con Mauritania y así salvaguardar la continuidad de la flota gallega que opera en esos caladeros.
Rosón ha trasladado esta petición en la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia, en el turno de respuesta a una iniciativa del PPdeG, formación que ha denunciado la “ausencia” de medidas por parte del Ejecutivo estatal en este ámbito.
“Urge la renovación del acuerdo”, ha subrayado el director xeral, recordando que, si no se producen avances, la flota comunitaria, incluida la gallega, se verá obligada a cesar su actividad en aguas mauritanas a partir del 15 de noviembre.
A su juicio, “debería ser un asunto de enorme relevancia para la Unión Europea”, y ha reprochado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su “inacción” en este asunto. Ha insistido en que la Xunta ya ha reclamado al departamento ministerial que actúe con urgencia para que Bruselas acelere las negociaciones.
En la misma línea, la diputada del PPdeG Nazareth Cendán ha acusado al Gobierno central de colocar al sector en una situación límite. “Los socialistas situaron al sector en una situación crítica”, ha afirmado, al tiempo que denunciaba “falta de diálogo” con los representantes pesqueros.
Reversión de terrenos portuarios a la Administración central
En esta sesión, la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, ha reclamado al Ejecutivo estatal que agilice las resoluciones vinculadas al procedimiento iniciado por este ente para devolver a la Administración General del Estado aquellos terrenos que ya no resultan imprescindibles para usos portuarios, con la finalidad de que puedan ser posteriormente cedidos a los ayuntamientos interesados en asumir su titularidad.
Botana ha señalado que la iniciativa afecta a 25 municipios y ha remarcado que, salvo en el caso de Cedeira —donde el consejo rector aprobará en breve las actuaciones pendientes—, el expediente está prácticamente completado en lo que corresponde a la Xunta.
“Cuando se haga la reversión no serán suelos de dominio público autonómico y no se aplicará la Ley de Portos de Galicia, pasarán a ser gestionados por la Dirección General de Costas para que el Estado pueda ceder el uso que proceda en favor de los ayuntamientos”, ha precisado.
Durante el debate, el diputado del PPdeG Miguel Fidalgo ha defendido el “diálogo” y la “planificación” en este proceso, mientras que el parlamentario del PSdeG Carlos López Font ha exigido conocer cuántos expedientes se encuentran ya concluidos. “Reclamamos el resultado”, ha manifestado. Por su parte, la diputada del BNG Rosana Pérez ha cuestionado la diligencia con la que se está tramitando la reversión y ha calificado de “tomadura de pelo” algunas de las actuaciones.
Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar
También ha comparecido la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Injerto, para responder a una pregunta del BNG sobre el proyecto de decreto que regulará el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar.
Desde la formación nacionalista se considera que el futuro organismo carece de recursos suficientes para convertirse en un “instrumento real” al servicio de la investigación científica. “Hay que darle financiación propia no solo una estructura”, han reclamado desde el BNG.
Frente a estas críticas, la directora xeral ha defendido que el Observatorio servirá para abordar retos como incrementar la presencia femenina en los órganos de decisión. “Estamos trabajando en el desarrollo reglamentario”, ha señalado, explicando que este órgano ofrecerá asesoramiento, análisis y seguimiento para cualquier política pública de la Administración autonómica y de sus entes dependientes.