UAGA ha hecho público este martes un serio aviso sobre “la vulnerabilidad del sector vitícola” ante la decisión de algunas bodegas de no retirar la uva de los viticultores. Según el sindicato agrario, esta situación abre la puerta a que determinadas empresas intenten comprar la uva a precios inferiores a los costes reales de producción.
Mediante un comunicado, la organización ha reclamado al Gobierno Vasco “que actúe de manera inmediata para evitar que los viticultores se vean obligados a vender su producción a pérdidas”, instándole a intervenir sin esperar a que cada productor tenga que presentar denuncias individuales.
UAGA ha subrayado también la necesidad de respetar estrictamente la Ley de la Cadena Alimentaria, “que establece que los contratos deben garantizar precios que cubran los costes de producción”, por lo que ha recalcado que cualquier compraventa en la que el importe quede por debajo de esos costes debe ser objeto de investigación.
En esta línea, el sindicato ha reclamado la puesta en marcha de inspecciones de oficio que permitan detectar operaciones de compra de uva contrarias a la normativa. Del mismo modo, ha exigido un control mucho más riguroso de los contratos, “que deben formalizarse antes de la entrega de la uva, con precios y condiciones claramente establecidos”.
“Estamos cansados de que las inspecciones parezcan recaer siempre sobre el agricultor y el ganadero. Si existe una normativa que protege al productor, las administraciones tienen que hacerla cumplir también en el otro extremo de la cadena”, ha lamentado la organización agraria.
Al mismo tiempo, UAGA ha advertido de que, si la producción de uva de calidad deja de ser viable económicamente para los viticultores, “muchas explotaciones familiares no tendrán capacidad para continuar y el abandono del viñedo será una realidad en la comarca”.
Por todo ello, el sindicato ha apelado al conjunto de las instituciones competentes y al resto de agentes de la cadena vitivinícola para impulsar “un plan de acción que contemple medidas estructurales eficaces y capaces de recuperar la rentabilidad de las explotaciones, garantizar el futuro de los viticultores”, así como “mantener y reforzar el patrimonio vitivinícola de la Rioja Alavesa”.