El Gobierno da luz verde a los anteproyectos de asilo y extranjería en plena respuesta a la crisis de Ceuta

El Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta los dos anteproyectos para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, con procedimientos más rápidos para resolver las solicitudes de protección internacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

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El Gobierno ha aprobado este martes en primera vuelta una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería que modificarán los procedimientos para identificar a quienes lleguen irregularmente a España, tramitar las solicitudes de protección internacional y ejecutar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en el país.

Los dos anteproyectos buscan adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo y ahora deberán pasar por los correspondientes órganos consultivos antes de regresar al Consejo de Ministros y ser enviados a las Cortes.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de los dos textos tras la reunión del Consejo de Ministros. El Plan Anual Normativo del Ejecutivo ya contemplaba para 2026 una nueva Ley Reguladora de la Protección Internacional destinada a adaptar la legislación española al nuevo marco europeo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que la reforma permitirá acelerar los procedimientos sin reducir las garantías de los solicitantes. El Ejecutivo plantea, según ha explicado, un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista".

Un nuevo procedimiento de frontera de hasta 12 semanas

Uno de los principales cambios se producirá en la tramitación de las solicitudes de protección internacional. La futura ley diferenciará un procedimiento ordinario, uno acelerado y un procedimiento específico en frontera.

Este último tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

Marlaska ha defendido que este mecanismo no supone dejar sin tramitar las solicitudes de protección internacional. El objetivo, según Interior, es establecer "tiempos más breves" pero "sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales".

La nueva ley también actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria. Entre las circunstancias que deberán tenerse en cuenta se incorporan expresamente la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad, además de un tratamiento específico de determinadas situaciones de vulnerabilidad.

Triaje obligatorio para quienes crucen irregularmente la frontera

La reforma de la ley de Extranjería introduce otra de las piezas centrales del nuevo modelo europeo: el triaje de las personas que entren en España sin haber pasado por los controles fronterizos correspondientes.

Ese procedimiento incluirá, según ha detallado Marlaska, un reconocimiento médico, un examen de posibles vulnerabilidades, la identificación de la persona, la recogida de datos biométricos, una inspección de seguridad y su posterior derivación al procedimiento que corresponda.

El triaje es obligatorio para los Estados miembros en virtud del nuevo marco europeo. Sin embargo, España pretende mantener un plazo inferior al máximo comunitario.

Mientras la regulación europea permite que ese proceso se prolongue hasta siete días, el Gobierno fija para España un máximo de 72 horas.

Interior justifica esa reducción por la necesidad de limitar "al mínimo imprescindible" el periodo durante el cual una persona debe permanecer en las instalaciones policiales habilitadas.

Retorno para quienes no tengan derecho a protección

La modificación de Extranjería regulará también el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el Pacto Europeo.

Este mecanismo afectará a las personas que lleguen irregularmente a las fronteras españolas y que, una vez examinada su situación, no tengan derecho a obtener protección internacional ni a entrar en territorio nacional.

Cuando una solicitud de protección internacional sea rechazada, la persona recibirá junto a la resolución la denegación de entrada y la obligación de abandonar España, según las líneas del anteproyecto explicadas por Interior.

Los cambios llegan en plena gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno afronta ahora una fase centrada, entre otros objetivos, en repatriar a quienes no tengan derecho a permanecer en España y resolver los expedientes de quienes soliciten asilo, según ha explicado este martes el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Los textos todavía no llegan al Congreso

La aprobación de este martes no supone todavía la aprobación de los proyectos de ley ni su remisión al Parlamento. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los anteproyectos en primera vuelta.

El Ejecutivo deberá recabar ahora los informes correspondientes de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, además del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo Estatal de ONG.

Después de ese proceso, los textos tendrán que regresar al Consejo de Ministros para su aprobación como proyectos de ley antes de ser enviados a las Cortes Generales.

Marlaska ha asegurado que el Gobierno pretende completar esta tramitación "a la mayor brevedad posible" y ha avanzado que negociará con "todos" los grupos parlamentarios para intentar sacar adelante las reformas.

El nuevo marco responde a la aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, compuesto por distintos reglamentos comunitarios y por la Directiva (UE) 2024/1346, de 14 de mayo de 2024, sobre las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional. El propio Plan Anual Normativo de 2026 establece como objetivo de la nueva legislación española desarrollar las materias del Pacto que están reservadas a una norma con rango de ley.

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¿En qué estado parlamentario se encuentran actualmente los anteproyectos de Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros?

A partir de la información oficial y periodística localizada, a fecha de hoy (25 de agosto de 2026) no consta que exista todavía un proyecto de ley de nueva Ley de Asilo ni de reforma integral de la Ley de Extranjería remitido por el Gobierno a las Cortes Generales. Por tanto, esos textos no tienen todavía “estado parlamentario”: siguen, en la práctica, en la fase gubernamental de preparación (anteproyecto y trabajos previos), sin haber iniciado el recorrido formal en Congreso y Senado.

Diferencia clave: anteproyecto vs. proyecto de ley

La guía de tramitación de anteproyectos incorporada en la propia base institucional recuerda que:

  • El anteproyecto de ley es un texto en fase interna del Gobierno: se elabora en el ministerio competente, pasa por consultas, informes y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
  • Solo cuando el Consejo de Ministros lo aprueba en segunda vuelta y lo remite a las Cortes pasa a ser un proyecto de ley; es entonces cuando se registra en el Congreso y adquiere un estado parlamentario (registro, calificación, enmiendas, ponencia, etc.).

En consecuencia, mientras un texto no figure como proyecto de ley con número de expediente (121/…, 122/…, etc.) en el Congreso o en el Senado, no puede hablarse estrictamente de “estado parlamentario”.

Lo que sí aparece en las bases sobre asilo

Al buscar la “Ley de Asilo” y sus posibles desarrollos, las bases oficiales echan atrás hasta la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y a su normativa de desarrollo (por ejemplo, el Real Decreto 203/1995 y otra regulación sectorial posterior).

En relación con la adaptación al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, sí se ha localizado una pieza clave en la fase gubernamental:

  • La “Consulta pública previa relativa a las normas de adaptación al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA)” (process_ante_25842, de 27/01/2025), publicada por el Ministerio del Interior, que abre la puerta a futuras reformas legales tanto en materia de asilo como de extranjería. En el propio texto de consulta se indica que se valoran alternativas que van desde modificaciones puntuales hasta la aprobación de nuevas leyes que podrían derogar y sustituir a la Ley 12/2009.

Sin embargo, ni en los registros parlamentarios ni en el BOE aparece que esta línea de trabajo se haya concretado ya en un proyecto de nueva Ley de Asilo remitido a las Cortes.

Lo que sí se ha reformado en Extranjería

En materia de extranjería, las fuentes localizadas muestran un movimiento muy intenso, pero canalizado principalmente por:

  • Reformas reglamentarias de la Ley Orgánica 4/2000 (Reglamento de Extranjería) mediante reales decretos del Gobierno, entre ellos el Real Decreto 1155/2024 y el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el Reglamento para articular una regularización extraordinaria de personas migrantes (regularización de 2026). Demócrata ofrece, por ejemplo, el texto íntegro de este último decreto.
  • Iniciativas parlamentarias de origen no gubernamental (proposiciones de ley del PP, Vox, Junts, ILP de regularización, etc.) que tocan el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el régimen de expulsiones o los requisitos de acceso a la residencia. Estas se tramitan con sus propios números de expediente y han sido debatidas, enmendadas o votadas, pero no derivan de un “anteproyecto del Gobierno” en el sentido técnico que usted menciona.

En los registros parlamentarios no aparece un proyecto de ley del Gobierno identificado explícitamente como “reforma de la Ley Orgánica de Extranjería” que pueda vincularse a un anteproyecto aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

Conclusión sobre el “estado parlamentario” de esos anteproyectos

Con base en todo lo anterior, y limitándonos a lo que aparece en:

  • la base de datos institucional de iniciativas y anteproyectos, y
  • la prensa especializada y las notas oficiales revisadas,

se puede afirmar que:

  • No consta que el Gobierno haya convertido aún en proyectos de ley registrados en Congreso o Senado un anteproyecto de nueva Ley de Asilo ni un anteproyecto de reforma general de la Ley de Extranjería aprobado en primera vuelta.
  • En consecuencia, no tienen estado parlamentario: no figuran como iniciativas 121/… o 122/… en tramitación, ni con fases de calificación, enmiendas, ponencia o dictamen.
  • La acción normativa reciente en este ámbito se ha canalizado, por un lado, a través de consultas y audiencias públicas en la fase de anteproyecto (adaptación al Pacto Europeo de Migración y Asilo) y, por otro, mediante reales decretos que reforman el Reglamento de Extranjería o mediante proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios.

Solo cuando el Consejo de Ministros apruebe en segunda vuelta esos textos y los remita a las Cortes aparecerán en los registros del Congreso y del Senado con un número de expediente claro y un estado de tramitación identificable. A día de hoy, esa remisión no aparece reflejada en las fuentes consultadas.

¿Cuáles son las competencias y funciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en materia de inmigración y protección internacional según la legislación española?

Las competencias de Fernando Grande-Marlaska en materia de inmigración y protección internacional derivan de su condición de ministro del Interior y se definen principalmente en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros, en la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y en los reales decretos de estructura orgánica del Gobierno. Estas normas atribuyen al Gobierno y a la Administración General del Estado, y en la práctica al Ministerio del Interior, las funciones de control de fronteras, ejecución de decisiones en materia de extranjería y participación en los procedimientos de asilo.

1. Marco normativo básico y reparto general de competencias

La Ley Orgánica 4/2000, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000 y 2/2009 (texto consolidado y reformas como LO 2/2009), regula el régimen de entrada, estancia, residencia, trabajo y salida de los extranjeros. En sus disposiciones se prevé que:

  • Corresponde al Gobierno y a la Administración General del Estado ordenar los flujos migratorios, garantizar la seguridad en las fronteras y tramitar autorizaciones y visados.
  • Se establece la competencia estatal sobre expedición de visados, autorizaciones de residencia y trabajo, y documentación de extranjeros, incluyendo tasas específicas por estos trámites (véase el régimen de tasas en los extractos de la LO 4/2000).

La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE-A-2009-17242) fija el marco de la protección internacional en España. Esta ley integra el sistema de asilo en la política migratoria estatal y prevé la existencia de una Oficina de Asilo y Refugio, así como la cooperación de las autoridades de fronteras y policiales en la admisión y tramitación de solicitudes.

Junto a ello, reales decretos sobre estructura del Gobierno (como los que modifican el Real Decreto 139/2020 y las reestructuraciones posteriores: RD 446/2022, RD 125/2022, o el RD 829/2023 de reestructuración de departamentos) distribuyen funciones entre Interior, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores. De acuerdo con este reparto:

  • Interior concentra las funciones de seguridad, control fronterizo y ejecución de decisiones en extranjería.
  • Inclusión y Migraciones asume la acogida e integración (por ejemplo, reglamento del sistema de acogida de protección internacional: RD 220/2022 y subvenciones para dicho sistema: RD 590/2022, RD 882/2021).
2. Competencias del ministro del Interior en inmigración y fronteras

A partir de la LO 4/2000 y de la normativa de organización ministerial, las funciones típicas del titular de Interior en este ámbito son:

  • Control de fronteras exteriores: dirección de los cuerpos y servicios encargados de la vigilancia de fronteras y puestos habilitados, incluyendo el control de entradas y salidas y las actuaciones para prevenir la inmigración irregular, en coordinación con otros Estados y con la Unión Europea.
  • Visados en frontera y documentación: aunque la concesión ordinaria de visados se articula a través del servicio exterior, la LO 4/2000 atribuye al Estado (y, operativamente, a Interior mediante Policía y oficinas de extranjeros) la tramitación de visados, tarjetas de identidad de extranjero y documentos de identidad para personas indocumentadas, así como la aplicación de las tasas correspondientes.
  • Inadmisión en frontera y devoluciones: ejecución de decisiones de inadmisión cuando no se cumplen los requisitos de entrada, y de devolución de quienes intentan entrar irregularmente, de acuerdo con el régimen previsto en la LO 4/2000.
  • Expulsión e internamiento en CIE: impulso y ejecución material de las medidas de expulsión, y gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como dispositivos policiales en los que se custodia a personas sometidas a procedimientos de devolución o expulsión, conforme a las garantías fijadas en dicha ley orgánica.
  • Cooperación policial y acuerdos internacionales: desarrollo de acuerdos de retorno y gestión fronteriza, en coordinación con Migraciones y Exteriores. Por ejemplo, el Acuerdo entre Interior y la OIM sobre retorno voluntario asistido y gestión fronteriza integrada (BOE-A-2025-24835) evidencia este papel de Interior en proyectos de retorno y control fronterizo.
3. Papel del ministro del Interior en la protección internacional

La Ley 12/2009 configura un sistema en el que varios departamentos comparten competencias. El ministro del Interior participa en particular en:

  • Recepción de solicitudes en frontera: los servicios de Interior en puestos fronterizos y centros de internamiento deben permitir la presentación de solicitudes de asilo y remitirlas a la autoridad competente, garantizando que nadie sea devuelto sin que se examine su eventual necesidad de protección internacional.
  • Apoyo policial al procedimiento de asilo: colaboración en la identificación, documentación y seguridad de solicitantes y beneficiarios, y en la ejecución de decisiones de traslado, salida o retorno cuando se deniegan las solicitudes, todo ello conforme a la Ley 12/2009 y a la normativa europea que ésta incorpora.
  • Gestión de situaciones de crisis migratoria con implicaciones de asilo: en flujos mixtos (migración económica y refugiados), Interior dirige los dispositivos policiales y de orden público, coordina con Migraciones la derivación al sistema de acogida regulado por el RD 220/2022 y coopera con organismos internacionales como la OIM en reasentamiento y retorno.

En síntesis, Grande-Marlaska no diseña en solitario la política migratoria y de asilo, pero, según la legislación citada, ostenta la dirección política y operativa de todas las funciones de seguridad, control de fronteras y ejecución de medidas en extranjería y protección internacional que corresponden al Ministerio del Interior dentro del sistema estatal.

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para que los anteproyectos sean finalmente aprobados como leyes en el Congreso de los Diputados?

En España, un anteproyecto de ley del Gobierno sólo llega a convertirse en ley tras superar una serie de requisitos legales y fases procedimentales que combinan la actuación del Poder Ejecutivo y de las Cortes Generales. El marco básico está en la Constitución Española (arts. 81‑92), la Ley 50/1997, del Gobierno, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común y los Reglamentos del Congreso y del Senado.

1. Fase gubernamental: del anteproyecto al proyecto de ley

El proceso comienza dentro del Gobierno. La Ley 50/1997 y la Ley 39/2015 regulan, en términos generales, la iniciativa normativa del Ejecutivo:

  • Elaboración técnica del anteproyecto: el ministerio competente prepara un borrador, acompañado de una memoria justificativa, memoria de impacto normativo (económico, presupuestario, de género, ambiental, etc.) e informes internos.
  • Informes y dictámenes preceptivos: deben recabarse los informes exigidos por la legislación sectorial y, con carácter general, los de la Abogacía del Estado y de otros órganos consultivos. El Consejo de Estado emite dictamen cuando así lo establezca su ley reguladora o la norma sectorial aplicable; en estos casos, el dictamen es preceptivo (debe pedirse), aunque no vinculante.
  • Audiencia e información pública: de acuerdo con la Ley 39/2015 y la normativa de buena regulación, cuando la norma tiene impacto relevante sobre derechos, intereses económicos o cargas administrativas, se abre un trámite de consulta pública y audiencia a ciudadanos y organizaciones, normalmente a través de la web ministerial.
  • Informe de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: órgano preparatorio del Consejo de Ministros que revisa el anteproyecto y la documentación asociada.
  • Aprobación por el Consejo de Ministros: según la Ley 50/1997, el Consejo de Ministros aprueba formalmente el texto, que deja de ser anteproyecto para convertirse en proyecto de ley del Gobierno.
  • Remisión a las Cortes Generales: el proyecto de ley se envía al Congreso de los Diputados, acompañado de su exposición de motivos y la documentación exigida por el Reglamento del Congreso.

2. Tramitación en el Congreso de los Diputados

A partir de su entrada en el Congreso, el procedimiento se rige sobre todo por el Reglamento del Congreso de los Diputados (texto de 1982 y sus reformas posteriores) y por la Constitución:

  • Calificación y admisión a trámite: la Mesa del Congreso califica el proyecto, comprueba que reúne los requisitos formales y acuerda su admisión a trámite y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
  • Plazo de enmiendas: se abre un plazo para que los grupos y diputados presenten enmiendas a la totalidad (orientadas a la devolución del texto o a proponer un texto alternativo) y enmiendas al articulado.
  • Debate de totalidad en Pleno (cuando hay enmiendas a la totalidad): el Pleno debate el conjunto del proyecto; para que continúe la tramitación, debe rechazarse la devolución o el texto alternativo por mayoría simple de los votos emitidos.
  • Envío a Comisión y Ponencia: el proyecto se remite a la Comisión competente. Dentro de ella se nombra una Ponencia que estudia el texto y las enmiendas y formula una propuesta.
  • Dictamen de Comisión: la Comisión debate y vota las enmiendas y aprueba un dictamen que incorpora los cambios aceptados. Este dictamen se eleva al Pleno.
  • Debate y votación final en Pleno: el Pleno del Congreso discute el dictamen, puede votar enmiendas «vivas» (no aceptadas en Comisión) y finalmente somete a votación el conjunto del proyecto. Como regla, basta una mayoría simple; en el caso de leyes orgánicas (art. 81 CE), se exige la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final de conjunto.

3. Intervención del Senado y culminación del procedimiento

Superada la votación final del Congreso, el texto pasa al Senado, cuyo funcionamiento viene regulado por su Reglamento:

  • El Senado dispone, en general, de un plazo de dos meses (acortable en lectura única o urgencia) para aprobar el texto, proponer enmiendas o formular un veto (art. 90 CE y Reglamento del Senado).
  • Si el Senado aprueba el texto sin cambios, la ley queda definitivamente aprobada por las Cortes.
  • Si introduce enmiendas o formula veto, el texto retorna al Congreso, que puede aceptar las enmiendas por mayoría simple o levantar el veto por mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses.

Finalmente, conforme a la Constitución, la ley debe ser sancionada y promulgada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sólo entonces el antiguo anteproyecto del Gobierno se convierte plenamente en una ley en vigor.

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¿Cuál es el nuevo plazo máximo para el procedimiento de triaje de quienes crucen irregularmente la frontera en España según la reforma de la Ley de Extranjería?

Pregunta 1 de 3

¿Qué órgano NO está mencionado como consultivo en el proceso de aprobación de los anteproyectos de ley?

Pregunta 2 de 3

¿Qué nuevas circunstancias de vulnerabilidad se incorporan expresamente en la futura Ley de Asilo?

Pregunta 3 de 3