El Gobierno ha aprobado este martes en primera vuelta una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería que modificarán los procedimientos para identificar a quienes lleguen irregularmente a España, tramitar las solicitudes de protección internacional y ejecutar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en el país.
Los dos anteproyectos buscan adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo y ahora deberán pasar por los correspondientes órganos consultivos antes de regresar al Consejo de Ministros y ser enviados a las Cortes.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de los dos textos tras la reunión del Consejo de Ministros. El Plan Anual Normativo del Ejecutivo ya contemplaba para 2026 una nueva Ley Reguladora de la Protección Internacional destinada a adaptar la legislación española al nuevo marco europeo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que la reforma permitirá acelerar los procedimientos sin reducir las garantías de los solicitantes. El Ejecutivo plantea, según ha explicado, un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista".
Un nuevo procedimiento de frontera de hasta 12 semanas
Uno de los principales cambios se producirá en la tramitación de las solicitudes de protección internacional. La futura ley diferenciará un procedimiento ordinario, uno acelerado y un procedimiento específico en frontera.
Este último tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.
Marlaska ha defendido que este mecanismo no supone dejar sin tramitar las solicitudes de protección internacional. El objetivo, según Interior, es establecer "tiempos más breves" pero "sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales".
La nueva ley también actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria. Entre las circunstancias que deberán tenerse en cuenta se incorporan expresamente la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad, además de un tratamiento específico de determinadas situaciones de vulnerabilidad.
Triaje obligatorio para quienes crucen irregularmente la frontera
La reforma de la ley de Extranjería introduce otra de las piezas centrales del nuevo modelo europeo: el triaje de las personas que entren en España sin haber pasado por los controles fronterizos correspondientes.
Ese procedimiento incluirá, según ha detallado Marlaska, un reconocimiento médico, un examen de posibles vulnerabilidades, la identificación de la persona, la recogida de datos biométricos, una inspección de seguridad y su posterior derivación al procedimiento que corresponda.
El triaje es obligatorio para los Estados miembros en virtud del nuevo marco europeo. Sin embargo, España pretende mantener un plazo inferior al máximo comunitario.
Mientras la regulación europea permite que ese proceso se prolongue hasta siete días, el Gobierno fija para España un máximo de 72 horas.
Interior justifica esa reducción por la necesidad de limitar "al mínimo imprescindible" el periodo durante el cual una persona debe permanecer en las instalaciones policiales habilitadas.
Retorno para quienes no tengan derecho a protección
La modificación de Extranjería regulará también el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el Pacto Europeo.
Este mecanismo afectará a las personas que lleguen irregularmente a las fronteras españolas y que, una vez examinada su situación, no tengan derecho a obtener protección internacional ni a entrar en territorio nacional.
Cuando una solicitud de protección internacional sea rechazada, la persona recibirá junto a la resolución la denegación de entrada y la obligación de abandonar España, según las líneas del anteproyecto explicadas por Interior.
Los cambios llegan en plena gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno afronta ahora una fase centrada, entre otros objetivos, en repatriar a quienes no tengan derecho a permanecer en España y resolver los expedientes de quienes soliciten asilo, según ha explicado este martes el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.
Los textos todavía no llegan al Congreso
La aprobación de este martes no supone todavía la aprobación de los proyectos de ley ni su remisión al Parlamento. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los anteproyectos en primera vuelta.
El Ejecutivo deberá recabar ahora los informes correspondientes de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, además del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo Estatal de ONG.
Después de ese proceso, los textos tendrán que regresar al Consejo de Ministros para su aprobación como proyectos de ley antes de ser enviados a las Cortes Generales.
Marlaska ha asegurado que el Gobierno pretende completar esta tramitación "a la mayor brevedad posible" y ha avanzado que negociará con "todos" los grupos parlamentarios para intentar sacar adelante las reformas.
El nuevo marco responde a la aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, compuesto por distintos reglamentos comunitarios y por la Directiva (UE) 2024/1346, de 14 de mayo de 2024, sobre las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional. El propio Plan Anual Normativo de 2026 establece como objetivo de la nueva legislación española desarrollar las materias del Pacto que están reservadas a una norma con rango de ley.