La Junta de Andalucía ha anunciado que a partir de 2027 quedará suprimido el copago de la dependencia para las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que tengan reconocida una situación de dependencia de Grado III+, según ha avanzado la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, durante su intervención en la comisión parlamentaria en la que ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para el próximo año. Las cuentas ascienden a 4.297 millones de euros, es decir, 648,89 millones más que en el ejercicio previo, lo que representa un incremento del 17,78%.
Esta decisión se integra en el refuerzo del sistema andaluz de atención a la dependencia, que dispondrá de 3.308,27 millones de euros, un 26,72% más que en 2026, lo que supone 697,65 millones adicionales. Además de la eliminación del copago, la dotación destinada a ayudas económicas para personas con ELA crecerá un 30,76%, hasta alcanzar los 2,35 millones de euros. López ha recordado que estas ayudas de hasta 14.000 euros fueron creadas por el Gobierno de Juanma Moreno “mientras la ley estaba en un cajón” y ha señalado que el aumento presupuestario permitirá hacer frente a los numerosos gastos que soportan estos pacientes.
La consejera ha defendido la consolidación del nuevo modelo andaluz de dependencia y ha subrayado que el presupuesto permitirá seguir reforzando los servicios. La financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio aumentará un 34,36% respecto a 2026 y se habilitarán 1.500 nuevas plazas en centros residenciales y de día para personas mayores y con discapacidad. A su vez, el Servicio Andaluz de Teleasistencia verá incrementado su presupuesto en un 45,52%, lo que facilitará la continuidad del proceso de digitalización y la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos.
También se elevarán las cuantías de las prestaciones económicas. La ayuda para cuidados en el entorno familiar de Grado III+ (ELA) se situará en 2.000 euros mensuales, mientras que la correspondiente al Grado III pasará de 445,40 a 660 euros. En la prestación económica vinculada al servicio, las cuantías alcanzarán los 2.000 euros para el Grado III+, 1.200 para el Grado III, 660 para el Grado II y 350 para el Grado I. El programa de respiro familiar dispondrá de 2,4 millones de euros, un 41,81% más que en 2026. La Consejería prevé seguir incrementando la financiación del servicio de ayuda a domicilio y de la atención residencial para garantizar la sostenibilidad del sector.
En su comparecencia, López ha cuestionado que la nueva ley estatal de dependencia haya entrado en vigor sin dotación económica suficiente para su despliegue, algo que, según ha indicado, reconoce la propia norma en su disposición adicional vigésima. Ha reclamado que Andalucía reciba el mismo tratamiento financiero que el País Vasco, donde está prevista una aportación estatal del 50% del coste de la dependencia en 2025 y 2026. Del mismo modo, ha criticado que la ley incorpore una disposición adicional específica para Cataluña sin que, según ha señalado, el Ministerio haya aclarado todavía su alcance.
En el ámbito de igualdad y lucha contra la violencia de género, las políticas de la Junta contarán con 57,65 millones de euros, un 7,64% más que en 2026, lo que supone 4,09 millones adicionales y un 34,31% más que en 2018. López ha insistido en la importancia de mantener el compromiso institucional y social frente a esta problemática: “La violencia de género, por desgracia, existe. Tenemos que combatirla desde la unidad social y, por desgracia, tampoco hemos alcanzado aún la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.
Entre las partidas más relevantes figuran los 10,65 millones destinados al Servicio Integral de Atención y Acogida a víctimas de violencia de género, un 3,7% más que en 2026, y los 3 millones para proyectos dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión o vulnerables ante la violencia machista, un 50% más que este año. La atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género dispondrá de 2,37 millones, un 21,53% más, y los servicios de atención a víctimas de violencia sexual contarán con 1,67 millones, incluyendo asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica inmediata las 24 horas.
También se incrementan los fondos para las prestaciones dirigidas a huérfanos de víctimas de violencia de género, que alcanzarán los 400.000 euros, un 33,33% más que en 2026. La Consejería continuará impulsando programas y campañas de sensibilización y el trabajo de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras. Loles López ha subrayado que “nosotros creamos derechos y ampliamos recursos”, ha denunciado los problemas detectados en las pulseras telemáticas de protección a las víctimas de violencia machista y ha censurado que se haya defendido su funcionamiento alegando que no se había asesinado a ninguna mujer mientras portaba uno de estos dispositivos.
En materia de familias, López ha reiterado que constituyen una “prioridad” para las políticas del Ejecutivo andaluz. Durante su intervención ha afirmado que “las familias son la base de todo” y ha puesto en valor su papel como red de apoyo. El presupuesto incorpora nuevas medidas fiscales para aliviar la carga económica de los hogares, “mientras el Gobierno de España ha subido los impuestos más de 140 veces”, como deducciones por la compra de gafas y lentillas para hijos menores de 25 años y por el alquiler de vivienda para familias numerosas, además de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos cuando se herede la vivienda habitual.
Estas iniciativas se suman a las cinco deducciones autonómicas ya vigentes en el IRPF por alquiler, nacimiento o adopción, fomento del deporte, gastos veterinarios y apoyo a familias con miembros celíacos. Asimismo, el presupuesto contempla la aplicación del Decreto 78/2026, de 15 de abril, que regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental, así como la reforma de la normativa sobre los títulos de familia numerosa.
En el terreno de la conciliación, se mantendrán las subvenciones a entidades locales, organizaciones sin ánimo de lucro y universidades públicas para actuaciones de conciliación y corresponsabilidad, junto con las ayudas destinadas a que las trabajadoras autónomas con hijos menores de tres años puedan contratar a personas que las sustituyan y facilitar así el equilibrio entre vida laboral y personal. La protección de la infancia y la lucha contra la pobreza infantil dispondrán de 256,15 millones de euros. Entre las partidas más significativas se encuentra la destinada a los equipos de tratamiento familiar, que crecerá un 20,24% en 2027 y atiende a familias con menores en situación de riesgo o desprotección mediante intervenciones psicosociales y psicoeducativas.
En el ámbito de la inclusión social, la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía tendrá una dotación de 35 millones de euros, un 4,74% más que en 2026, lo que supone 1,58 millones adicionales. Al mismo tiempo, continuará el despliegue de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+), que contará con 41,55 millones de euros para mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en zonas desfavorecidas mediante itinerarios de inserción sociolaboral.
Por último, en el ámbito de la planificación estratégica, en 2027 proseguirá el desarrollo reglamentario de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía y la implantación de la Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familias 2024-2028. Igualmente, se tramitará un nuevo Plan Andaluz del Voluntariado para el periodo 2027 y se aprobará un nuevo decreto ley orientado a seguir reduciendo la burocracia en materia de dependencia.