La Mesa del Parlamento andaluz ha dado luz verde y ha admitido a trámite la petición registrada por el Grupo Socialista para poner en marcha un grupo de trabajo “relativo a la situación del sistema educativo andaluz y a la adopción de medidas para la mejora de los resultados educativos y de las competencias del alumnado andaluz evaluadas en los informes PISA”, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes.
En su propuesta, el Grupo Socialista plantea que este grupo se constituya “en el seno de la Comisión competente en materia de Educación” de la Cámara autonómica, según se recoge en el texto de la iniciativa, consultado por Europa Press y cuya presentación avanzó en septiembre, en rueda de prensa, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.
La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ya había adelantado que su formación reclamaría la creación de un grupo de trabajo sobre la situación del sistema educativo andaluz tras conocerse los datos de la última edición del informe PISA, que situaban a Andalucía “a la cola” entre las comunidades autónomas, según subrayó.
Como fundamento de esta propuesta, el Grupo Socialista sostiene que “el sistema educativo público andaluz afronta importantes desafíos que requieren una respuesta que trascienda el debate político cotidiano y permita escuchar directamente a quienes conocen y sostienen diariamente” los centros educativos.
“Problemas” al inicio del curso escolar
En la solicitud registrada, el PSOE-A afirma que “el inicio del curso escolar 2026/2027 ha vuelto a poner de manifiesto problemas” vinculados con “la planificación educativa, la suficiencia de las plantillas y la colocación de efectivos, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la disponibilidad de profesionales especializados, las ratios, la supresión de unidades públicas”, o “la falta de plazas públicas de Formación Profesional”.
El documento enumera además otros “problemas” como “las infraestructuras educativas pendientes, la utilización de aulas prefabricadas, la climatización de los centros, el transporte y los servicios complementarios, así como las dificultades que afectan al primer ciclo de Educación Infantil y los resultados del informe PISA”.
“Son cuestiones que no pueden abordarse únicamente desde los despachos de la Administración educativa”, argumentan desde el PSOE-A, que considera que “resulta necesario abrir las puertas del Parlamento de Andalucía a la comunidad educativa y crear un espacio específico de escucha, análisis y elaboración de propuestas que permita realizar un diagnóstico compartido de la situación actual y, especialmente, plantear soluciones concretas”.
En la misma línea, el Grupo Socialista defiende que “los resultados del Informe PISA deben ser objeto de un análisis riguroso que vaya más allá de la confrontación política y permita identificar las causas de las dificultades existentes y, fundamentalmente, las medidas necesarias para mejorar las competencias matemática, lectora y científica del alumnado andaluz”.
La iniciativa recalca que “la mejora de estos resultados no puede abordarse de manera aislada”, y plantea que el grupo de trabajo “analizar los resultados de Andalucía, escuchar a expertos y a la comunidad educativa y proponer objetivos concretos, evaluables y sujetos a seguimiento para mejorar el rendimiento y reducir las brechas educativas”.
Funciones y comparecientes del grupo de trabajo
De forma específica, el Grupo Socialista propone que el “objeto” del grupo sea “analizar la situación actual del sistema educativo andaluz, identificar sus principales necesidades y elaborar propuestas y recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad, equidad e inclusión de la educación pública andaluza”.
El PSOE-A plantea que comparezcan ante este órgano “organizaciones sindicales representativas del profesorado y del personal educativo; asociaciones de directores/as y equipos directivos; federaciones y asociaciones de madres y padres del alumnado; representantes del alumnado; profesionales y organizaciones vinculadas a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales”, y “orientadores y profesionales de los servicios de orientación educativa”.
Asimismo, se propone la participación de representantes del primer ciclo de Educación Infantil, de la Formación Profesional, de los conservatorios y enseñanzas artísticas, de “asociaciones y entidades vinculadas a la escuela rural”, de “expertos del ámbito universitario y de la investigación educativa”, y de “entidades representativas de los distintos sectores de la comunidad educativa”.
Entre las materias a estudiar, la iniciativa incluye la “planificación de la oferta educativa pública, evolución de las unidades escolares y garantía de una oferta pública suficiente en todas las zonas de escolarización”; la “evolución de las ratios y de las plantillas docentes, analizando su incidencia sobre la calidad educativa y los resultados académicos”, y la “atención a la diversidad y suficiencia de los recursos destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.
También se prevé que el grupo de trabajo examine la “situación y necesidades de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, PTIS, profesionales de la orientación y demás personal especializado; infraestructuras educativas, eliminación progresiva de aulas prefabricadas, adecuación de los centros y cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de bioclimatización”, así como la “oferta pública de Formación Profesional y adecuación del número y distribución de plazas a la demanda existente”.
Otras cuestiones a abordar serían la “situación del primer ciclo de Educación Infantil, suficiencia de su financiación y avance hacia su gratuidad efectiva”, la “situación y necesidades específicas de la escuela rural”, y los “servicios complementarios, especialmente comedor escolar, aula matinal y transporte escolar”.
El texto incorpora también el análisis de las “condiciones laborales y administrativas del profesorado y del resto del personal que presta servicios en los centros educativos; la convivencia escolar, bienestar emocional, absentismo y abandono educativo temprano”, la “reducción de las cargas burocráticas que soportan los centros educativos, los equipos directivos y el profesorado”, y el “análisis de la evolución de los resultados obtenidos por Andalucía en las diferentes ediciones” del PISA, así como “de las causas que puedan explicar dichos resultados”.
La propuesta socialista contempla, además, un “análisis comparativo de los resultados de Andalucía con la media española, europea y de la OCDE, así como con los obtenidos por las restantes comunidades autónomas, con el objeto de identificar experiencias y políticas educativas que puedan contribuir a la mejora del rendimiento del alumnado andaluz”, junto a un “análisis de los factores socioeconómicos y educativos que inciden en los resultados”.
El PSOE-A plantea que este grupo de trabajo formule “propuestas destinadas a mejorar la competencia matemática del alumnado andaluz”, así como su “comprensión lectora” y sus capacidades lingüística y científica, y que se sometan a evaluación “los programas de refuerzo educativo existentes en Andalucía”, así como la “eficacia” de los mismos.
Por último, el Grupo Socialista sugiere que el grupo de trabajo impulse la creación de “un sistema público de indicadores que permita realizar un seguimiento periódico de la evolución de los resultados educativos y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas”.