El PP-A ha presentado en el Registro del Parlamento andaluz una proposición no de ley para que el Pleno exprese su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 4 de septiembre, al entender que su diseño "no garantiza que Andalucía alcance, en términos homogéneos, una financiación por habitante ajustado equivalente a la media de las comunidades de régimen común".
Según se detalla en la iniciativa registrada, el esquema aprobado "tampoco asegura la corrección efectiva de su posición relativa dentro del sistema, condición necesaria para garantizar la suficiencia financiera en la prestación de los servicios públicos fundamentales".
El texto del PP-A reclama que la Cámara andaluza rechace un modelo "que no garantiza una distribución de los recursos sustentada en criterios objetivos, transparentes, homogéneos y verificables, directamente vinculados a las necesidades reales de gasto y al coste de prestación de los servicios públicos, excluyendo y evitando mecanismos, fondos, reglas especiales o singularidades financieras que otorguen ventajas a determinados territorios carentes de una justificación objetiva y generalizable al conjunto de las comunidades de régimen común, y preservando el carácter multilateral de la determinación de los elementos esenciales del sistema".
La propuesta subraya además que "el Parlamento de Andalucía considera insuficientes los mecanismos de nivelación previstos en el nuevo modelo si no garantizan una reducción efectiva y sustancial de las diferencias de financiación por habitante ajustado una vez ponderadas las necesidades de gasto, e insta a establecer mecanismos transparentes, verificables y de aplicación general que permitan que ciudadanos con necesidades equivalentes dispongan de una capacidad financiera sustancialmente semejante para el acceso a los servicios públicos fundamentales, con independencia de su comunidad de residencia".
Del mismo modo, el PP-A plantea el rechazo de la Cámara autonómica a un sistema de financiación que "no garantice plenamente la autonomía financiera y tributaria de las comunidades autónomas".
La iniciativa insta al Gobierno central a introducir en la normativa del sistema un mecanismo legal, objetivo y automático de actualización anual de las entregas a cuenta, apoyado en parámetros predeterminados y verificables, que asegure su ajuste a las previsiones de ingresos tributarios y a los recursos de cada ejercicio, también cuando se prorroguen los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de evitar demoras que perjudiquen la liquidez, la suficiencia financiera y la planificación presupuestaria de las comunidades.
El grupo popular reclama igualmente al Ejecutivo nacional que la anunciada reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial refuerce de manera efectiva la función que le asignan la Constitución y la legislación orgánica de financiación autonómica como herramienta para corregir desequilibrios económicos entre territorios, mediante una dotación suficiente y estable y criterios de reparto objetivos y verificables orientados a la convergencia, al desarrollo económico y a la reducción de las diferencias de renta y riqueza, modificando la propuesta actual.
Asimismo, la proposición incide en la conveniencia de mantener la separación jurídica y financiera entre los recursos ordinarios del sistema de financiación autonómica y cualquier medida de condonación, reestructuración, asunción o mutualización de la deuda de las comunidades autónomas.