El PP-A y Vox llevarán este jueves al Pleno del Parlamento andaluz, en un debate conjunto, dos proposiciones no de ley relativas al accidente ferroviario de Urda (Toledo), en las que se insta al Gobierno central a asegurar la “seguridad” en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, actualmente interrumpida.
La propuesta no de ley registrada por el PP-A solicita al Ejecutivo central “el esclarecimiento riguroso y transparente” de las circunstancias del siniestro de Urda, que se asuman “al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas” que procedan y que se impulse, de forma inmediata, una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, con especial atención a los enlaces de Madrid con Andalucía.
El texto plantea que la Cámara exprese “su más profundo pesar por las víctimas del accidente” y valore el trabajo de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad, al tiempo que se reclama al Gobierno de España que garantice una atención integral, rápida y continuada a todas las personas afectadas, mediante asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y económica, así como el pleno ejercicio de sus derechos de información, ayuda e indemnización. Se propone extender “todo ello extensivo a las víctimas” del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.
La iniciativa exige al Ejecutivo “el esclarecimiento riguroso y transparente de las circunstancias del accidente ferroviario mediante una investigación administrativa exhaustiva, sin perjuicio de la investigación técnica independiente y judicial, que permita determinar las causas y depurar las responsabilidades que procedan, incluidas las derivadas de posibles deficiencias en la dirección, gestión y supervisión ferroviaria”.
Igualmente, se le reclama que acometa de inmediato “una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones con Andalucía, que evalúe el estado de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y el mantenimiento, haciendo públicos sus resultados y aprobando un plan de actuaciones correctoras con financiación suficiente, responsables identificados, plazos verificables y control parlamentario de su ejecución”.
El PP-A pide también que el Gobierno asuma “plenamente y al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas que le corresponden en la dirección, planificación y supervisión del sistema ferroviario de competencia estatal, sin circunscribir el esclarecimiento del accidente a posibles errores humanos individuales ni excluir el examen de las deficiencias organizativas, tecnológicas, de renovación, mantenimiento o supervisión que hubieran podido contribuir al siniestro”, y que proceda a “determinar y exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias y de gestión que procedan”.
Otra de las reclamaciones de los populares es que el Ejecutivo garantice “de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos andaluces que utilizan los servicios ferroviarios, mediante una revisión inmediata y exhaustiva de todas las infraestructuras ferroviarias estatales que discurren por Andalucía, especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid”, adoptando las medidas preventivas y operativas necesarias, y supeditando la reanudación de los servicios a la verificación objetiva de las condiciones de seguridad, con información pública contrastable que “permita recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario”.
Asimismo, la iniciativa plantea censurar “la falta de renovación del sistema de señalización y protección ferroviaria LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuya sustitución y modernización mediante la implantación del sistema europeo ERTMS fue objeto de adjudicación por Adif Alta Velocidad en septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 52 meses”. Se reclama al Gobierno que detalle documentalmente los motivos de los retrasos, el grado real de ejecución y las posibles responsabilidades de su gestión, y que fije un calendario definitivo y verificable para su entrada en servicio, asegurando mientras tanto la fiabilidad de los sistemas actuales, la correcta gestión de incidencias y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad “sin prejuzgar las causas del accidente investigado”.
De igual modo, se propone reprobar la “persistente falta de ejecución efectiva de las inversiones ferroviarias estatales en Andalucía durante el período 2021-2026”, instando al Ejecutivo central a aprobar una “programación plurianual de inversiones ferroviarias territorializada, suficientemente financiada y verificable”.
“Rechazo” de Vox a la gestión del Gobierno
En la proposición no de ley de Vox se solicita que el Parlamento exprese un “total rechazo a la gestión desarrollada por el Gobierno de España en materia ferroviaria, particularmente en lo relativo a la planificación, conservación, mantenimiento, seguridad y modernización de las infraestructuras, reclamando una actuación que sitúe la seguridad de los viajeros y trabajadores como prioridad absoluta”.
Vox reclama que el Ejecutivo facilite toda la información disponible sobre las circunstancias de los últimos accidentes e incidencias ferroviarias, respetando las investigaciones técnicas y judiciales en marcha, y que asuma “las responsabilidades políticas que correspondan una vez conocidas las conclusiones de las investigaciones sobre los accidentes ferroviarios, garantizando en todo momento la máxima transparencia y colaboración con los organismos encargados de determinar sus causas”.
Además, se demanda que se revise de forma urgente la planificación de las inversiones para conservación, mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria, de modo que el aumento del tráfico de trenes vaya acompañado de “los recursos necesarios para preservar unos niveles adecuados de seguridad, fiabilidad y calidad del servicio”.
El texto de Vox pide igualmente que el Gobierno central diseñe y ejecute “un plan extraordinario de mantenimiento y seguridad de la red ferroviaria, con especial atención a aquellos tramos e infraestructuras que presenten mayores niveles de utilización, acumulación de incidencias o necesidades de renovación, estableciendo prioridades objetivas y un calendario concreto de actuaciones”.
Por último, se insta al Ejecutivo a encargar “una auditoría externa e independiente de los contratos de obra pública adjudicados por el Ministerio de Transportes y Adif en Andalucía desde 2018, y remitir sus conclusiones” al Parlamento andaluz.