Los rectores de las dos universidades públicas canarias, Lluis Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL), expresaron este viernes su satisfacción por el principio de acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias sobre la financiación de ambas instituciones, aunque han pedido prudencia hasta conocer con detalle la “letra pequeña”.
Durante una comparecencia conjunta ante la comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento de Canarias, explicaron que el marco de financiación plurianual se extenderá hasta 2030 y que el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio recoge 301,6 millones de euros, además de una disposición adicional por otros 10 millones.
Serra precisó que “todavía no está suficientemente redactado en la ley de presupuestos y con una disposición adicional que sea claramente entendible. No estamos planteando una expansión extraordinaria, estamos hablando en primer lugar de cubrir adecuadamente los costes estructurales y las obligaciones que debemos atender”, y añadió que, si esa previsión se ejecuta, las universidades se aproximarán a los 315 millones anuales comprometidos.
El rector de la ULPGC subrayó que “las universidades están dispuestas a asumir objetivos de cumplimiento medibles en todos los ámbitos, pero antes han de garantizarse los recursos básicos, que no pueden tener un carácter competitivo anual”, insistiendo en que el sistema de financiación debe dar estabilidad.
En esta línea, reclamó “reducir burocracia, adaptar la oferta académica y reforzar la relación con empresas y administraciones, y hacerlo rindiendo cuentas”, y remarcó que cuando se reclama más presupuesto “no se trata de un cheque en blanco, sino de contar con los instrumentos necesarios para cumplir con los objetivos correctamente”.
Serra recordó que las universidades públicas del archipiélago operan con un nivel de recursos cercano a un 5% por debajo de la media del conjunto del sistema universitario español, lo que, a su juicio, lastra su capacidad de respuesta.
Además, defendió que “no competimos con la sanidad, la igualdad o la educación básica, porque nosotros formamos ingenieras, economistas, maestros o arquitectas, financiar la universidad pública es invertir en las capacidades futuras de Canarias”.
Impacto económico, empleo y nuevas titulaciones
García, por su parte, puso en valor la aportación de las universidades públicas canarias al progreso económico y social de la comunidad autónoma, tanto por la formación de profesionales de alta cualificación como por la mejora de la empleabilidad, la dinamización de la actividad económica y el efecto social de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento, factores que consideró esenciales para elevar la productividad y avanzar hacia un modelo económico más diversificado, competitivo y basado en el conocimiento.
Recordó que la tasa de paro entre la población con estudios superiores en Canarias se sitúa en torno al 8%, frente al 11% de quienes carecen de titulación universitaria, lo que, según indicó, muestra el papel de la universidad en la inserción laboral.
En cuanto a la oferta académica, destacó que “seguimos avanzando en nuevos títulos con la creación de diez nuevos dobles grados y posgrados, hemos impulsado más de 200 acciones formativas de microcredenciales universitarias, con la previsión de emitir más de 2.000 acreditaciones durante 2026, en colaboración con el sector privado, para transformar el sector económico y hacerlo más innovador y competitivo. Se ha formalizado la constitución de tres nuevas empresas de base tecnológica y se está haciendo un especial esfuerzo en internacionalización, trabajando relaciones con otros ámbitos geográficos para conectar esta tierra con el escenario global”, mediante dos alianzas europeas y programas como Campus América, Campus África o Bridge to África.
El rector de la ULL comparó además los recursos de su institución, con un presupuesto de 181 millones y unos 21.000 estudiantes, con los de la Universidad de las Illes Balears, cuyo presupuesto supera en alrededor de 100 millones esa cifra pese a contar con unos 15.000 alumnos.
Aun así, recalcó que, pese a las limitaciones, “estamos innovando, mirando al futuro” y reiteró la importancia de cerrar el acuerdo de financiación con el Ejecutivo autonómico y desplegar medidas adicionales que permitan aprovechar plenamente el potencial de las universidades canarias para responder a los desafíos de la comunidad, que, según dijo, coinciden con los de las propias universidades públicas.
Alojamiento, plantillas y presencia en las islas
Tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, Serra defendió la conveniencia de articular una política de alojamiento universitario coordinada para todo el archipiélago, en lugar de abordarla de forma fragmentada por cabildos.
También aclaró que la renovación de las plantillas no debe limitarse a sustituir puestos existentes, sino que implica incorporar perfiles distintos orientados a las nuevas prioridades estratégicas, algo que requiere recursos estables.
En este contexto, señaló que las universidades han visto mermada su capacidad de gasto incluso en etapas de bonanza económica, una situación que consideró poco razonable, y apuntó que, pese a ello, han seguido conteniendo el gasto mientras aplicaban políticas medioambientales de carácter transversal.
García recordó que “hemos estado infrafinanciados durante muchos años, y eso no se soluciona de un año para otro, tras un recorte sostenido en el tiempo del 20%”, lo que, según advirtió, condiciona la planificación a medio y largo plazo.
En respuesta a las preguntas de los diputados, el rector de la ULL detalló algunas iniciativas para reforzar la presencia de la institución en las islas no capitalinas, con actividades estables a lo largo del año en La Gomera y La Palma, y la intención de ir ampliando progresivamente este despliegue a otros territorios.
Se refirió asimismo a la capacidad actual de alojamiento universitario, que ronda las 550 plazas, una cifra similar a la de la ULPGC y que permanece prácticamente estancada desde hace años.
Indicó que se están analizando diversas propuestas de colaboración público-privada que podrían ponerse en marcha si se garantizan los fondos necesarios.
Además, la Universidad de La Laguna dispone de 25 cátedras de empresa orientadas a generar nuevas sinergias con sectores estratégicos del archipiélago y a estrechar la colaboración con el tejido productivo.
Para cerrar su intervención, y al hilo de una cuestión planteada por un grupo parlamentario, García reivindicó el rol de la Universidad como espacio de pensamiento crítico, de libertad académica y de debate plural, remarcando la importancia de separar la legítima discrepancia de los discursos de odio.
En este contexto, aludió a la posición institucional sobre el conflicto en Oriente Próximo y subrayó que “hay que saber distinguir una cosa de la otra”.