La Unión Europea empezará a imponer este domingo, 1 de noviembre, una nueva tasa de gestión de 2 euros por artículo a los productos comprados por Internet fuera del territorio comunitario. Este nuevo recargo se suma al arancel de 3 euros en vigor desde julio para los pedidos inferiores a 150 euros y tiene como finalidad reforzar los controles aduaneros ante el auge de los envíos de plataformas como Shein y Temu.
La Comisión Europea ha fijado el importe de esta tasa en el marco de la reforma aduanera aprobada en septiembre. El pago corresponderá a la entidad que asuma los gastos de importación, con la intención de que no recaiga de forma directa sobre el comprador final, y será de aplicación obligatoria en todos los Estados miembro a partir del próximo domingo.
A diferencia del gravamen introducido este verano, que suprimió la exención de derechos de aduana de la que se beneficiaban las mercancías de escaso valor, este nuevo cargo pretende cubrir los costes que afrontan las autoridades nacionales al tramitar y vigilar los envíos. Incluye desde la verificación de los datos suministrados hasta los análisis de riesgo y las inspecciones físicas cuando resulten necesarias.
La decisión se enmarca en el fuerte repunte del comercio electrónico procedente de terceros países. Según cifras de Bruselas, en 2025 entraron en el mercado comunitario unos 5.900 millones de artículos de bajo valor, cuatro veces más que en 2022, y alrededor del 90% tenía origen en China.
Este crecimiento ha incrementado la carga de trabajo de los servicios aduaneros y ha dificultado la identificación de productos que vulneran las normas europeas de seguridad y de protección de los consumidores, además de alimentar las inquietudes por la presión competitiva que sufren las empresas radicadas en la Unión frente a vendedores de fuera del bloque.
La nueva tasa de gestión será independiente del recargo temporal de 3 euros que se aplica desde el 1 de julio a los artículos incluidos en envíos cuyo valor no supere los 150 euros, después de que la UE eliminara la exención que permitía introducir estas compras sin abonar derechos arancelarios.
En este caso, el importe se determina por categoría de producto y no por el paquete completo. Así, un envío con varios artículos de la misma clasificación aduanera puede quedar sujeto a un único cargo de 3 euros, mientras que otro que agrupe mercancías de distintas categorías deberá pagar esa cantidad por cada una de ellas.
Este régimen transitorio se mantendrá hasta julio de 2028, fecha en la que está previsto que empiece a operar la nueva plataforma europea de datos aduaneros para el comercio electrónico. Esta herramienta permitirá sustituir el recargo fijo por los aranceles ordinarios correspondientes a cada tipo de mercancía.
Los consumidores reclaman más controles
La Organización Europea de Consumidores ha acogido positivamente la implantación de esta nueva tasa, al entender que dotará a las aduanas de más medios para localizar productos peligrosos o ilegales. No obstante, ha avisado de que su impacto dependerá de que los Estados miembro destinen lo recaudado a reforzar efectivamente las inspecciones.
La entidad ha manifestado también su inquietud ante la posibilidad de que algunas plataformas repercutan estos costes sobre los usuarios en los últimos pasos del proceso de compra, una práctica que, recuerda, vulneraría la normativa europea que obliga a informar por adelantado del precio total.
“Ahora la prioridad debe ser garantizar que los importadores paguen la tasa, no los consumidores, y que los Estados miembro la utilicen para el fin para el que fue concebida: reforzar realmente la capacidad aduanera y proteger a los consumidores”, ha señalado el director general de la agrupación, Agustín Reyna.
Más obligaciones para las grandes plataformas
La introducción de estos recargos se integra en una reforma más amplia con la que la Unión pretende aumentar la responsabilidad de las plataformas y de los vendedores que operan desde terceros países. Estos pasarán a ser considerados importadores y estarán obligados a asegurar tanto el cumplimiento de las obligaciones aduaneras como de la normativa comunitaria aplicable a sus productos.
De esta forma, compañías como Shein y Temu deberán proporcionar a las autoridades la información necesaria sobre los artículos que ponen en el mercado europeo, asumir los pagos correspondientes y garantizar que los productos respetan las exigencias de seguridad y el resto de requisitos legales de la UE.
La regulación prevé asimismo sanciones para las empresas reincidentes que no cumplan sus obligaciones, con multas que en los supuestos más graves podrán llegar al 6% del valor de las mercancías importadas el año anterior. También se contemplan la retirada de determinados beneficios aduaneros e incluso limitaciones de acceso a las plataformas.
Para mejorar la supervisión, la reforma incluye la creación de una Autoridad Aduanera Europea con sede en la ciudad francesa de Lille, que coordinará la actuación de los Estados miembro y administrará un sistema común de información sobre importaciones y exportaciones.
Esta plataforma comenzará a utilizarse para el comercio electrónico en 2028 y se irá ampliando de forma progresiva al resto del tejido empresarial a partir de 2031, con la meta de convertirse en 2034 en el punto único obligatorio de entrada de datos aduaneros en la UE. Con ello se aspira a simplificar los trámites y reforzar la detección de mercancías de riesgo.