PSOE y PP han tumbado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha la enmienda a la totalidad registrada por Vox contra el Proyecto de Ley de reactivación de la carrera profesional y de fidelización e incentivación del personal estatutario del Servicio de Salud regional.
Durante la defensa de la enmienda, el diputado de Vox, Iván Sánchez, ha sostenido que los profesionales sanitarios reclaman “el pago de un derecho” que se les adeuda “desde hace 14 años”, exigiendo su restitución “inmediata y retroactiva” desde 2012, con la correspondiente dotación presupuestaria. Ha tildado la reactivación de “estafa de la factoría Page” y ha acusado al Gobierno autonómico de recuperarla “a la vuelta de unas elecciones” tras 11 años en el poder.
Entre sus argumentos, ha señalado que el texto llega sin memoria económica, algo que, ha remarcado, recoge el Consejo Consultivo en su dictamen, y ha citado además un informe de la AIReF que, según ha dicho, alerta de que las cuentas de 2027 no disponen de fondos suficientes. Asimismo, ha censurado la tramitación por vía de urgencia, la ausencia de consulta pública previa y que el proyecto remita a un nuevo modelo de carrera que el Ejecutivo dispone de 18 meses para diseñar.
Sánchez ha planteado sufragar la medida recortando lo que ha denominado “gasto político superfluo”, como los 207 millones de la Agencia de Transformación Digital o los recursos destinados al Consejo de Transparencia y a la Cámara de Cuentas.
PP: “CARRERA PROFESIONAL PARA TODOS”
El diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de que “ha engañado a los profesionales durante más de 11 años y medio” y de haber utilizado la carrera “como arma electoral” desde 2015, recordando que votó “hasta en 64 ocasiones” contra su restitución y solo la ha puesto en marcha tras el acuerdo de abril de 2026 con los representantes de los trabajadores, quienes, ha afirmado, “han hecho hincar la rodilla” al presidente.
Moreno ha puesto en duda la cobertura económica de la norma, ya que, de acuerdo con una respuesta parlamentaria del propio Gobierno, el coste total ascendería a 260 millones de euros y en las cuentas solo figuran 99. Ha explicado que su grupo no ha registrado enmienda a la totalidad —y por ello ha votado contra la de Vox— porque pretende “preservar la recuperación”, aunque ha avanzado que defenderá enmiendas parciales para que se incluya a todos los profesionales “en todos sus grados e independientemente de su relación laboral”. En su intervención ha subrayado también que los sindicatos trasladaron al Ejecutivo 20 folios de reivindicaciones el pasado 6 de noviembre.
PSOE: “ENMIENDA A LOS RECORTES DEL PP”
El portavoz socialista, Ángel Tomás Godoy, ha explicado que el proyecto levanta, desde el 1 de enero de 2027, la suspensión del reconocimiento de nuevos grados, establece procedimientos extraordinarios para computar los años del periodo de suspensión conforme al pacto de 2026 y encomienda al Consejo de Gobierno que, en un plazo de 18 meses, apruebe un nuevo modelo que podrá incorporar un quinto grado, además de contemplar medidas para plazas de difícil cobertura.
Godoy ha rememorado que la carrera, puesta en marcha en 2006 y 2007, quedó paralizada durante el mandato de María Dolores de Cospedal. Ha enumerado junto a ello otros recortes sanitarios de aquella etapa, como la supresión de la paga extra de 2012, el cierre de urgencias nocturnas en el medio rural o la disminución de plantillas, defendiendo que la nueva ley constituye “una enmienda a la totalidad” a ese tipo de políticas. Sobre el procedimiento, ha precisado que el anteproyecto se publicó en el Portal de Transparencia entre el 24 de julio y el 3 de agosto y que el texto se ha negociado con los representantes de los trabajadores. A Vox le ha afeado que su propia proposición de ley fijaba la entrada en vigor el 1 de enero del año posterior a su aprobación.
SANZ: “ESTÁN EN CONTRA DE QUE HAYA CARRERA”
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dicho sentirse “sorprendido del trilerismo” de la oposición y ha sostenido que lo que realmente pretende es “que no haya carrera y que todo siga para poder seguir criticando”, reprochando a PP y Vox que la carrera no desapareció sola: “La quitaron ustedes, el PP nos la robó”.
El consejero ha reclamado a Iván Sánchez que no “retuerza” las conclusiones de la AIReF, que, según ha indicado, no pone en cuestión los presupuestos, y ha asegurado que el Consultivo “no ha hecho ninguna observación esencial”. Ha defendido igualmente que la ley es imprescindible para levantar la suspensión y para “blindar” la carrera como complemento retributivo, insistiendo en que sus efectos se reconocerán desde el 1 de enero de 2027 y en que la norma debe quedar aprobada antes de que concluya el año.