El procurador del Grupo Parlamentario 'Popular' en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ricardo Porras de la Fuente, defendió este miércoles ante el Pleno autonómico una Proposición No de Ley (PNL), apoyada por Vox y por el Grupo Mixto y rechazada únicamente por el PSOE, con la que se insta al Gobierno de España a elaborar un inventario actualizado y un calendario detallado sobre la situación de las infraestructuras y servicios ferroviarios en la Comunidad.
Durante la defensa de la iniciativa, el parlamentario del PP incidió en que la propuesta pretende "conocer la verdad" sobre las inversiones de titularidad estatal y garantizar que se ejecuten las actuaciones pendientes sin reclamar "privilegios ni inversiones extraordinarias", sino "información, planificación, transparencia y ejecución".
Porras de la Fuente subrayó la posición estratégica de Castilla y León como nudo de paso entre Madrid, el noroeste peninsular, Portugal y el resto de Europa, y resaltó la importancia del ferrocarril para la cohesión territorial y el sostenimiento del medio rural. Al mismo tiempo, expresó su inquietud por la acumulación de "anuncios, estudios y promesas" del Ejecutivo central que, a su juicio, siguen sin concretarse en obras reales.
El texto de la PNL exige un inventario pormenorizado que recoja la situación administrativa y las causas de los retrasos de proyectos como la alta velocidad Burgos-Miranda-Vitoria, la electrificación Salamanca-Fuentes de Oñoro, las mejoras en las líneas Salamanca-Medina del Campo, Madrid-Ávila-Medina del Campo y Soria-Torralba, el desarrollo del AVE Palencia-Santander, el desdoblamiento de tramos considerados estratégicos y el impulso de la conexión ferroviaria entre Madrid y Portugal.
Asimismo, la propuesta reclama fechas concretas de licitación, adjudicación e inicio de las obras para iniciativas como las autopistas ferroviarias, la plataforma intermodal de Torneros, el corredor de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo y las integraciones urbanas aún pendientes en distintas ciudades de la Comunidad.
En lo relativo a servicios e industria, el representante del Grupo Popular reclamó la aprobación definitiva del Plan Director del Corredor Atlántico para Castilla y León y la recuperación de frecuencias y plazas suprimidas. Además, el texto plantea declarar obligaciones de servicio público todos los corredores autonómicos de altas prestaciones, con el fin de permitir la aplicación del descuento del 25 por ciento aportado por la Junta sobre los títulos de transporte multiviaje.
El procurador lamentó también la ausencia de contestación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las peticiones formales del Ejecutivo autonómico, tras reivindicar el derecho de la ciudadanía a conocer plazos claros para actuaciones pendientes como la Ruta de la Plata, el tren directo Burgos-Aranda-Madrid, la línea Soria-Castejón y el Lazo del Manzanal.
Los procuradores del Grupo Mixto respaldaron igualmente la iniciativa 'popular', aunque aprovecharon su intervención para reprochar tanto al PP como al PSOE sus años de responsabilidad al frente del Gobierno central y el "incumplimiento sistemático" de las inversiones comprometidas con la Comunidad.
En la fijación de posiciones, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña Tutor, tildó de "guasa" que el PP reclame ahora avances en proyectos como la línea Soria-Castejón tras 14 años de mandato en España sin haber impulsado ninguna actuación, y recordó que la situación no difiere de los 16 años de gobiernos socialistas.
Ceña situó a ambas formaciones en el mismo nivel de "promesas e incumplimientos" y lamentó que la provincia de Soria lleve 18 meses sin circulación de trenes tras el cierre de la conexión con Torralba.
En términos similares, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, calificó de "absoluta vergüenza" el estado del transporte ferroviario en su provincia y responsabilizó por igual a los ministros del ramo del PSOE y del PP de la falta de inversiones que transformen la red.
Por su parte, el representante de UPL, Luis Mariano Santos, consideró que la iniciativa es una "carta a los Reyes Magos" y cuestionó la credibilidad del PP a la hora de exigir plazos cuando, según recordó, no se ejecutaron estas infraestructuras durante los mandatos de Mariano Rajoy.
La procuradora de Vox, María Luisa Calvo Enríquez, respaldó la iniciativa del PP al entender que es imprescindible exigir al Gobierno de España calendarios fiables, la publicación de compromisos presupuestarios y la concreción de inversiones reales en las infraestructuras ferroviarias de Castilla y León.
Calvo advirtió de que la Comunidad "no puede seguir siendo la gran olvidada" del Ejecutivo central y remarcó la importancia de atender las necesidades de un "territorio extenso, con población dispersa y un tejido empresarial que precisa comunicaciones modernas para competir". Además, reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "acumule" anuncios y compromisos que no se traducen en obras ni en mejoras de los servicios.
En su intervención, la representante de Vox criticó que las conexiones ferroviarias de Castilla y León sigan relegadas frente a otras prioridades políticas de la Administración estatal. En esta línea, reclamó la ejecución de las líneas de alta velocidad pendientes, el refuerzo del ferrocarril convencional, el desarrollo de las autopistas ferroviarias y la puesta en marcha de un plan director específico para el Corredor Atlántico.
En cuanto a la vertebración del oeste peninsular, la procuradora denunció la decisión del Ministerio de Transportes de "aplazar" a 2027 los trámites para recuperar el tren Ruta de la Plata. También rechazó la supresión de paradas de alta velocidad en Zamora, Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, y reiteró la demanda de frecuencias madrugadoras adaptadas a las necesidades laborales de los usuarios.
Por último, Calvo instó al Gobierno de España a dejar de utilizar la cohesión territorial como un simple eslogan y a adoptar medidas efectivas en las conexiones de Salamanca, Ávila y Soria, garantizando una oferta de transporte público que favorezca el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales de Castilla y León.
Los únicos votos en contra procedieron del Grupo Parlamentario Socialista. Su procuradora, Laura Pelegrina, acusó a la Junta de Castilla y León y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de mantener una "inacción continuada" durante cuatro décadas en materia de infraestructuras, transportes y servicios públicos autonómicos. También reprochó al PP que recurra al "victimismo" y a la "estrategia partidista" en la PNL debatida en el Pleno.
Pelegrina sostuvo que la iniciativa del Grupo Popular persigue únicamente "atacar al Gobierno de España" con fines electorales, mientras se oculta el déficit inversor de la Administración autonómica en la red de carreteras, el modelo de transportes y las conexiones rurales.
En su intervención, la parlamentaria del PSOE enumeró las actuaciones del Ejecutivo central en Castilla y León y detalló que la línea de alta velocidad Burgos-Miranda de Ebro-Vitoria prevé su finalización en 2027, con cuatro tramos actualmente en ejecución y otros tres pendientes de licitar antes de febrero de 2027.
Del mismo modo, situó la conclusión de la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro antes de marzo de 2027 y destacó los 150 millones destinados a las autopistas ferroviarias en la línea Madrid-Ávila-Medina del Campo, así como los 92 millones invertidos en el trayecto Soria-Torralba.
Para cerrar el debate, el procurador 'popular' volvió a criticar la "inacción" del Gobierno y censuró que el PSOE eludiera cualquier referencia a la gestión de los responsables del Ministerio de Transportes durante los últimos ocho años de gobierno socialista.