Los desembolsos vinculados a la deuda de la Junta de Castilla y León disminuirán un 4,69 por ciento en comparación con las cuentas de 2024, último presupuesto en vigor, y se situarán en 1.701 millones de euros, cuantía que equivale al 10,33 por ciento del total del gasto autonómico.
En el proyecto de cuentas para 2026 que fue rechazado en el debate de totalidad se preveía un gasto en deuda de 1.820 millones de euros, el 11,58 por ciento del presupuesto global y un 2,02 por ciento más que en las cuentas de 2024.
Para 2027, las previsiones de la Junta contemplan una caída del 10,49 por ciento en la amortización de la deuda, hasta 1.290 millones de euros, mientras que los intereses aumentarán un 19,71 por ciento, alcanzando los 411 millones de euros.
En cuanto a la distribución por capítulos, el gasto de personal concentra el 34,7 por ciento del total, con 5.629,88 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,79 por ciento respecto a 2024. De esta cifra, 4.916 millones (87,32 por ciento) se destinan al área social y 714 millones al resto de departamentos, que absorben el 12,68 por ciento.
Los recursos para bienes y servicios suman 2.585,44 millones de euros, un 25,74 por ciento más y el 15,70 por ciento del presupuesto. La mayor parte (94,80 por ciento) se dirige a sanidad, educación y servicios sociales, con 2.451 millones para el mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de mayores, entre otros conceptos. Los 135 millones restantes se reservan para otros gastos corrientes en bienes y servicios.
Además, se contemplan 3.941 millones de euros para transferencias corrientes, un 14,15 por ciento más que en 2024 y el 23,92 por ciento del total. De nuevo, el grueso (91,48 por ciento, 2.759 millones) recae en el área social para financiar farmacia, universidades, centros concertados o dependencia.
El bloque de operaciones corrientes se completa con 420,10 millones en gastos financieros, que crecen un 20,27 por ciento respecto al presupuesto de 2024 y representan el 2,55 por ciento del conjunto.
En lo relativo a los gastos de capital, ascienden a 2.528,47 millones, un 11,19 por ciento más que en 2024 y el 15,35 por ciento del total. De ellos, 1.164,2 millones corresponden a inversiones reales, el 7,07 por ciento del presupuesto y un 6,53 por ciento más que en 2024, mientras que 1.364,18 millones se destinan a transferencias de capital, el 8,28 por ciento del total y un 15,50 por ciento más interanual.
El 78,73 por ciento de estos gastos de capital —1.991 millones— se asigna a áreas no sociales. Destacan 553 millones para agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental (20,94 por ciento más), 212 millones para economía y hacienda (25,93 por ciento) y 163 millones para vivienda, Protección Civil y Ordenación del Territorio (115,59 por ciento más). Los otros 538 millones se dirigen a sanidad, educación y servicios sociales.
La clasificación económica del gasto se cierra con 1.367,39 millones en operaciones financieras, que retroceden un 12,84 por ciento respecto a las cuentas vigentes de 2024 y suponen el 8,3 por ciento del presupuesto previsto para 2027.
En paralelo, y de acuerdo con el techo de gasto no financiero para 2027 ya aprobado, la Junta de Castilla y León proyecta un avance del 2,3 por ciento del PIB regional en 2027, una décima por encima de España y superior tanto a la media de la zona Euro-21, estimada en el 1,2 por ciento, como a la de la UE-27, que se situaría en el 1,4 por ciento.
No obstante, el cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de presupuestos para 2027 prevé que la economía castellano y leonesa crezca cuatro décimas menos que en 2026, ejercicio para el que se calcula un aumento del 2,7 por ciento tras la última revisión al alza.
En materia laboral, la tasa de paro pasará del 8,3 por ciento en 2026 al 8,1 por ciento en 2027 y se mantendrá 1,3 puntos por debajo de la prevista para el conjunto de España (9,4 por ciento), aunque por encima de la estimada en la zona Euro-21 —6,4 por ciento— y en la UE-27 —6,0 por ciento—. También se anticipa un incremento del 1,5 por ciento en los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, por debajo tanto del 2,1 por ciento proyectado para España como del 1,7 por ciento previsto para 2026.
El proyecto de presupuestos de 2027 se apoya en un objetivo de déficit del -0,1 por ciento, igual que en 2026, y contempla que la deuda autonómica se mantenga por debajo del 17,3 por ciento del PIB.