La vivienda acaparará el protagonismo en el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, condicionado por el reciente desahucio de Maricarmen, de 87 años, que la pasada semana desencadenó un estallido social y una acampada en la Puerta del Sol. Esta protesta ha abierto un nuevo frente entre Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad, en paralelo al impulso de dos reales decretos cuya convalidación se votará en el Congreso el viernes.
El lunes, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ironizaba con que “por fin se aceptaba el pleno monográfico de vivienda” que varias formaciones habían reclamado sin éxito durante la legislatura.
La semana arrancó con la reunión mediada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, en la que se alcanzó un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda. Pese a ello, la acampada se mantiene activa y sigue exigiendo respuestas contundentes ante la crisis habitacional.
En este contexto, Sumar presionaba al PSOE para que el Consejo de Ministros aprobara el denominado 'Decreto Maricarmen' --con medidas como contratos indefinidos o la suspensión de desahucios--. Finalmente, el Gobierno optó por sacar adelante dos decretos --como ya hiciera en el pasado con la vivienda-- que incorporan, además de medidas reclamadas por Sumar, distintas bonificaciones fiscales.
PSOE-M y Más Madrid han defendido públicamente estos decretos y han pedido el respaldo de los Grupos Parlamentarios del Congreso, mientras que desde la Comunidad se ha advertido de que, si salen adelante, alquilar una vivienda en España será “misión imposible”. Vox, por su parte, sostenía el lunes que ninguna política de vivienda resultará eficaz sin un control de fronteras.
La acampada en Sol, nuevo foco de tensión
El otro gran punto de fricción es la acampada en la Puerta del Sol. La Comunidad envió este martes un requerimiento a Delegación del Gobierno para que procediera al desalojo antes del jueves --con un plazo de 48 horas-- alegando la protección de la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultural, así como la defensa del comercio y el turismo. El alcalde, por su parte, ha anunciado que vallará el Oso y el Madroño, que han sido “vandalizados”, y remitirá a Martín e Interior un informe en el que se recogen “adoquines en tiendas de campaña y grandes cuchillos”.
En respuesta, el delegado ha reclamado al Ejecutivo autonómico “respeto al derecho fundamental de reunión”, postura en la que coincide Más Madrid, que ha solicitado garantías frente a las “amenazas” a los acampados. Desde el PSOE se ha ironizado con que ahora se quiera el desalojo cuando “el primer día decían que era contra el Gobierno de Sánchez”.
Un Pleno atravesado por la crisis de la vivienda
La cuestión de la vivienda impregnará toda la sesión, desde el arranque del control a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con la oposición abordando el problema desde diferentes perspectivas. El PP, además, interpelará sobre la recuperación tras el incendio en la Sierra Oeste.
La “crisis de la vivienda actual” aparecerá también en las preguntas dirigidas a los consejeros, junto a otros asuntos como la compra del inmueble de la calle General Martínez Campos, la actividad de Invest In Madrid, la conferencia sectorial de Educación, las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal o las medidas de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Después se debatirá el Proyecto de Ley que modifica la norma reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de la Potestad Sancionadora en Materia de Depósito de Fianzas de Arrendamiento de la Comunidad de Madrid. Se trata de una actualización de una ley de 1997 que aún recoge cantidades en pesetas, menciona al ya desaparecido Ivima y remite a disposiciones derogadas. La tramitación se hará por lectura única y, previsiblemente, será aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP.
Enmiendas a la totalidad y ley LIDER
A continuación se abordarán las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda contra dos Proyectos de Ley del Ejecutivo regional: el de la Abogacía General (PSOE) y el de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región --conocido como Líder-- (Más Madrid). Todo apunta a que ambas enmiendas serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP.
Según el Gobierno autonómico, la reforma de la Abogacía General pretende modernizar la estructura y el funcionamiento de los servicios jurídicos de la Comunidad. Entre otros aspectos, fija que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados regional y acreditar al menos diez años de experiencia profesional, además de reorganizar internamente la Abogacía General y crear una nueva Secretaría Técnica.
En cuanto a la ley LIDER, el Ejecutivo defiende su aprobación para agilizar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y acortar los plazos de tramitación de los planes urbanísticos.
Este proyecto ha recibido críticas tanto de la izquierda como de una plataforma vecinal. Más Madrid y PSOE alertan de que podría suponer una injerencia en la autonomía local.
Propuesta de Más Madrid y comisión sobre Madrid Network
El Pleno también debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más Madrid que plantea cambiar la forma de medir las listas de espera, de modo que se recoja todo el itinerario del paciente y que, si el deterioro se mantiene dos trimestres consecutivos, ello implique un aumento del presupuesto.
La iniciativa se enmarca en la polémica suscitada tras trascender que en el Hospital Ramón y Cajal se modificó la prioridad de 57 pacientes para mejorar los datos oficiales de listas de espera. El cirujano Alberto Martos denunció estos hechos y la Comunidad ha cargado contra él, acusándole de ser quien manipuló esos casos.
Llega asimismo al Pleno el escrito de oposición del PSOE a la creación de una comisión de investigación sobre la gestión, concesión, seguimiento y recuperación de los préstamos concedidos en el marco del convenio entre la Comunidad y Madrid Network.
El PSOE ha insistido repetidamente en que esta entidad debe “más de 70 millones de euros” a la Comunidad, pese a que “sigue recibiendo subvenciones públicas año tras año”. La Comunidad, por su parte, mantiene que ha reclamado “las cuotas impagadas” a Madrid Network y que ha cumplido “religiosamente sus obligaciones”.
Sanidad, migrantes y el futuro del estadio de Vallecas
En el turno de comparecencias, dos irán dirigidas a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y otra al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco.
En materia sanitaria, el PSOE interpelará a Matute por las listas de espera, previsiblemente centrando el foco en el Hospital Ramón y Cajal. Vox, por su lado, pedirá explicaciones sobre la atención sanitaria pública que se presta a “inmigrantes ilegales” en la Comunidad de Madrid.
En abril, ante una cuestión similar, Ayuso acusó a Vox de tratar “como escoria” a los inmigrantes y recordó que este colectivo “pues sufrir enfermedades, patologías que acaben con su vida”.
En cuanto a De Paco, comparecerá a petición propia para informar sobre la situación actual del Estadio de Vallecas. En julio, la Comunidad suspendió la concesión tras una auditoría que detectó graves deficiencias en seguridad, salubridad, protección contra incendios, instalaciones eléctricas y mantenimiento.
Una segunda auditoría, realizada en septiembre, concluyó que el recinto ya se encontraba en condiciones. Hace dos semanas, De Paco expresó su confianza en que el estadio pudiera volver a acoger un encuentro el 10 de octubre, fecha en la que el Rayo recibe al Athletic.
En el tramo final, se debatirán dos Proposiciones No de Ley: una del PSOE, que reclama a la Comunidad una negociación urgente con el profesorado para mejorar sus condiciones laborales, y otra de Más Madrid, que plantea ofrecer asesoramiento jurídico a las personas afectadas por la suspensión de su derecho al voto por la llamada 'ley de nietos'.