Ahora o nunca. Con una acampada en la Puerta del Sol y una ola de indignación sin precedentes tras el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años que finalmente podrá volver a su casa en Retiro tras haber llegado a un acuerdo con Urbagestión, el Gobierno se reúne este martes con la urgencia de aprobar el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda.
La norma fue comprometida por los socios de coalición en julio, después a la vuelta del verano y sólo el clamor social por la falta de soluciones ha empujado a Vivienda y a los grupos a apurar las opciones de llegar a un acuerdo.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que la voluntad de llegar a un acuerdo es mayor a la de hace una semana y que está habiendo concesiones. Pero el obstáculo principal sigue siendo el mismo: necesita el concurso de todos los socios de la investidura para salir adelante.
El borrador: desahucios, alquileres y ley del suelo
El borrador conocido a última hora de la tarde de este lunes incorporaba un amplio paquete de medidas.
Así, contemplaba la prórroga y congelación para los contratos de alquiler, además de la suspensión de desahucios a personas en situación vulnerable hasta 2029. La propuesta conocida este lunes refleja el resultado de las negociaciones con los socios parlamentarios. La reforma de la ley del suelo, incluida en una versión anterior, desaparece finalmente del borrador.
Era esta última cuestión la gran brecha para asegurar los votos de la izquierda, ya que Podemos no tenía intención de validar las propuestas para agilizar tramitaciones urbanísticas que planteaba el Ministerio, en línea de las propuestas por el PP y PNV.
Antes de verano, Vivienda contemplaba una prohibición de todo desahucio sin alternativa habitacional. No una moratoria con horizonte temporal ni una habilitación al juez para suspender el proceso en caso de que lo vea conveniente, como hasta ahora. Se establecía la imposibilidad de desahuciar si las administraciones no facilitan alternativa. Finalmente se fija una moratoria temporal hasta 2028.
Para los casos en los que la parte demandante sea un particular que no sea gran tenedor, se preveía la cobertura de los gastos correspondientes a impagos o desperfectos por parte de las comunidades autónomas.
Fondos buitre
Vivienda avanzó este lunes la prohibición de compras especulativas por parte de fondos, sin detallar el mecanismo o las condiciones para ello. Si, por ejemplo, sólo pudiera aplicar en zonas previamente declaradas como tensionadas, su eficacia quedaría muy limitada: en la gran mayoría de comunidades y capitales gobierna el PP.
El borrador que manejaba el Ministerio antes del verano no implicaba ninguna prohibición, sino la inclusión de esta medida como una posibilidad más dentro de las acciones que puedan adoptarse al declarar una zona tensionada, sin detallar los límites.
Socimi
En el caso de las Socimi, el borrador conocido este lunes introducía un gravamen del 25% sobre determinados beneficios no distribuidos que procedan del alquiler o de la cesión de uso de inmuebles residenciales.
La carga fiscal podrá reducirse a la mitad o incluso quedar anulada cuando la sociedad cumpla los requisitos vinculados al alquiler asequible y, en el supuesto de exención total, destine además los beneficios a la reinversión prevista por la norma.
Incentivos fiscales
Esta es otra de las grandes batallas del decreto-ley. La apuesta por el PSOE es ampliar las rebajas fiscales en el IRPF a caseros que contengan o bajen los precios.
Antes del verano, Vivienda proponía incluso que las rentas quedaran exentas en las declaraciones de los caseros que, además de cumplir varias condiciones, rebajaran el alquiler a sus inquilinos un 5%. Estas deducciones eran líneas rojas de los socios de izquierda, que finalmente transigieron para poder sacar adelante la norma.
Pero no eran los incentivos fiscales que pide Junts, que plantea deducciones en el pago del alquiler y la hipoteca. A las de este último tipo se opone el Gobierno, al considerar que todos los recursos deben ir enfocados a favorecer la oferta del alquiler.
Sin embargo, el borrador que se dio a conocer el lunes planteaba una nueva escala de incentivos fiscales para los propietarios a través del IRPF, con reducciones que pueden alcanzar el 100% y que varían en función de las características del contrato, la ubicación de la vivienda y el perfil del inquilino.
Para los inquilinos, la principal novedad era una deducción del 10% por el alquiler de la vivienda habitual en zonas tensionadas, dirigida a contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros.
El borrador incorporaba además una exención de hasta el 100% sobre las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de viviendas a organismos o entidades públicas para destinarlas a vivienda social o asequible.
Prórroga de contratos
Fue el gran choque que enfrentó al Gobierno en marzo. Cayó en el Congreso, tumbado por PP, Vox y Junts. Vivienda contempla una estabilización de los contratos del alquiler, que difícilmente será la conversión de los mismos en indefinidos, tal y como plantean los sindicatos de inquilinas.
El objetivo del Ministerio, en todo caso, es reforzar las garantías previstas en la regulación de precios, que es uno de los aspectos que más escama a Junts.
Según el borrador del decreto, hay prevista una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de hasta dos años, que permitiría a los inquilinos permanecer en sus viviendas una vez alcanzado el vencimiento del contrato, bajo las condiciones previstas en la norma.
Alquileres de temporada y por habitaciones
La regulación viene a tapar uno de los ‘agujeros’ de la Ley de Vivienda, anunciado incluso antes de su entrada en vigor, ya que apuntaba a que sería un mecanismo de huida de caseros que no querían estar sometidos a la intervención de precios.
Su exclusión era una de las exigencias de Junts. El borrador del decreto modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para reforzar el control sobre los alquileres temporales. Los propietarios tendrán que acreditar una causa "real y acreditable" que justifique la duración limitada del contrato.
Pisos turísticos
Una propuesta que ninguna parte cuestiona, al menos públicamente: subir al 21% el IVA aplicado a pisos turísticos para tratar de desincentivar su uso frente al residencial.
El alojamiento turístico, además, quedaría limitado a estancias de 31 días como máximo, sin perjuicio de la regulación de cada comunidad.
IVA de vivienda protegida
Para incentivar al sector privado la construcción de vivienda protegida, el Gobierno prevé la rebaja del 10% al 4% del IVA que soportan todas las actividades asociadas a la puesta a disposición de más oferta de vivienda protegida.
Ayudas a la compra
Entre las novedades planteadas por el Ministerio están ayudas para facilitar la compra de primera vivienda para jóvenes sin capacidad de ahorro.
El factor acampada
La ola de indignación ha supuesto, nadie lo niega, una ventana de oportunidad para pactar el decreto-ley. Junts reconoció públicamente mantener negociones con el Gobierno, pese a que esta cuestión era tabú incluso por los propios miembros del Ejecutivo, que trataban de no entrar en contradicción con la ruptura de relaciones anunciada por los de Puigdemont hace casi un año.
La acampada pone todo el foco en los acuerdos que se alcancen y presiona a los grupos. Pero no sólo para llegar a un acuerdo. Los grupos de la izquierda, los más interpelados por los sindicatos de inquilinas, también corren el riesgo de ser señalados si el decreto-ley no colma sus aspiraciones. Algo que, si quieren que prospere con los votos de PNV y Junts, formaciones poco amigas de sus reivindicaciones, parece inevitable.