¿Puede el Gobierno de España cerrar TikTok? La posibilidad ha entrado en el debate después de que el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, haya solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado ante la difusión de material de abuso sexual infantil en la red social. El departamento ha planteado incluso paralizar los servicios de TikTok en territorio español si las autoridades competentes consideran que existen motivos suficientes. Sin embargo, aunque la legislación contempla mecanismos para restringir plataformas digitales, el Ejecutivo no puede ordenar su cierre por una simple decisión política.
La iniciativa del ministerio responde a una investigación de Maldita.es, publicada este lunes 9 de noviembre, que ha identificado más de 1.000 publicaciones con material de abuso sexual infantil que acumulan aproximadamente 48 millones de visualizaciones. La organización también ha detectado deficiencias en los sistemas de moderación de TikTok, después de comprobar que la plataforma únicamente eliminó cinco de los 50 vídeos denunciados expresamente. Ante estos hallazgos, Juventud e Infancia considera que podrían existir vulneraciones de los derechos de los menores y reclama una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y europeas.
La cuestión es que la ley distingue entre retirar contenidos ilegales y bloquear completamente una plataforma utilizada por millones de personas. La primera medida puede dirigirse contra publicaciones concretas que vulneren la legislación, mientras que la segunda afectaría también a usuarios que realizan actividades legítimas. Por ello, un eventual cierre de TikTok tendría que superar requisitos especialmente estrictos de necesidad y proporcionalidad, además de respetar los derechos fundamentales y los procedimientos establecidos.
Qué dice la ley española sobre la posibilidad de cerrar TikTok
La principal norma que regula esta posibilidad es la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). Su artículo 8 permite a los órganos competentes adoptar medidas para interrumpir la prestación de servicios digitales o retirar contenidos cuando estos atenten o puedan atentar contra determinados derechos e intereses protegidos.
Entre los supuestos contemplados figuran la protección de la infancia y la juventud, el orden público, la seguridad pública, la investigación penal, la defensa nacional, la salud pública y la dignidad de las personas. La ley también incluye la protección de consumidores y usuarios, el principio de no discriminación y los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, la difusión de material de abuso sexual infantil podría constituir un fundamento para estudiar medidas restrictivas contra un servicio como TikTok.
Sin embargo, el artículo 8 no concede a cualquier ministerio una facultad general para cerrar redes sociales. La norma especifica que estas decisiones corresponden a los órganos competentes, dentro de las funciones que tengan legalmente atribuidas. Además, exige respetar las garantías destinadas a proteger la intimidad, los datos personales, la libertad de expresión y el derecho a recibir información.
En los casos que la Constitución y las leyes reservan a los tribunales, solo la autoridad judicial competente puede adoptar las medidas correspondientes. Esto adquiere especial importancia ante un bloqueo general de TikTok, que podría impedir el acceso a contenidos legales y afectar al ejercicio de derechos fundamentales. Las autoridades tendrían que justificar por qué no bastaría con retirar los vídeos ilícitos, suspender las cuentas responsables o exigir mejoras en los sistemas de moderación antes de restringir el acceso a toda la red social.
¿Tendría que intervenir un juez para bloquear TikTok en España?
La intervención judicial dependería de la vía legal utilizada y de los derechos afectados, pero no puede eludirse cuando la Constitución o la legislación la establecen como obligatoria. En un procedimiento destinado a restringir completamente una plataforma, el control de proporcionalidad tendría especial relevancia por el alcance de la medida y sus consecuencias sobre millones de usuarios.
Además, existe una circunstancia que complica una eventual actuación unilateral de España: TikTok presta sus servicios en la Unión Europea a través de una sociedad establecida en Irlanda. Al tratarse de una empresa situada en otro Estado miembro, deben respetarse los mecanismos de cooperación previstos en la legislación europea y española.
Los apartados 3 y 4 del artículo 8 de la LSSI establecen que, como regla general, España debe solicitar primero la intervención del Estado donde está establecido el prestador del servicio. Si sus autoridades no adoptan medidas o estas resultan insuficientes, el órgano español competente debe comunicar previamente la restricción prevista tanto a ese Estado como a la Comisión Europea.
La legislación contempla una excepción para situaciones de urgencia. En esos casos, la autoridad competente puede adoptar medidas sin completar previamente todo el procedimiento de cooperación, pero deberá justificar la urgencia y comunicar su decisión a las autoridades europeas con la mayor brevedad posible y, como máximo, en un plazo de 15 días desde su adopción. Esta excepción no elimina las garantías judiciales y de protección de derechos fundamentales que resulten aplicables.
Por tanto, la petición de Sira Rego a la Fiscalía no constituye una orden de cierre ni permite suspender automáticamente TikTok. El Ministerio Público puede examinar los hechos, promover las investigaciones correspondientes y solicitar medidas judiciales cuando proceda, pero una eventual restricción deberá tramitarse a través de los órganos legalmente habilitados.
La Unión Europea también permite suspender plataformas, pero como último recurso
La segunda gran vía legal se encuentra en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), que establece obligaciones para las plataformas digitales y concede a la Comisión Europea competencias para investigar y sancionar incumplimientos.
TikTok está considerada una plataforma en línea de muy gran tamaño, lo que implica obligaciones reforzadas para evaluar y reducir riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilegales, el funcionamiento de sus algoritmos y la protección de los menores.
El artículo 82 del reglamento contempla la posibilidad de solicitar restricciones temporales de acceso cuando se hayan agotado las herramientas disponibles para poner fin a una infracción, esta persista y cause perjuicios graves que no puedan evitarse mediante otras medidas. En ese escenario, la Comisión Europea puede solicitar al coordinador de servicios digitales del Estado donde está establecida la empresa que actúe conforme al procedimiento previsto en el artículo 51.
Este último precepto establece condiciones especialmente exigentes. Entre ellas, que la infracción persista pese a las medidas previas, provoque daños graves y constituya un delito que amenace la vida o la seguridad de las personas. La limitación del acceso debe ser solicitada ante una autoridad judicial competente, que tendrá que valorar su proporcionalidad y las consecuencias sobre el acceso a información lícita.
La normativa establece que la restricción inicial tendrá una duración de cuatro semanas, aunque contempla prórrogas judicialmente autorizadas si persisten las circunstancias que justificaron la medida. Antes de llegar a ese extremo, Bruselas dispone de otras herramientas, como exigir cambios en los sistemas de recomendación, imponer medidas correctoras o sancionar económicamente a la empresa.
En caso de acreditarse un incumplimiento del reglamento, las multas pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación anual mundial de la plataforma. No obstante, la existencia de contenido ilegal no demuestra por sí sola que se hayan cumplido todos los requisitos necesarios para imponer una sanción o bloquear el servicio.
¿Puede el Gobierno utilizar la seguridad nacional para cerrar TikTok?
Otra posibilidad que podría plantearse es recurrir a la legislación de seguridad nacional o telecomunicaciones. Sin embargo, estas normas tampoco permiten al Gobierno bloquear discrecionalmente una red social.
El artículo 4.6 de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, permite al Ejecutivo asumir, con carácter excepcional y transitorio, la gestión directa de determinadas redes o servicios de comunicaciones electrónicas para garantizar la seguridad pública y nacional. Se trata de una facultad referida a las infraestructuras y servicios definidos por esa ley, que no constituye una autorización general para suspender plataformas de contenidos como TikTok.
La disposición establece, además, que estas intervenciones no pueden vulnerar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Los acuerdos adoptados deben comunicarse al órgano judicial competente en un plazo de 24 horas, para que este compruebe su adecuación a esos derechos en las 48 horas siguientes.
Por su parte, el artículo 23.3 de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, determina que las situaciones de interés para la seguridad nacional deben afrontarse mediante los poderes ordinarios de las administraciones y que, en ningún caso, pueden implicar la suspensión de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
En consecuencia, invocar motivos de seguridad nacional no permitiría evitar automáticamente los procedimientos y controles exigidos para restringir el acceso a una plataforma digital.
Qué puede pasar ahora con TikTok tras la petición del Gobierno
La actuación del Ministerio de Juventud e Infancia abre la puerta a nuevas investigaciones y posibles medidas contra TikTok, pero no significa que exista una decisión de suspender su funcionamiento en España. La Fiscalía deberá analizar la información recibida y determinar si procede impulsar actuaciones penales o solicitar medidas para proteger a los menores afectados.
Paralelamente, Sira Rego ha solicitado una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para conocer las explicaciones de la compañía, las medidas adoptadas para impedir la difusión del material y las actuaciones inmediatas que tiene previsto aplicar.
Las autoridades europeas también pueden examinar si los mecanismos de denuncia, detección y retirada de contenidos cumplen las obligaciones establecidas por el Reglamento de Servicios Digitales. Una eventual investigación podría derivar en requerimientos, medidas correctoras o sanciones si se acreditaran incumplimientos.
La diferencia fundamental es que la retirada de contenidos ilegales, la investigación de posibles delitos y el bloqueo general de una plataforma son actuaciones distintas, sometidas a requisitos jurídicos diferentes. Para llegar a esta última medida sería necesario acreditar que existe una causa legal suficiente, que actúa la autoridad competente y que no hay alternativas menos restrictivas capaces de proteger eficazmente los derechos afectados.
Por ahora, el Gobierno puede promover investigaciones y solicitar actuaciones contra TikTok, pero no cerrar la plataforma mediante una simple decisión política. La legislación española y europea contempla la interrupción de servicios digitales en circunstancias excepcionales, siempre con las garantías administrativas, judiciales y de cooperación internacional que correspondan.