Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han decidido poner en marcha los trámites para una huelga general de 24 horas este otoño, con la vista puesta en reclamar sueldos suficientes y asegurar el acceso a una vivienda digna. Esta convocatoria deberá ser aún refrendada por los máximos órganos de dirección de ambas centrales, tal y como han explicado en un comunicado conjunto.
El anuncio llega después de que el Congreso de los Diputados tumbara el pasado viernes los reales decretos-leyes sobre vivienda. A raíz de ese rechazo parlamentario, los sindicatos han optado por sumar sus reivindicaciones laborales a las protestas sociales ya en marcha, coordinándose con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales.
La fecha concreta de este paro general de 24 horas se fijará de manera consensuada con estas plataformas sociales y con el Sindicato de Inquilinas, con la intención de implicar al conjunto de la clase trabajadora en una jornada de huelga de 24 horas en defensa del derecho a la vivienda y de salarios suficientes para poder afrontarla.
“Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, señalan las organizaciones convocantes.
CCOO y UGT vinculan esta movilización a sus propuestas en el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que defienden incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, acompañados de cláusulas de revisión, así como a su “Decálogo por el derecho a la vivienda”. En este documento reclaman un gran pacto social, la limitación de los precios del alquiler, la puesta en marcha de un parque público de vivienda protegida “y permanente” y la aplicación “efectiva” de la Ley por el Derecho a la Vivienda en el conjunto del territorio.
Con esta llamada a la huelga, los sindicatos interpelan tanto a las organizaciones empresariales, para que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen salarios que permitan cubrir las necesidades básicas, como a las administraciones públicas competentes, a las que exigen que hagan cumplir de manera efectiva la normativa que reconoce el derecho a la vivienda.