Las distintas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobadas en España desde 2018 habrían supuesto la destrucción o la no creación de cerca de 238.000 empleos hasta 2025, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por el Instituto Juan de Mariana (IJM) y elaborado por los economistas Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López.
El documento, titulado “España, farolillo rojo del empleo en Europa. Índice de Flexibilidad Laboral 2026”, sostiene que el incremento acumulado del 66% del SMI entre 2018 y 2026 —al pasar de 736 a 1.221 euros mensuales en 14 pagas— se traduce en una mejora real del 29% de la renta mínima, mientras que el salario más habitual (modal) habría perdido un 18,5% de poder adquisitivo en ese mismo intervalo.
Según el análisis, este proceso ha estrechado de forma notable la distancia entre el salario modal y el mínimo legal, que ha pasado de 6.675 euros anuales en 2018 a solo 644 euros en 2024, generando un “aplanamiento salarial por abajo” y un notable encarecimiento del factor trabajo. Para 2026, el coste total para la empresa de un trabajador que percibe el salario mínimo se sitúa, según el estudio, en 22.330 euros al año, más de 2.030 euros por cada mes efectivamente trabajado.
El IJM subraya que el efecto más acusado sobre el empleo se concentra en los trabajadores con menor cualificación. Entre 2018 y 2025, el régimen especial agrario de la Seguridad Social perdió 138.842 afiliados (-17%) y el de empleados de hogar registró 67.641 bajas (-16,5%). El centro denuncia que estos colectivos quedan fuera de la encuesta utilizada por el Gobierno para calcular el salario medio de referencia con el que se justifican las subidas del SMI.
A la cola de Europa en flexibilidad laboral y líder en paro
En su análisis macroeconómico, el informe sitúa a España en la última posición (27 de 27) del Índice de Flexibilidad Laboral de la Unión Europea elaborado por el propio instituto, con una nota de 1,9 puntos sobre 10, frente a una media comunitaria de 5,2 puntos encabezada por Irlanda (7,8), Hungría (7,2) y Malta (6,7).
En materia de contratación temporal, España obtiene una puntuación de 0,0, al figurar como el país con la regulación más rígida entre los 22 Estados miembros evaluados por la OCDE (2,91 puntos sobre 6).
El IJM relaciona este marco regulatorio con las elevadas cifras de desempleo. España habría cerrado 2025 con una tasa de paro del 10,5%, la más alta de la UE, por encima de la media europea del 6% y de países como Grecia (8,9%).
En el mercado laboral juvenil, la tasa de paro alcanza el 24,9% —el segundo peor registro tras Rumanía—, mientras que entre las mujeres se sitúa en el 11,9%, el porcentaje más elevado de la Unión. De acuerdo con las estimaciones del informe, si España convergiera con la media europea de desempleo se generarían 1,12 millones de ocupados adicionales y se obtendría una mejora fiscal de 19.400 millones de euros al año (1,2% del PIB) gracias a una mayor recaudación y a un menor gasto en prestaciones.
“Maquillaje” estadístico y coste de las ausencias laborales
El estudio cuestiona también la lectura oficial de las cifras de empleo. En septiembre de 2026 se contabilizaban 802.600 demandantes de empleo con relación laboral que no figuran como parados registrados (en su mayoría fijos discontinuos inactivos), lo que supone un aumento del 246% respecto a 2018.
Los autores señalan que, aunque el paro registrado se redujo en 755.000 personas entre 2019 y 2025, si se incorporan estos demandantes la caída real del desempleo se limita a 163.000 personas, de manera que casi el 80% del descenso oficial obedecería a una “reclasificación estadística”.
Asimismo, el informe calcula que cada día se ausentan de su puesto 1,6 millones de asalariados, de los que 1,2 millones se encuentran en situación de baja médica. Este fenómeno tendría un impacto económico de hasta 129.000 millones de euros anuales, el equivalente al 8,1% del PIB.
Coincidiendo con la huelga general convocada para este 11 de noviembre —descrita en el documento como una protesta de “evidente motivación política” al celebrarse dos semanas antes de las elecciones del 29-N—, el IJM examina también la financiación de CCOO y UGT.
Según el centro de estudios, ambas organizaciones sindicales y sus entidades vinculadas recibieron 106,1 millones de euros de fondos públicos en 2025 y suman 511,6 millones entre 2022 y octubre de 2026, concentrando el 86,1% del total de ayudas sindicales concedidas en España (297,1 millones para UGT y 214,5 millones para CCOO).