Huelga general del 11 de noviembre: mapa de manifestaciones, horarios y recorridos por provincias

La tramitación está marcada por dos hechos: el Congreso derogó los decretos de vivienda de septiembre y las proposiciones de ley pendientes caducaron con la disolución de las Cortes del 6 de octubre. El Gobierno volvió a aprobar medidas mediante los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, cuyo control corresponde a la Diputación Permanente. La información consultada identifica su debate de convalidación, pero no recoge un resultado definitivo de esa votación.

Son medidas relacionadas con las demandas de CCOO y UGT para la movilización del 11N: ampliar el alquiler público asequible, intervenir sobre los precios, proteger frente a desahucios y limitar operaciones especulativas. Los sindicatos reclaman recuperar los decretos rechazados, según Demócrata.

Los decretos de septiembre: tramitación terminada

• Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre. Reunía protección frente a desahucios, regulación de alquileres, restricciones a determinadas adquisiciones, incentivos fiscales y ampliación del parque público. El Congreso acordó su derogación el 2 de octubre: no es un texto pendiente de aprobación. La decisión está publicada en el BOE.
• Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre. Pretendía reforzar la continuidad de los contratos de vivienda habitual. También fue rechazado el 2 de octubre y terminó su recorrido parlamentario; la derogación de ambos textos fue recogida por Demócrata.

Los nuevos decretos: decisión en la Diputación Permanente

La comunicación del Congreso incluye los dos nuevos textos para decidir su convalidación —mantenerlos— o derogación:

• Real Decreto-ley 29/2026. Recupera medidas sobre desahucios de personas vulnerables, grandes tenedores, fiscalidad y parque público. Incluye restricciones a determinadas adquisiciones hasta el 31 de diciembre de 2030, avales de hasta 2.000 millones para vivienda social o asequible y el mecanismo TU CASA: préstamos sin intereses ni comisiones por el menor importe entre el 20 % del valor de la vivienda y 50.000 euros.
• Real Decreto-ley 28/2026. Aborda las prórrogas de contratos, amplía a seis meses el preaviso del propietario y prevé indemnizaciones por determinadas no renovaciones. La fecha prevista de aplicación es el 15 de noviembre, condicionada a su continuidad, según Demócrata.

Las reformas ordinarias: caducadas, no simplemente paralizadas

La disolución de las Cortes cerró el recorrido de varias iniciativas relacionadas con esas reivindicaciones:

• La regulación de alquileres temporales y de habitaciones, que ya contaba con informe de ponencia, es decir, un texto preparado para continuar su examen parlamentario.
• La propuesta socialista de alquiler a precios asequibles, con incentivos fiscales, movilización de vivienda vacía y medidas sobre inmuebles públicos (texto de mayo de 2025).
• Las propuestas de Sumar sobre alquiler indefinido, reforma del IBI y protección del uso residencial en Baleares; las del Grupo Mixto sobre especulación e hipotecas vulnerables; y la de EH Bildu sobre publicidad y contratación de pisos turísticos.
• Los proyectos derivados de los decretos-leyes 1/2024 y 1/2025, sobre protección de colectivos vulnerables. Caducó su tramitación como leyes, no por ello los decretos previamente convalidados.

En conclusión: no hay un paquete parlamentario único definitivamente aprobado que reúna todas las demandas sindicales. La decisión inmediata se concentra en los nuevos decretos; las reformas ordinarias caducadas necesitarán nuevas iniciativas. Paralelamente, existen actuaciones ejecutivas ya publicadas, como las subvenciones para alquiler asequible de CASA 47 del Real Decreto 928/2026, que no deben confundirse con leyes pendientes.

CCOO y UGT pueden convocar, organizar y negociar una huelga general en defensa de los intereses de los trabajadores. No tienen un monopolio ni potestades públicas: su condición de sindicatos más representativos les proporciona facultades institucionales y negociadoras adicionales, pero no un derecho exclusivo de convocatoria. El derecho pertenece a los trabajadores, que deciden individualmente si participan.

Fundamento y legitimación

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce la huelga para defender los intereses de los trabajadores. Junto con la libertad sindical y la función de los sindicatos del artículo 7, ampara su organización colectiva. Su régimen se encuentra principalmente en el Real Decreto-ley 17/1977, interpretado conforme a la jurisprudencia constitucional.

La convocatoria sindical exige implantación en el ámbito laboral afectado, no ostentar necesariamente la mayor representatividad. Por tanto, otros sindicatos pueden convocar huelgas generales sin autorización de CCOO o UGT. Así lo recoge la STC 259/2007.

Convocatoria: requisitos y límites

• Acuerdo expreso y comunicación. Debe comunicarse la convocatoria a los empresarios afectados y a la autoridad laboral. Es un preaviso, no una solicitud de autorización administrativa.
• Plazos. El preaviso ordinario es de cinco días naturales; cuando afecta a empresas encargadas de servicios públicos, de diez, con publicidad suficiente para los usuarios.
• Contenido. La comunicación debe indicar objetivos, gestiones realizadas para resolver las diferencias, fecha de comienzo y composición del comité de huelga.
• Finalidad. Una huelga contra decisiones gubernamentales puede ser legítima si defiende intereses laborales, económicos o sociales. No queda protegida una protesta exclusivamente política y ajena a esos intereses.

Comité y negociación

El comité de huelga representa a los trabajadores en conflicto y participa en las actuaciones sindicales, administrativas y judiciales destinadas a solucionarlo. Su composición debe comunicarse en el preaviso, respetar el límite legal de doce miembros y adaptarse al ámbito del conflicto.

Desde el preaviso y durante la huelga, el artículo 8.2 obliga al comité y a los empresarios a negociar para intentar un acuerdo. Negociar no significa aceptar las reivindicaciones ni garantizar un resultado. La negativa injustificada a negociar puede determinar un ejercicio abusivo; discrepar sobre la composición de la representación negociadora no equivale automáticamente a negarse a negociar, según la STC 130/2021.

En una huelga general, la interlocución puede incluir al Gobierno respecto de las políticas cuestionadas. Sin embargo, los sindicatos no pueden imponer cambios normativos: cualquier compromiso debe ejecutarse por los órganos competentes y mediante el procedimiento correspondiente.

Servicios mínimos y garantías

Los servicios mínimos para proteger servicios esenciales los fija la autoridad gubernativa competente, no los sindicatos. CCOO y UGT pueden formular propuestas e impugnar su establecimiento. Deben ser necesarios, motivados y proporcionales, sin asegurar el funcionamiento normal de la actividad, como recuerda la STC 2/2022.

Son distintos de los servicios de seguridad y mantenimiento de instalaciones, cuya garantía corresponde al comité con participación empresarial. Los piquetes pueden informar y persuadir pacíficamente, pero no coaccionar ni impedir trabajar. Tampoco puede el empresario neutralizar la huelga mediante sustituciones ilícitas, conforme a la STC 17/2017.

Acuerdo y desconvocatoria

El artículo 8.2 dispone: «El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo». Su alcance depende de la representación y del ámbito del acuerdo. CCOO y UGT pueden retirar sus convocatorias, pero no extinguir automáticamente las convocatorias autónomas de otros sindicatos ni comprometer a quienes no representan.

Una huelga general es legal en España cuando la convoca un sujeto legitimado, persigue intereses de los trabajadores, cumple las exigencias de comunicación y se desarrolla respetando los límites constitucionales. No necesita autorización previa del Gobierno: es un derecho fundamental, aunque su legalidad puede ser revisada judicialmente.

1. Marco jurídico y finalidad

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce la huelga «para la defensa de sus intereses» y exige garantizar los servicios esenciales de la comunidad. Su regulación básica se encuentra en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, interpretado conforme a la jurisprudencia constitucional, especialmente la STC 11/1981.

Una huelga general puede cuestionar políticas económicas, laborales o sociales del Gobierno. Dirigirse contra una decisión política no la convierte automáticamente en ilegal: lo decisivo es su conexión con los intereses de los trabajadores. Así lo explica la STC 193/2006. Distinto es un paro exclusivamente político, ajeno a esos intereses.

2. Convocatoria legítima

Pueden convocarla los sindicatos con implantación en el ámbito afectado, los representantes de los trabajadores y, mediante el procedimiento correspondiente, los propios trabajadores. No está reservada únicamente a los sindicatos más representativos.

En una huelga general sindical no hace falta aprobar una convocatoria independiente en cada empresa. La adhesión es individual y voluntaria: cada trabajador puede secundarla aunque no esté afiliado al sindicato convocante.

3. Comunicación previa y organización

• Preaviso escrito: debe comunicarse a la autoridad laboral competente y a la representación empresarial correspondiente. El plazo ordinario es de cinco días naturales; cuando afecta a empresas encargadas de servicios públicos, es de diez días naturales.
• Contenido: deben constar los objetivos, las gestiones realizadas para resolver las diferencias, la fecha de inicio y la composición del comité de huelga. Conviene delimitar claramente el ámbito territorial, funcional y temporal.
• Huelga general: la comunicación se adapta al ámbito de la convocatoria. No es exigible notificar individualmente a todas las empresas, según la STC 36/1993.
• Comité de huelga: representa a los trabajadores para las actuaciones necesarias durante el conflicto y debe participar en la negociación para intentar resolverlo.

4. Servicios esenciales y desarrollo pacífico

Los servicios mínimos deben establecerlos las autoridades gubernativas competentes, mediante una decisión motivada y proporcionada a las circunstancias. No puede dejárselos decidir libremente a la empresa ni utilizarlos para mantener un funcionamiento normal que vacíe el derecho de huelga. La STC 233/1997 vincula esa competencia a la responsabilidad sobre el servicio.

Además, deben garantizarse las tareas de seguridad y mantenimiento necesarias para proteger personas e instalaciones y permitir la reanudación del trabajo. Debe respetarse también la libertad de quienes no participan: la información y persuasión pacíficas son distintas de las amenazas, coacciones o daños.

5. Ilegalidad y consecuencias

Pueden determinar la ilegalidad una finalidad ajena a los intereses laborales, incumplimientos relevantes del procedimiento o pretender alterar lo pactado en un convenio vigente, con las excepciones jurisprudenciales. No todo defecto formal produce automáticamente esa consecuencia.

Tampoco basta el perjuicio económico para considerar abusiva una huelga: debe existir un daño grave buscado más allá de la presión inherente al conflicto, según la STC 130/2021. Una declaración de ilegalidad no supone el despido automático de todos los participantes; las responsabilidades requieren valorar las conductas individuales. En una huelga legal, el descuento salarial por el tiempo no trabajado no constituye una sanción.