Abascal gana a Sánchez: su entrevista en 'La Revuelta' reúne 2,6 millones más de espectadores que la de 'La Séptima'

A 10 de noviembre de 2026, las nuevas medidas sociales no forman un único paquete con una tramitación común: hay decisiones aprobadas por el Consejo de Ministros, decretos pendientes de respaldo parlamentario y propuestas todavía en preparación. El anuncio de reuniones extraordinarias antes de las elecciones del 29 de noviembre no incluye aún un calendario completo ni una relación cerrada de iniciativas.

Familias: aprobación anunciada y actualización de hoy

La novedad más inmediata es la protección de las familias monoparentales. En la entrevista del 9 de noviembre, Sánchez anticipó su aprobación para el Consejo de Ministros del día 10, sin concretar requisitos ni dotación, según Demócrata. La información posterior de EFE de este martes comunica que el Ejecutivo ya ha aprobado ampliar la protección a estos hogares, familias numerosas con pocos recursos y hogares con personas con discapacidad.

Según esa información, el alcance estimado supera los 760.000 hogares, casi tres millones de personas, con un coste anual de 820 millones de euros. Esa aprobación gubernamental no debe confundirse con la publicación y aplicación efectiva de cada prestación: las fuentes consultadas no concretan todavía todos los requisitos ni las fechas de solicitud.

Además, el anterior Proyecto de Ley de Familias caducó el 6 de octubre con la disolución de las Cortes. Por tanto, la nueva decisión no equivale a que aquel proyecto haya completado su recorrido parlamentario.

Protección social: medidas aprobadas en octubre

El Consejo de Ministros del 20 de octubre aprobó otro bloque de mejoras, según Demócrata. Incluye nuevas situaciones de baja laboral vinculadas a patologías de la menopausia y lesiones sufridas por víctimas de violencia de género; mejoras de viudedad y pensiones extraordinarias por terrorismo; protección para huérfanos de víctimas de violencia machista y personas afectadas por catástrofes.

También contempla ampliar la cobertura de ambos progenitores cuando cuidan a menores con cáncer u otras enfermedades graves, y extender a 19 semanas el subsidio especial por nacimiento y cuidado del menor para trabajadores del mar. El aumento del anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de 100 a 300 euros por beneficiario, figura asimismo entre las medidas anunciadas del paquete. No consta en las fuentes consultadas el desenlace parlamentario completo de este bloque.

Vivienda: el principal trámite parlamentario pendiente

Los dos decretos de vivienda aprobados el 6 de octubre están pendientes de convalidación: la votación que decide si se mantienen o se derogan. Demócrata sitúa la sesión el 12 de noviembre, ante la Diputación Permanente, y señala que los textos ya están en vigor desde su publicación.

Uno es el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, sobre protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible. Es distinto del Real Decreto-ley 26/2026, de septiembre, que fue derogado. El nuevo bloque incorpora protección del alquiler y frente a desahucios, junto con financiación y actuaciones para aumentar la oferta, explicadas por La Moncloa.

SMI y pensiones: propuestas y horizontes diferentes

Trabajo propone elevar el SMI de 2027 un 5,3 %, hasta 1.286 euros mensuales, con intención de aprobarlo antes del 29-N; sigue siendo una propuesta, no una subida aprobada (Demócrata). La revalorización de pensiones para 2027 se prevé antes de finalizar el año, no necesariamente antes de votar. El blindaje constitucional de su actualización es, en cambio, un compromiso para la siguiente legislatura.

El presidente del Gobierno tiene competencia propia para convocar reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros, presidirlas y fijar su orden del día. Para convocarlas no necesita un acuerdo previo del propio Consejo ni una autorización parlamentaria. Esta facultad organiza el trabajo del Ejecutivo, pero no permite sustituir las decisiones que legalmente corresponden al Gobierno como órgano colegiado.

Fundamento legal de la convocatoria

La atribución expresa se encuentra en el artículo 2.2.g) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El Tribunal Constitucional confirmó su alcance en el Auto 24/2017: corresponde al presidente «convocar, presidir […] y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros». Se trata de una competencia presidencial, no de una facultad que deba concederle previamente el conjunto de los ministros. Véase el Auto 24/2017.

Por tanto, el carácter extraordinario de una reunión no desplaza la competencia hacia otro órgano. La decisión de reunir al Consejo fuera de su programación habitual corresponde al presidente, en el marco de su función de dirección de la acción gubernamental.

Qué puede decidir el presidente

• La convocatoria: puede disponer que se celebre una reunión adicional cuando considere necesario someter asuntos al Consejo, sin esperar a su siguiente reunión habitual.
• El momento de celebración: la facultad de convocar comprende organizar cuándo se reúne el órgano. Debe distinguirse esta potestad de las exigencias de preparación y tramitación aplicables a los asuntos que vayan a examinarse.
• El orden del día: determina los asuntos que se someten a la reunión. Esta atribución no convierte en presidenciales las competencias que la ley reserva al Consejo de Ministros.
• La presidencia de la sesión: le corresponde dirigirla, sin perjuicio de la previsión del artículo 62.g) de la Constitución sobre la presidencia del Rey, expresamente salvada por la regulación legal.

Límites: convocar no equivale a decidir unilateralmente

Una reunión extraordinaria sigue siendo una reunión de un órgano colegiado. Su denominación no elimina la deliberación ni permite omitir los requisitos sustantivos o procedimentales de cada decisión. Tampoco debe confundirse la urgencia de reunir al Ejecutivo con la justificación jurídica exigida para adoptar determinadas medidas.

La Sentencia 45/2019 subraya que la deliberación es consustancial a las decisiones gubernamentales. Recuerda, además, que actos presidenciales como plantear una cuestión de confianza o proponer la disolución de las Cortes requieren deliberación previa del Consejo. Esa deliberación afecta al acto posterior; no constituye una autorización previa para convocar la reunión.

Convocatoria electrónica y Comisiones Delegadas

También debe distinguirse entre enviar electrónicamente la convocatoria y celebrar una sesión a distancia. La Sentencia 45/2019 admite el empleo de medios telemáticos para actuaciones documentales, como convocatorias y remisión de actas. Sin embargo, esa posibilidad no basta por sí sola para justificar una reunión telemática: la celebración, deliberación y adopción de acuerdos requieren su correspondiente cobertura jurídica.

Finalmente, el régimen de las Comisiones Delegadas no debe confundirse con el del Consejo. El artículo 6.1 de la Ley del Gobierno exige acuerdo del Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta presidencial, para crearlas, modificarlas o suprimirlas. Ese requisito organizativo no es una autorización previa para convocar un Consejo extraordinario, como permite distinguir la Sentencia 110/2021.

Antes de presidir Vox, Santiago Abascal desarrolló su carrera principalmente en el Partido Popular, primero en las instituciones vascas y después en entidades de la Comunidad de Madrid. Fue concejal de Llodio, procurador en las Juntas Generales de Álava y diputado del Parlamento Vasco. Su salida del PP en 2013 precedió a su participación en la creación de Vox y a su elección como presidente el 20 de septiembre de 2014.

Los primeros pasos en el PP vasco

Abascal inició su militancia en el PP durante la década de 1990. Las fuentes consultadas discrepan sobre el año exacto de afiliación —1994 o 1996—, pero coinciden en situar sus comienzos políticos en el País Vasco. Su actividad se desarrolló en un contexto marcado por la violencia de ETA; el perfil biográfico de Demócrata recoge que sufrió amenazas de la organización terrorista.

Dentro del partido también asumió responsabilidades organizativas. Fue presidente de Nuevas Generaciones del PP vasco entre 2000 y 2005 y formó parte del Comité Provincial del PP de Álava y de la Junta Directiva Nacional del partido. Esta vertiente orgánica discurrió en paralelo a sus primeros cargos de representación pública, según las reconstrucciones de su trayectoria publicadas por El Diario Vasco y RusSpain.

De la política municipal al Parlamento Vasco

Su primer cargo electo fue el de concejal del Ayuntamiento de Llodio, en Álava. Accedió a él en 1999, con 23 años, y lo mantuvo hasta 2007. En 1999 comenzó además a trabajar como asesor de la Subdelegación del Gobierno en Álava. Posteriormente fue procurador en las Juntas Generales de Álava entre 2003 y 2004, la institución representativa del territorio, según la citada reconstrucción de su carrera institucional.

Después pasó al Parlamento Vasco como representante del PP por Álava. Su presencia no fue completamente continua: ocupó el escaño entre enero de 2004 y febrero de 2005, y volvió a la Cámara entre octubre de 2005 y enero de 2009. Por tanto, aunque algunas biografías resumen esta etapa como 2004-2009, hubo una interrupción durante 2005 (cronología biográfica).

DENAES y los cargos en Madrid

En 2006 impulsó la Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES, que presidió durante varios años. Esta actividad se añadió a su trayectoria partidista e institucional, con la defensa de la unidad de España como objeto de la entidad (Telecinco).

Tras terminar su etapa parlamentaria vasca, pasó a desempeñar cargos en entidades de la Comunidad de Madrid. Entre 2010 y 2012 dirigió la Agencia de Protección de Datos autonómica, durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En 2013 estuvo al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, vinculada a la Administración madrileña. A diferencia de sus anteriores escaños, eran responsabilidades directivas, no cargos obtenidos mediante elección ciudadana (trayectoria previa a Vox).

La ruptura con el PP y la presidencia de Vox

Abascal abandonó el PP a finales de 2013, alegando discrepancias con la dirección de Mariano Rajoy sobre política territorial, nacionalismo y asuntos relacionados con ETA. Participó después en la creación de Vox, inscrito a finales de 2013 y presentado públicamente en enero de 2014. El 20 de septiembre de ese año fue elegido presidente de la formación (Telecinco).