El decreto ley que introduce rebajas fiscales sobre los combustibles para mitigar el encarecimiento energético derivado de la crisis en Oriente Medio ha obtenido el apoyo mayoritario de la Diputación Permanente del Congreso, con el voto en contra exclusivo de Vox y la abstención de Junts.
Al tratarse de un decreto ley, la norma estaba en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero debía ser convalidada o derogada por el Congreso en un plazo máximo de treinta días. Con las Cortes ya disueltas por el adelanto electoral, ha sido la Diputación Permanente la que ha asumido esta competencia.
Gracias a los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos --que en este órgano aglutina el voto del Grupo Mixto-- se ha decidido mantener las ayudas que se vienen aplicando desde marzo mediante distintos decretos leyes.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la norma ante la Comisión Constitucional del Congreso, solicitando a los distintos grupos parlamentarios su respaldo al conjunto de medidas incluidas.
En su exposición, Cuerpo ha detallado que, tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la consiguiente crisis energética, el Ejecutivo puso en marcha en marzo un plan de respuesta para amortiguar el impacto sobre los precios energéticos.
El Brent se mantiene cerca de los 100 dólares
El vicepresidente ha recordado que se preveía una mejora de la situación en junio, pero el conflicto se ha prolongado y sus efectos sobre los mercados continúan, de forma que el barril de Brent sigue moviéndose en torno a los 100 dólares.
“Por desgracia, la guerra se ha prolongado e incluso intensificado en muchos aspectos durante estos últimos meses”, ha señalado Cuerpo, quien ha precisado que de la subida del 4,9% que registró la inflación en septiembre, dos puntos obedecían al encarecimiento de la energía.
Ante este escenario, el titular de Economía ha subrayado la necesidad de prorrogar las medidas del decreto ley que, junto con otros dos decretos anteriores, conforman un paquete que implica más de 12.000 millones de euros de esfuerzo presupuestario.
Límite en la tarifa regulada del gas
Además del descuento al combustible, el decreto recupera dos instrumentos que ya se aplicaron en la fase más intensa de la guerra en Ucrania: restringe el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural y fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.
La norma determina que la cotización del gas solo podrá aumentar un 35% respecto al valor actual, de modo que la subida final de la TUR se sitúa en torno al 15%. Esta contención, coincidiendo con la llegada del invierno y el previsible repunte del consumo por la calefacción, tendrá continuidad. Así, en las revisiones trimestrales posteriores de la TUR, el alza máxima de la cotización del gas quedará limitada al 15% hasta compensar el déficit generado y recuperar el equilibrio.
En cuanto a la bombona de butano, aunque la fórmula de revisión del precio máximo del GLP envasado ya restringe la variación al 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral, se fija un tope de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, con el objetivo de garantizar el acceso de los hogares a un suministro básico cuyo precio máximo actual es de 18,84 euros. El déficit que pueda originarse se recuperará mediante el mecanismo habitual.
Rebaja del IVA de la luz si la subida supera el 15%
El decreto conserva también el mecanismo que permite reactivar la reducción del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. Si el IPC de septiembre de 2026 supera en un 15% el dato del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas bajará del 21% al 10% y el Impuesto sobre la Electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%.
Esta rebaja en la factura eléctrica se aplicará a los consumidores con potencias contratadas inferiores a 10kW y a los beneficiarios del bono social, mientras que la reducción del IVA alcanzará también al gas natural, las briquetas y 'pellets' y la madera para leña.
Paralelamente, se incrementan las reservas de gas natural licuado de cara al invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, junto a otras medidas que ya estaban previstas hasta final de año.
Prórroga de ayudas al transporte y al gasóleo agrario
En los sectores más afectados, se extienden las ayudas al campo y al transporte profesional por carretera.
En concreto, se prolongan durante todo 2026 las ayudas al transporte terrestre (devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro en octubre; 12 en noviembre y 19 en diciembre) y se mantienen los apoyos al transporte marítimo y ferroviario.
Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre la bonificación al gasóleo agrario de 20 céntimos por litro y la ayuda compensatoria para los armadores de pesca.
Como novedad, se crea una línea específica para el ferrocarril de mercancías con una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel, una reivindicación del propio sector. Se preservan igualmente las cláusulas sociales, como la prohibición de despedir para las empresas que reciban apoyo público.
Nuevos encargos a la CNMC sobre energía y alimentación
El decreto incorpora además dos nuevos mandatos a la CNMC. El primero consiste en un estudio sobre la formación de precios en los mercados mayorista y minorista, analizando el funcionamiento de la distribución y comercialización de la energía a lo largo de toda la cadena de valor.
El segundo encargo se refiere al análisis de la cadena de valor alimentaria, solicitando a la CNMC propuestas que permitan asegurar el buen funcionamiento del mercado y la eficacia de las medidas que se están aplicando.