El presidente presentó el Plan de Recuperación como un modelo de éxito, pero confundió los desembolsos procedentes de Bruselas con el gasto efectivo en proyectos. España ha renunciado además a 60.500 millones en préstamos y ha modificado reiteradamente sus compromisos
Pedro Sánchez aprovechó su balance del curso político para presentar la gestión de los fondos europeos como uno de los principales logros de su Gobierno. El presidente aseguró que España se encuentra entre los dos países con mayor éxito en la ejecución del programa Next Generation y sostuvo que la Administración ha superado "con nota" el desafío de canalizar la mayor transferencia de recursos comunitarios recibida por el país.
La comparación europea ofrece, sin embargo, una imagen bastante menos favorable. Los últimos datos homogéneos publicados por Eurostat indican que España había convertido en gasto efectivo alrededor del 44% de los recursos asignados, frente a una media comunitaria próxima al 53%. La distancia resulta todavía mayor respecto a Francia, con cerca del 97%; Alemania, con el 82%, e Italia, que rondaba el 57%.
España no ocupa el último puesto de la Unión, como llegó a suceder en algunos cortes estadísticos anteriores, pero sí permanece por debajo de la media y lejos de los países que han aprovechado con mayor rapidez sus recursos. Los datos, por tanto, no sostienen la afirmación de que España sea un modelo europeo de ejecución.
La aparente contradicción se explica por la utilización de magnitudes distintas. El Gobierno suele destacar el dinero transferido por la Comisión Europea, el volumen autorizado en los Presupuestos o las convocatorias resueltas. Eurostat mide el gasto que las administraciones han registrado efectivamente como realizado. Son momentos diferentes de una misma cadena y no pueden presentarse como si fueran equivalentes.
"Recibir el dinero de Bruselas no significa que se haya gastado, y mucho menos que se haya transformado la economía", explica a DEMÓCRATA Santiago Sánchez, economista y experto en fondos europeos consultado por Demócrata. A su juicio, el Ejecutivo ha apoyado buena parte de su relato en resoluciones y adjudicaciones, mientras la ejecución final ha avanzado con mayor lentitud.
De los 163.000 millones iniciales a un plan próximo a los 100.000
España llegó a disponer de un Plan de Recuperación valorado en unos 163.000 millones de euros: cerca de 80.000 millones en subvenciones y algo más de 83.000 millones en préstamos. Esa cifra situó al país como el segundo gran beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, solamente por detrás de Italia.
El perímetro ha cambiado sustancialmente. España ha terminado renunciando a unos 60.500 millones de los préstamos que tenía a su disposición. La reducción equivale aproximadamente al 37% del plan completo de 163.000 millones, y supone abandonar cerca del 73% de la financiación reembolsable que se había reservado inicialmente.
La renuncia no implica la pérdida de subvenciones a fondo perdido, pero sí reduce considerablemente la dimensión del programa. El Plan queda ahora próximo a los 100.000 millones de euros, según la última revisión planteada por el Gobierno.
El Ejecutivo argumenta que los préstamos europeos han perdido parte de su atractivo debido al cambio de las condiciones financieras y que España puede obtener financiación en los mercados en condiciones competitivas. La Comisión Europea también recomendó a los Estados priorizar las subvenciones y concentrarse en las actuaciones que pudieran terminarse dentro del plazo.
Esa explicación no elimina otra realidad: una parte de los préstamos estaba destinada a instrumentos financieros y proyectos industriales que no han llegado a desarrollarse con el alcance previsto. España ha reducido fondos, reordenado inversiones y descartado actuaciones que difícilmente podían completarse antes del cierre del mecanismo.
Los Estados deben cumplir los hitos y objetivos antes del 31 de agosto de 2026, mientras que la Comisión dispone hasta el 31 de diciembre para efectuar los últimos pagos. La proximidad del vencimiento ha obligado a numerosos países a revisar sus planes, pero España destaca por el volumen económico retirado.
En el conjunto de la UE, ocho Estados redujeron sus préstamos en unos 74.000 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 60.500 millones corresponden a España. Es decir, el recorte español representa más del 80% de todas las renuncias realizadas en la última reducción europea.
Recibir fondos no equivale a haberlos pagado
La Comisión había desembolsado a España 71.000 millones hasta el quinto pago, una cantidad equivalente al 44% del plan anterior de 163.000 millones. Posteriormente, el Gobierno solicitó un sexto desembolso por 7.256 millones, vinculado a 78 hitos y objetivos.
Tras su validación, España alcanzaría unos 60.500 millones en subvenciones y 17.300 millones en préstamos, cerca de 77.800 millones en total. El Gobierno utiliza esta cifra para defender que el país figura entre los más avanzados en la solicitud de pagos.
Pero el Mecanismo de Recuperación no funciona como los fondos estructurales tradicionales. Bruselas entrega el dinero cuando valida determinados hitos y objetivos. Algunos consisten en aprobar leyes o reformas administrativas y no requieren que todo el presupuesto asociado haya llegado todavía al destinatario final.
Por eso pueden convivir dos datos aparentemente contradictorios: España puede figurar entre los países que han recibido mayores desembolsos en términos absolutos y, al mismo tiempo, mantenerse por debajo de la media europea en gasto contabilizado.
Según los datos recogidos por Eurostat para el cierre de 2025, los países de la UE habían utilizado alrededor de 310.000 millones de los 577.000 millones que componían el Mecanismo, algo más del 53%. España se encontraba en el 44%. La comparación resulta especialmente significativa porque Italia, el único país con una dotación superior, había gastado alrededor del 57%.
La propia Comisión Europea ha advertido de que más de la mitad de las subvenciones presupuestadas seguía pendiente de gasto al terminar 2024 y ha reclamado acelerar la ejecución antes de que expire el programa. Su informe anual tampoco presenta un panorama exento de riesgos: pide a todos los Estados agilizar los proyectos para evitar que el calendario deje inversiones sin completar.
Nueve modificaciones y objetivos que dejaron de ser viables
El Plan español no ha permanecido inalterado desde su aprobación en 2021. El Gobierno ha solicitado sucesivas revisiones para incorporar nuevos recursos, cambiar calendarios, sustituir actuaciones y adaptar compromisos que habían dejado de ser viables.
Santiago Sánchez cifra en nueve las modificaciones acumuladas del diseño original. En ellas se han reducido o reformulado decenas de medidas y se ha recortado el alcance económico de varios Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los conocidos como PERTE.
El Gobierno sostiene que modificar el Plan forma parte del procedimiento previsto por la normativa europea y permite sustituir inversiones inviables por otras capaces de completarse. El Consejo de la UE ha aprobado las revisiones al considerar que no dañaban su coherencia general. En mayo de 2025, por ejemplo, autorizó cambios en doce medidas españolas relacionados con la reducción de cargas administrativas, la eliminación de trámites y la ampliación de un plazo afectado por la dana de octubre de 2024. Así lo recoge el Consejo de la Unión Europea.
Pero la aprobación comunitaria de las modificaciones no permite presentar como ejecutado aquello que ha sido eliminado, reducido o trasladado. La revisión final supone reconocer que el Plan de 163.000 millones anunciado tras la adenda de 2023 no se completará con aquella dimensión.
El quinto desembolso ya mostró los problemas para cumplir algunos compromisos. Bruselas suspendió cerca de 1.100 millones por los incumplimientos relacionados con la fiscalidad del diésel, la digitalización de administraciones autonómicas y locales y otras deficiencias detectadas en objetivos previamente validados.
Las primeras dudas sobre CoFFEE y el sistema de control
Los problemas de información y trazabilidad aparecieron durante los primeros años. Una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo viajó a Madrid en febrero de 2023 para analizar la ejecución española.
Los eurodiputados reclamaron entonces más claridad sobre CoFFEE, la plataforma creada para centralizar la información del Plan, comprobar hitos y seguir los proyectos financiados. La delegación puso de manifiesto las dificultades para obtener una imagen completa del recorrido del dinero hasta el beneficiario final.
También pidió explicaciones sobre la reforma de las pensiones y su sostenibilidad a largo plazo, uno de los compromisos estructurales incluidos en el Plan. El componente 30 exigía introducir mecanismos capaces de preservar la equidad intergeneracional y la estabilidad financiera del sistema.
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo no concluyó que España hubiera cometido un fraude generalizado ni rechazó el Plan, pero sí reclamó una supervisión más accesible, información completa y mayor capacidad para seguir el dinero desde la Administración central hasta el destinatario último.
Los cien mayores perceptores llegaron con retraso
Otro de los puntos de fricción ha sido la publicación de los cien mayores perceptores de fondos. La normativa europea obligó a los Estados a divulgar periódicamente esta información para reforzar la transparencia.
España publicó su primera lista el 1 de diciembre de 2023, siete meses después del plazo inicialmente establecido y aproximadamente mes y medio después de la prórroga concedida por la Comisión, según quedó recogido en una pregunta del Parlamento Europeo.
La relación mostró además una concentración muy elevada en el sector público. El 61% de los cien mayores receptores eran organismos públicos y absorbían aproximadamente el 88% del dinero distribuido entre ese grupo. ADIF y entidades vinculadas al Ministerio para la Transición Ecológica figuraban entre los principales perceptores.
Esta composición no implica por sí misma una utilización irregular. Las inversiones ferroviarias, energéticas y medioambientales forman parte de los objetivos del programa. Sin embargo, sí obliga a matizar la idea de que los fondos han llegado prioritariamente al tejido productivo, las pymes o los autónomos.
El peso de ADIF refleja la importancia concedida al ferrocarril y a la modernización de infraestructuras. Al mismo tiempo, numerosas iniciativas industriales han sufrido retrasos, reducciones de presupuesto o dificultades para encontrar proyectos privados capaces de cumplir las condiciones y los plazos.
Kit Digital: muchos beneficiarios, pero una transformación limitada
El Kit Digital es el programa que el Gobierno utiliza con mayor frecuencia para demostrar que los fondos han llegado a las pequeñas empresas. La iniciativa ha distribuido bonos entre cientos de miles de pymes y autónomos para contratar servicios de digitalización.
Su catálogo no se limita formalmente a crear páginas web. Incluye comercio electrónico, gestión de clientes, factura electrónica, herramientas de oficina virtual, ciberseguridad, presencia avanzada en internet y análisis de datos. No obstante, una parte relevante de las primeras ayudas se concentró en soluciones básicas de presencia digital, de impacto más limitado sobre la productividad.
El programa también ha generado quejas por retrasos, trámites complejos, dificultades de justificación y tensiones financieras para algunos agentes digitalizadores. El elevado número de bonos concedidos acredita una amplia capilaridad, pero no demuestra por sí mismo que se haya producido una transformación tecnológica profunda.
La gestión de Red.es ha quedado, además, bajo presión por las investigaciones en torno al empresario Juan Carlos Barrabés. La carta de recomendación firmada por Begoña Gómez en favor de una unión temporal de empresas vinculada al empresario forma parte de las diligencias judiciales. Ese episodio debe diferenciarse del conjunto del Kit Digital y no acredita por sí solo irregularidades en todo el programa, aunque ha ampliado el escrutinio sobre la gobernanza del organismo.
El balance pendiente de los Next Generation
Los fondos europeos han permitido financiar inversiones útiles, acelerar proyectos ferroviarios, extender infraestructuras digitales y acometer reformas que probablemente no se habrían realizado con la misma rapidez. España también estuvo entre los primeros países en solicitar varios pagos y ha cumplido una parte sustancial de los hitos negociados con Bruselas.
Pero esos avances no autorizan a confundir liderazgo en solicitudes o desembolsos con liderazgo en ejecución. La estadística europea sitúa a España por debajo de la media comunitaria en gasto efectivo y la revisión final ha reducido en más de 60.000 millones la dimensión financiera anunciada.
"El éxito no se puede medir por el dinero que Bruselas ingresa en el Tesoro, sino por la inversión terminada, pagada y capaz de elevar la productividad", resume Santiago Sánchez.
Esa es la cuenta que todavía debe presentar el Gobierno. Al Plan le quedan pocas semanas para completar sus inversiones y reformas. Cuando termine el plazo, el resultado no se medirá por los anuncios, las convocatorias ni las resoluciones publicadas, sino por cuánto dinero llegó realmente a la economía y qué transformación dejó detrás.