Exolum ha salido al paso tras recibir la notificación de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), motivado por tres posibles abusos de posición dominante. La compañía sostiene que las tarifas acordadas con sus clientes son “razonables y transparentes” y subraya que toda su operativa se desarrolla en estricto cumplimiento de la normativa de competencia y del marco regulatorio vigente.
Desde la empresa, y en declaraciones a Europa Press, recuerdan que la mera apertura de un procedimiento no determina su desenlace ni supone la constatación de ninguna infracción. Como argumento, destacan que la evolución de los precios de sus principales servicios se ha situado por debajo de la inflación año tras año durante los últimos 25 años, sin variaciones incluso en plena crisis energética reciente.
El operador de logística de hidrocarburos líquidos ha explicado que está revisando en detalle el contenido del expediente junto con sus asesores legales. Además, ha reiterado que prestará una cooperación total a la CNMC a lo largo de toda la tramitación del caso, al tiempo que ejercerá “con todas las garantías” sus derechos de defensa dentro del procedimiento administrativo.
Al mismo tiempo, Exolum ha subrayado su “firme compromiso con la legalidad, la libre competencia y las mejores prácticas de mercado” y ha puntualizado que, al encontrarse el expediente en fase de instrucción, no ofrecerá más comentarios sobre el fondo de la cuestión.
Tres presuntos abusos de posición dominante bajo la lupa
Este miércoles, la CNMC comunicó la apertura de una investigación a Exolum Corporation por tres posibles abusos de posición dominante. Según el regulador, el expediente sancionador se centra en supuestas prácticas anticompetitivas del principal operador de logística de hidrocarburos líquidos en España en los mercados de servicios logísticos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos, biocombustibles y otros productos químicos.
En una nota pública, el organismo presidido por Juan José Ganuza detalló que examina tres posibles abusos de posición dominante, entre ellos la aplicación de precios excesivos en sus tarifas y la negativa a permitir el acceso a sus infraestructuras de transporte y almacenamiento a un operador competidor en el puerto de Tarragona. De confirmarse, estas conductas podrían ser contrarias a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC).
Con todo, la CNMC insiste en que la incoación del expediente no anticipa el desenlace de la investigación. A partir de ahora se abre un plazo máximo de 24 meses para que el regulador concluya el análisis y adopte una resolución definitiva.