El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Víctor Rodríguez Prieto, ha reivindicado que los altos cargos de la función pública tienen la obligación de salvaguardar la neutralidad de la Administración y “plantarse” cuando una decisión política choque con los procedimientos legales o con los criterios técnicos fijados, especialmente cuando dichas decisiones puedan llegar a repercutir en la vida de las personas.
“Nosotros tenemos que garantizar que la administración sea neutral con independencia de quien lo dirija y plantarnos cuando hay una decisión política que va a ir en contra de los procedimientos legales, de los criterios técnicos o que incluso, como estamos viendo en estas últimas horas que está afectando a la vida de la gente y en este caso de forma fatídica”, ha señalado el también interventor auditor del Estado durante su intervención en el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Toledo.
Rodríguez Prieto ha defendido que los perfiles técnicos de la Administración marquen “una dirección clara” y comuniquen a los responsables políticos que, para poner en marcha sus proyectos, deben ajustarse a “los cauces y procedimientos establecidos”. A su juicio, corresponde a estos funcionarios servir de guía y de contrapeso profesional para asegurar que las iniciativas se encaucen conforme a la normativa y a los informes especializados.
No obstante, ha aclarado que este papel de supervisión no supone bloquear ni vetar las políticas que quieran impulsar los cargos electos, ya que estos disponen de “la legitimidad democrática de desarrollar su proyecto”.
“No significa decirle que no puede hacer algo, porque como he dicho al principio, tiene la legitimidad democrática de desarrollar su proyecto”, ha remarcado, subrayando que la labor de los funcionarios es garantizar el respeto a la ley y a la técnica, sin sustituir la voluntad política expresada en las urnas.