La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) ha reclamado que el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo) sea objeto de una investigación técnica “rigurosa, objetiva e independiente”.
Los integrantes del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado han expresado su hondo pesar por lo ocurrido, trasladando sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a todas las personas afectadas: “La gravedad de lo sucedido exige una respuesta a la altura de sus consecuencias”.
La asociación considera “imprescindible esclarecer las circunstancias del accidente, identificar los factores que hayan podido contribuir a él y adoptar las medidas necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a producirse”.
En esta línea, recuerda que “la independencia de la investigación es una condición indispensable” y reclama que sus compañeros de la autoridad investigadora (AITAT) —consejeros e investigadores— “dispongan de plena autonomía, medios suficientes y libertad para analizar todas las circunstancias concurrentes, formular sus conclusiones y emitir las recomendaciones que consideren oportunas”.
Aicape subraya que dicha independencia “debe garantizarse tanto frente a las organizaciones y entidades potencialmente implicadas como frente a cualquier presión política o administrativa”. A su juicio, “la confianza de la sociedad en las conclusiones dependerá de que el proceso investigador esté exclusivamente guiado por criterios técnicos y se desarrolle con plena transparencia”.
Los ingenieros insisten en que “la seguridad ferroviaria es una responsabilidad del sistema y no puede depender de decisiones individuales” y recuerdan que “la seguridad de un sistema ferroviario moderno se fundamenta en la identificación, evaluación y control de los riesgos”.
En este sentido, apuntan que “el factor humano está expresamente contemplado en estos sistemas como una fuente potencial de riesgo y, precisamente por ello, los procedimientos operativos, los sistemas de señalización y protección y los mecanismos de supervisión deben incorporar barreras suficientes para evitar que un error humano pueda comprometer la seguridad del sistema o derivar en un accidente”.
Asimismo, remarcan que un sistema de seguridad sólido “no puede depender de que las personas actúen siempre de manera perfecta, sino que debe ser capaz de detectar situaciones anómalas, impedir que se conviertan en situaciones de peligro y garantizar condiciones de circulación seguras incluso ante fallos técnicos o errores operativos”.
En un siniestro por alcance entre dos trenes, los especialistas sostienen que “el análisis debe abarcar necesariamente el conjunto del sistema: la infraestructura, la señalización, los sistemas de protección, los procedimientos de circulación en condiciones degradadas, las comunicaciones, la organización del control del tráfico”.
Del mismo modo, remarcan que la investigación “debe estudiar tanto los factores humanos como organizacionales; debe determinar qué barreras de seguridad existían, cuáles debían haber actuado y por qué, en su caso, no fueron suficientes”.
En opinión de la asociación, centrar la explicación únicamente en un posible fallo individual “supondría renunciar a comprender las posibles deficiencias sistémicas y organizativas que deben ser objeto de análisis”.
Aicape pone también el foco en la importancia de “recuperar la autoridad técnica y profesionalizar la dirección del sector ferroviario”.
En esta línea, recalca que “el accidente de Urda, junto con el desgraciado accidente de Adamuz, deben propiciar con carácter inmediato una reflexión sobre el modelo de organización y dirección del sector ferroviario español”.
La asociación observa con inquietud “la creciente penetración de criterios políticos en ámbitos de decisión que requieren una dirección esencialmente técnica y profesional”.
Recuerda que “la planificación, construcción, conservación, explotación y seguridad de las infraestructuras ferroviarias son actividades de extraordinaria complejidad que requieren conocimiento especializado, experiencia y continuidad”.
Por ello, advierte de que le resulta preocupante que puestos directivos de alto componente técnico “estén siendo ocupados por perfiles de naturaleza política, cuando deberían estar reservados a profesionales con formación y conocimiento acreditado del sistema ferroviario”.
En la misma línea, subraya que “la legítima dirección política de las administraciones públicas no debe confundirse con la dirección de las decisiones técnicas. Estas últimas deben corresponder a profesionales cualificados, con independencia de criterio, capacidad efectiva de decisión y responsabilidad sobre sus actuaciones”.
Desde Aicape, reivindican “una Administración ferroviaria fuerte, independiente, profesionalizada y dotada de autoridad técnica; una cultura de seguridad que no busque culpables individuales como sustituto del análisis sistémico; y unas instituciones investigadoras verdaderamente independientes”.
La asociación concluye que “la seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad. No puede ser de otra manera”, reafirmando así su demanda de una investigación ejemplar sobre lo ocurrido en Urda.