Colectivos de empleados públicos temporales han presentado en el Congreso de los Diputados un documento con sus “líneas rojas innegociables”, remitido al Grupo Parlamentario Socialista, en el que detallan las condiciones mínimas que, a su entender, debe incorporar cualquier reforma legal dirigida a atajar el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas.
Así lo ha informado este jueves el despacho de abogados Araúz de Robles, representante de diversas asociaciones de personal temporal y promotor del procedimiento sobre la temporalidad en el empleo público en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El bufete precisa que este texto de “líneas rojas innegociables” se registra en un contexto de especial trascendencia jurídica e institucional, tras la sentencia del TJUE dictada el pasado mes de abril en el asunto Obadal, en la que se concluye que las herramientas existentes en España para frenar el encadenamiento de contratos temporales en el sector público no se adecúan al Derecho de la Unión Europea.
Desde Araúz de Robles sostienen que cualquier modificación normativa que se apruebe tras el fallo europeo ha de partir de que el problema ha dejado de ser una cuestión de mera oportunidad política para convertirse en una obligación jurídica derivada del Derecho de la UE.
“El legislador español no tiene margen para aprobar una solución meramente formal o parcial. La sentencia Obadal exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, capaces de sancionar el abuso cometido y de eliminar sus consecuencias. Cualquier norma que deje fuera a colectivos afectados, que mantenga la precariedad o que se limite a indemnizaciones tasadas volvería a situar a España en un escenario de incumplimiento”, señala Javier Araúz de Robles.
A su juicio, la sentencia Obadal descarta que las fórmulas empleadas hasta ahora en España puedan considerarse suficientes para ajustarse a la normativa comunitaria. En particular, el TJUE ha puesto en tela de juicio la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos selectivos o de estabilización y el régimen de responsabilidad vigente cuando estos instrumentos no permiten castigar de forma adecuada el abuso ni reparar sus consecuencias.
Para Araúz de Robles, el pronunciamiento del TJUE obliga a revisar “de forma integral” la situación de funcionarios interinos, personal estatutario y personal laboral temporal que durante años han desempeñado funciones estructurales en sanidad, educación, justicia y administración general.
“No estamos ante una reivindicación corporativa, sino ante la necesidad de dar cumplimiento a una doctrina europea vinculante. Durante más de dos décadas, miles de empleados públicos han prestado servicios permanentes bajo vínculos formalmente temporales. Esa situación no puede resolverse con una compensación limitada ni con procesos que no distinguen adecuadamente entre quienes han sido víctimas del abuso y quienes no lo han sido”, advierte.
Reparación real y sanciones efectivas a la Administración
El escrito registrado por las organizaciones de interinos fija los requisitos mínimos que, a su juicio, debe respetar una futura ley para no repetir los fallos ya señalados por el TJUE: la inclusión de todos los colectivos afectados, una reparación “real” para quienes han sufrido el abuso, la implantación de una sanción efectiva frente a las Administraciones incumplidoras y la garantía de que la temporalidad abusiva no vuelva a consolidarse como práctica estructural.
Araúz de Robles recuerda que el conflicto tiene también una vertiente institucional inmediata, ya que la Comisión Europea emitió el pasado 29 de abril un dictamen motivado contra España, paso previo a un posible recurso ante el TJUE, al entender que el marco jurídico español continúa sin ofrecer una solución adecuada al abuso de temporalidad en el sector público.
El despacho subraya igualmente que la resolución de este problema condiciona el desbloqueo de fondos europeos ligados al cumplimiento de los compromisos asumidos por España.
Araúz enfatiza que corresponde a las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, aprobar la reforma legislativa, pero advierte de que dicha respuesta deberá encajar necesariamente en los parámetros marcados por las instituciones europeas.
“El Parlamento es quien debe legislar, pero debe hacerlo dentro del marco jurídico europeo. La sentencia Obadal no permite volver al punto de partida ni aprobar una solución que nazca ya como insuficiente. Lo que está en juego es la tutela efectiva de los derechos de miles de empleados públicos, la credibilidad del Estado español en el cumplimiento del Derecho de la Unión y también el riesgo de pérdida de 625 millones de euros de fondos comunitarios, además de una eventual sanción económica de la Comisión Europea que terminaríamos pagando todos los españoles”, señala Javier Araúz.