Jubilación sin recortes tras 40 años cotizados: todas las claves de la ley que empieza a tramitar el Congreso

La iniciativa a la que te refieres no es todavía una ley en tramitación avanzada, sino una proposición de ley registrada por Podemos en el Congreso de los Diputados para que quienes tengan al menos 40 años cotizados puedan acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores ni otras penalizaciones en la pensión. Según recoge el periódico Demócrata en septiembre de 2026, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar hoy, martes 22 de septiembre, su toma en consideración (noticia de Demócrata). Es decir, la iniciativa está pendiente de superar el primer filtro del Pleno: aún no ha sido admitida a trámite como ley.

En paralelo, en el Senado se ha tramitado y cerrado un expediente relacionado con la misma idea de fondo. Se trata de una certificación de acuerdo del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat para instar a modificar la Ley General de la Seguridad Social y eliminar las penalizaciones en la jubilación anticipada para personas con 40 o más años de cotización (expediente (15)810/001346). La Cámara Alta registró y tramitó esta iniciativa de impulso, y la información institucional indica que su tramitación concluyó el 17 de febrero de 2026; no es una ley en sentido estricto, sino una petición formal al legislador estatal.

Dicho esto, la proposición de ley de Podemos en el Congreso es el vehículo legislativo central ahora mismo. Demócrata describe que el Pleno “afrontará [...] la votación para decidir si da luz verde a la tramitación de la proposición de ley registrada por Podemos” para eliminar los coeficientes reductores a quienes han cotizado 40 años o más y que, además, reclama efectos retroactivos para jubilaciones ya reconocidas (otra pieza de Demócrata). Por tanto, la fase actual es previa a la toma en consideración: el Pleno debe decidir si inicia o no la tramitación como ley.

Si hoy el Pleno aprueba la toma en consideración, se abriría el recorrido parlamentario ordinario, que, de forma resumida, seguiría estos pasos en el Congreso y el Senado:

• 1. Fase de enmiendas en el Congreso: tras la toma en consideración, la proposición de ley se remite a la comisión competente (previsiblemente la de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Se abre un plazo para que los grupos registren:
  • Enmiendas a la totalidad (de devolución o de texto alternativo), si quieren sustituir o devolver la iniciativa.
  • Enmiendas al articulado, para modificar el contenido concreto de la proposición.
• 2. Ponencia y dictamen de comisión: la comisión designa una ponencia que elabora un texto refundido con las enmiendas aceptadas. Con base en ese informe, la comisión aprueba un dictamen que puede incorporar más cambios. Ese dictamen será la base del siguiente debate en Pleno.
• 3. Debate y votación final en el Pleno del Congreso: el Pleno debate el dictamen y las enmiendas que sigan vivas y, finalmente, vota el texto completoproyecto de ley remitido al Senado.
• 4. Tramitación en el Senado: la Cámara Alta puede:
  • Aprobar el texto tal cual, lo que dejaría la ley lista para su sanción.
  • Introducir enmiendas y devolver el texto modificado al Congreso.
  • Plantear un veto (rechazo global), que el Congreso podría posteriormente levantar por mayoría cualificada.
• 5. Segunda lectura en el Congreso: si el Senado introduce enmiendas o plantea veto, el Congreso decide:
  • Si acepta o rechaza el veto.
  • Qué enmiendas del Senado incorpora y cuáles descarta.
  Una vez resueltas estas cuestiones, el texto queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales.
• 6. Sanción y entrada en vigor: el texto aprobado se remite al Rey para su sanción y promulgación, y posteriormente se publica en el BOE. La ley entra en vigor en la fecha que señale su disposición final (habitualmente 20 días después de su publicación, salvo que disponga otra cosa).

En resumen, a fecha de hoy la iniciativa está en la fase de decisión sobre su admisión a trámite en el Pleno del Congreso. Solo si supera esta votación de toma en consideración iniciará el largo recorrido de comisión, enmiendas, Pleno, Senado y vuelta al Congreso necesario para convertirse efectivamente en ley y materializar la eliminación de los coeficientes reductores tras 40 años cotizados.

En materia de Seguridad Social, las proposiciones de ley siguen el mismo régimen general que cualquier otra iniciativa legislativa, pero con algunas particularidades derivadas de su impacto presupuestario y del reparto competencial constitucional. Las competencias del Congreso pueden ordenarse por fases del procedimiento y por los límites materiales que condicionan sus decisiones.

1. Admisión y calificación por la Mesa del Congreso

Las proposiciones de ley sobre Seguridad Social pueden proceder de diputados, grupos parlamentarios, Comunidades Autónomas o iniciativa legislativa popular. Conforme al Reglamento del Congreso (arts. 124 y 126–127):

• La Mesa del Congreso comprueba los requisitos formales (exposición de motivos, antecedentes suficientes y, en su caso, requisitos específicos de ILP o CCAA) y decide su admisión a trámite y publicación.
• En el caso de proposiciones provenientes del Senado ya tomadas en consideración allí, el Congreso las tramita como proposiciones de ley, pero sin nuevo trámite de toma en consideración (art. 125).

Aquí el Congreso ejerce una competencia de filtro formal y de ordenación del trabajo parlamentario, pero no entra todavía en el fondo de la regulación de la Seguridad Social.

2. Remisión al Gobierno y toma en consideración

Admitida la iniciativa, la Mesa la remite al Gobierno para que manifieste su criterio político sobre la toma en consideración y, sobre todo, su conformidad o disconformidad si la proposición implica aumento de gasto o disminución de ingresos (art. 126.2, en conexión con el art. 111 para enmiendas). En Seguridad Social esto es casi siempre relevante, porque:

• Las prestaciones, bases de cotización y tipos afectan directamente a los ingresos y gastos del sistema.
• Sin conformidad del Gobierno la tramitación puede verse bloqueada en lo que afecte a esos aspectos presupuestarios.

Transcurridos 30 días sin negativa expresa, se entiende otorgada la conformidad y la proposición queda en condiciones de ser sometida al Pleno para la toma en consideración (art. 126.3). El Pleno debate el conjunto de la iniciativa como en un debate de totalidad y decide, por mayoría simple, si la toma o no en consideración. Aquí el Congreso ejerce su competencia nuclear de selección política de las iniciativas legislativas, también en Seguridad Social.

3. Trabajo en Comisión y Ponencia

Si el Pleno la toma en consideración, la Mesa envía la proposición a la Comisión competente (habitualmente la de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y abre plazo de presentación de enmiendas (art. 126.5 y arts. 109 y ss.). En esta fase:

• Los grupos pueden presentar enmiendas al articulado (supresión, modificación o adición) que ajusten el diseño de prestaciones, financiación, régimen jurídico de cotizantes, etc.
• La Ponencia elabora un informe integrando, aceptando o rechazando enmiendas.
• La Comisión debate el informe, puede introducir nuevas modificaciones y aprueba un dictamen que se eleva al Pleno.

Si el Pleno le ha delegado la competencia legislativa plena, la Comisión puede incluso aprobar definitivamente el texto sin vuelta al Pleno, salvo que este recabe la deliberación final; pero en materias estructurales de Seguridad Social es frecuente reservar el cierre al Pleno.

4. Delegación en el Pleno, relación con el Senado y vuelta al Congreso

Como regla general, las proposiciones de ley, una vez dictaminadas, se someten al Pleno del Congreso para su debate artículo por artículo y votación final sobre el conjunto. Aprobado el texto, se remite al Senado, que puede:

• Aprobarlo sin cambios (pasa al Rey para sanción).
• Formular enmiendas, que el Congreso debatirá y aceptará o rechazará.
• Plantear un veto, que el Congreso puede levantar por mayoría absoluta inmediata o por mayoría simple tras dos meses, conforme al procedimiento legislativo común (arts. 120–123).

La última palabra corresponde siempre al Congreso, también cuando se trate de proposiciones de ley sobre Seguridad Social.

5. Papel del Gobierno y límites materiales en Seguridad Social

Además del filtro presupuestario ya mencionado, la materia de Seguridad Social está afectada por varios límites y márgenes específicos:

• La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE), de manera que el Congreso puede aprobar normas que definan el sistema, las prestaciones y su financiación con alcance estatal.
• Buena parte de la regulación de Seguridad Social se somete a reserva de ley, lo que refuerza el papel del Congreso frente a normas reglamentarias: aspectos como la configuración esencial de prestaciones, requisitos básicos de acceso o principios de financiación deben fijarse por ley aprobada en las Cortes.
• Cuando una proposición de ley de Seguridad Social incide en derechos fundamentales o en materias reservadas a ley orgánica, el Congreso debe tramitarla como tal conforme a los arts. 130–132 del Reglamento, exigiéndose mayoría absoluta en la votación final.

6. Síntesis

En resumen, el Congreso concentra las competencias decisivas en la tramitación de proposiciones de ley en Seguridad Social: decide su admisión y toma en consideración, dirige la fase de enmiendas, ponencia y comisión, fija el texto definitivo que se envía al Senado y resuelve en última instancia vetos y enmiendas de este. Todo ello sujeto al control de conformidad presupuestaria del Gobierno y a los límites constitucionales propios de la materia, que refuerzan, más que reducen, el papel del Congreso como sede de la decisión legislativa básica sobre el sistema de Seguridad Social.

En las últimas elecciones generales celebradas en España el 23 de julio de 2023 (el llamado 23J), Podemos no se presentó con una papeleta propia, sino integrado en la candidatura de Sumar. Eso condiciona mucho cómo puede responderse a tu pregunta, porque los resultados oficiales no desglosan cuántos votos o escaños correspondieron específicamente a Podemos dentro de esa coalición.

Resultados del 23J para el espacio en el que iba Podemos

De acuerdo con los análisis electorales y el seguimiento posterior de encuestas recogidos por el periódico Demócrata y otros medios (que toman como referencia los datos oficiales del escrutinio), la candidatura Sumar —en la que estaba integrado Podemos— obtuvo en las elecciones generales de 2023:

• 31 escaños en el Congreso de los Diputados.
• Un 12,3 % de los votos a nivel estatal.

En prácticamente todas las piezas de análisis posteriores se repiten esas cifras como el resultado de referencia del 23J para Sumar: 31 diputados y el 12,3 %. En todas ellas se aclara explícitamente que Podemos concurría integrado dentro de esa candidatura, de modo que:

• Los resultados oficiales del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral no separan un “voto Podemos” dentro de Sumar.
• Por tanto, no existe un dato oficial de “número de votos de Podemos” ni de “escaños de Podemos” en esas elecciones: sólo hay datos para la coalición completa Sumar.

La prensa y los institutos demoscópicos que comparan la situación actual con el 23J formulan siempre el contraste en estos términos: “en 2023, Sumar (con Podemos dentro) obtuvo el 12,3 % y 31 diputados; ahora, Sumar y Podemos aparecen medidos por separado en las encuestas”. Es decir, todo el mundo toma esos 31 escaños y ese 12,3 % como el resultado conjunto del espacio político Sumar–Podemos en 2023, pero sin asignación separada a cada partido.

En consecuencia, lo más ajustado a la realidad es decir:

• En las últimas elecciones generales, Podemos formaba parte de la candidatura de Sumar.
• La candidatura conjunta consiguió el 12,3 % de los votos y 31 escaños en el Congreso.
• No hay un cómputo oficial independiente de votos ni de escaños atribuibles sólo a Podemos en esa cita electoral.

Cuántos diputados de Podemos hay actualmente en el Congreso

Tras la constitución de la legislatura, se produjo una ruptura política entre Podemos y Sumar. Diversas crónicas parlamentarias detallan que:

• Los diputados elegidos en las listas de Sumar que militaban en Podemos abandonaron el Grupo Plurinacional Sumar.
• Esos diputados se integraron en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.
• Las informaciones identifican específicamente a cuatro diputados de Podemos en esa situación.

Un análisis de Demócrata sobre la reestructuración del grupo de Sumar en octubre de 2024 recuerda que la coalición de Yolanda Díaz obtuvo 31 escaños y precisa que “los cuatro de Podemos abandonaron sus filas y se integraron en el Mixto”. Los nombres que se citan como diputados de Podemos que pasan al Grupo Mixto son:

• Ione Belarra
• Javier Sánchez Serna
• Noemí Santana
• Martina Velarde

Con la información disponible, la fotografía parlamentaria es la siguiente:

• Podemos no tiene grupo parlamentario propio en el Congreso en esta legislatura.
• Cuenta con cuatro diputados, que ejercen como tal pero encuadrados en el Grupo Mixto, no bajo el paraguas de Sumar.

Resumiendo en una frase: en el 23J, Podemos concurrió integrado en Sumar dentro de una lista que obtuvo el 12,3 % de los votos y 31 escaños, sin desglose oficial por partido, y en la legislatura resultante Podemos dispone de cuatro diputados propios, actualmente situados en el Grupo Mixto del Congreso.