El consejo rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, presidido por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado luz verde este jueves a sus objetivos estratégicos hasta 2030, con la vista puesta en perfeccionar el diseño de las políticas impulsadas por el Gobierno.
Este documento constituye el primer plan de gestión de la Agencia, un organismo creado este mismo año con la misión de modernizar y mejorar la formulación de las políticas públicas.
El plan inicial, elaborado por la directora de la Agencia, Milagros Paniagua, fija como metas la consolidación institucional del organismo, la organización del sistema público de evaluación en el ámbito de la Administración General del Estado, el fortalecimiento de la función evaluadora de las políticas públicas y la rendición de cuentas.
La directora Milagros Paniagua ha destacado varios ejes prioritarios para la Agencia, entre ellos el impulso de la evaluación ex ante, es decir, analizar las medidas antes de su aprobación, en el momento en que la evidencia disponible aún puede contribuir a perfeccionar el diseño normativo.
El segundo eje se centra en el trabajo en red con los distintos departamentos ministeriales, acompañándolos en la integración de la evaluación en su actividad ordinaria. “El objetivo no es que la Agencia evalúe a los ministerios, sino que estos tomen la evaluación como parte ordinaria de su gestión y ganen autonomía para hacerla por sí mismos”, ha explicado Milagros Paniagua.
El tercer ámbito pasa por elevar la calidad de las evaluaciones, partiendo de una colaboración estrecha con la comunidad científica y académica, que atesora el conocimiento metodológico necesario, y facilitando el acceso a los registros administrativos, un recurso público ya generado por la Administración cuyo potencial para la evaluación está aún por explotar plenamente.
El consejo rector de la Agencia Estatal de Políticas Públicas, además del vicepresidente primero, está formado por la propia directora, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, y representantes de los ministerios de Hacienda y Transformación Digital, del Banco de España, de la AIReF, del CSIC y del INE, junto con tres expertos independientes.