La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha advertido de que, si el nuevo modelo de financiación autonómica aumenta la capacidad de gasto de las comunidades autónomas (CCAA), deberá recortarse en la misma proporción la capacidad de gasto de la Administración central para evitar un incremento neto del gasto computable que ponga en riesgo la sostenibilidad.
Durante su intervención en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Olóndriz ha acotado el papel de la AIReF como garante de la sostenibilidad fiscal y ha recordado que “no corresponde a esta institución pronunciarse sobre el reparto de recursos entre administraciones ni sobre la configuración concreta del sistema de financiación autonómica”, al tratarse de decisiones políticas que competen al Gobierno, a las comunidades autónomas y, en última instancia, al legislador.
La AIReF ha apuntado que “todavía no resulta posible realizar una valoración cerrada de sus efectos sobre la sostenibilidad, porque hay dos elementos especialmente relevantes que deben concretarse”. En primer lugar, el acuerdo contempla una modulación temporal en la percepción de los recursos de 2027, de forma que el porcentaje aplicado a las entregas a cuenta pueda situarse por debajo del 95% hasta en tres puntos porcentuales.
El organismo considera imprescindible medir el efecto de esta modulación sobre la financiación efectiva de las CCAA en el primer ejercicio de aplicación y concretar de qué manera se articulará su posterior ajuste.
En segundo término, el acuerdo “remite a futuros desarrollos normativos para que el gasto adicional de las CCAA financiado con los nuevos recursos permanentes no compute a efectos de la regla de gasto nacional. Además, no se hace ninguna mención a su impacto sobre otros subsectores”.
En este contexto, la AIReF insiste en que, si el nuevo sistema de financiación autonómica incrementa la capacidad de gasto de las CCAA, deberá disminuirse de forma simétrica la capacidad de gasto de la Administración central. “En caso contrario, se produciría un incremento neto del gasto computable que afectaría a la sostenibilidad”.
El organismo fiscal recuerda, además, que la posición de partida de las comunidades es muy dispar en términos de déficit y deuda, lo que obliga a tener en cuenta esta heterogeneidad a la hora de valorar el impacto del nuevo modelo.
La AIReF considera que “será necesario precisar el alcance de este cambio normativo y, sobre todo, asegurar su coherencia con la senda europea de gasto primario neto y con los compromisos agregados del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP)”.
Según la institución, solo cuando se concrete el desarrollo legal de la reforma podrá completar su análisis sobre las implicaciones fiscales y determinar si su diseño y aplicación resultan compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas.