La Asociación Nacional de Empresas del Transporte en Autocar (Anetra) ha reclamado a los partidos políticos un paquete de medidas para asegurar la competitividad y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas del sector, así como su protección frente a “la modernización” del transporte y el avance de la movilidad sostenible.
La organización solicita un mayor respaldo al transporte discrecional, turístico, escolar y de trabajadores, y alerta de que “no puede hablarse de movilidad sostenible dejando fuera de las políticas públicas a modalidades de transporte colectivo que contribuyen diariamente a reducir el uso del vehículo privado”.
En esta línea, Anetra traslada a las distintas formaciones “la necesidad de preservar el tejido empresarial” propio del transporte de viajeros por carretera, compuesto en “buena parte” por compañías familiares, y ve “imprescindible” que se respeten sus “tiempos de adaptación” a los nuevos requisitos regulatorios y tecnológicos.
Los empresarios de autocares denuncian que “las políticas públicas de movilidad, financiación y descarbonización no siempre reconocen de forma adecuada” la aportación de los servicios que prestan y critican que “frecuentemente quedan en un segundo plano frente al transporte regular de uso general”.
“La modernización del transporte no debería expulsar del mercado a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos políticas que favorezcan la competencia, la igualdad de oportunidades y la continuidad de un tejido empresarial que lleva décadas prestando servicio a la sociedad”, subrayan en un comunicado.
La patronal ha elaborado un documento de propuestas, titulado ‘Diez compromisos para el futuro del transporte de viajeros por carretera’, que está remitiendo a los partidos de ámbito estatal de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con la intención de que lo incorporen a sus programas y a las políticas públicas de la próxima legislatura.
Medidas para impulsar el transporte de viajeros por carretera
Entre sus demandas, Anetra propone reforzar el transporte colectivo de trabajadores mediante incentivos que impulsen su utilización y una revisión del tratamiento fiscal del plus de transporte; garantizar una competencia “equilibrada” frente a los operadores internacionales, con límites temporales y mecanismos de control; y poner en marcha un Acuerdo Marco Nacional del Transporte Escolar, con criterios homogéneos de contratación, un observatorio de costes y herramientas que aseguren la viabilidad económica de los servicios.
Asimismo, plantea proteger a las pymes en la contratación pública a través de licitaciones adaptadas a su tamaño, división de contratos en lotes, requisitos de solvencia proporcionados y presupuestos ajustados a los costes reales; una fiscalidad “favorable” y una renovación sostenible de las flotas, con líneas de ayuda estables, financiación accesible y neutralidad tecnológica; además de un Plan Nacional de Formación e Incorporación de Conductores Profesionales para hacer frente a la “creciente escasez” de personal y facilitar la entrada de jóvenes al oficio.
Por último, reclama facilitar el acceso de autobuses y autocares a las ciudades y destinos turísticos, evitando “restricciones desproporcionadas” y habilitando espacios adecuados de parada y estacionamiento; simplificar la normativa y reducir las cargas administrativas, con mayor seguridad jurídica, plazos “razonables” para adaptarse a las obligaciones digitales y un régimen sancionador “proporcionado”; así como asegurar la participación real de las pymes en el diseño de las políticas públicas y el reconocimiento de todas las modalidades de transporte colectivo en las estrategias de movilidad sostenible.