El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha planteado que, cuando un juez suspenda un desahucio por vulnerabilidad social, se active de forma automática una compensación económica para los pequeños propietarios. Esta ayuda se mantendría hasta que la Administración ofrezca una alternativa habitacional a las personas afectadas, con el fin de que la protección social no recaiga sobre los particulares, según el Informe sobre la Vivienda presentado este martes.
La propuesta prevé que el pago se sufrague con fondos autonómicos destinados a emergencia social y, en las zonas con mayor concentración de casos, con apoyo adicional del Estado. El cálculo de la cuantía se haría tomando como referencia la renta de mercado. El documento sugiere aprobar un marco legal en un plazo de 18 meses y dirigir la compensación a personas físicas con un parque muy limitado de inmuebles —en torno a tres viviendas—, dejando fuera a sociedades patrimoniales y grandes tenedores.
Esta iniciativa se integra en una hoja de ruta a 20 años sobre el mercado residencial. Entre las medidas, se propone revisar la normativa de arrendamientos urbanos aprobada desde 2019 mediante una evaluación independiente de su efecto sobre la oferta de vivienda. Asimismo, se plantea regular el alquiler de temporada para exigir una causa temporal concreta y demostrable, como estudios, empleo o tratamiento médico. Los contratos que no cumplan estos requisitos pasarían a someterse al régimen del alquiler de vivienda habitual.
Los gestores administrativos defienden también la creación de un sistema mixto público-privado que cubra impagos y ciertos daños en el arrendamiento de vivienda habitual. La prima se repartiría entre la Administración y el propietario, y en el esquema participarían el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y compañías aseguradoras.
En el ámbito de la construcción, el informe propone poner en marcha un Programa Nacional de Producción Residencial que concentre sus esfuerzos en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Estas provincias agrupan, según el documento, el 52,5% del déficit de vivienda. Además, se reclama activar suelo público, elaborar un inventario estatal de suelo disponible y acortar los plazos de tramitación urbanística, que sitúa en más de ocho años de media.
El texto incorpora también un procedimiento ágil de mediación para resolver conflictos por impagos, fianzas y reparaciones, así como la creación de un registro estadístico de rentas reales basado en contratos formalizados y depósitos de fianzas, en lugar de utilizar exclusivamente los precios anunciados en portales inmobiliarios.
UNA HOJA DE RUTA A 20 AÑOS
El Consejo estructura las medidas en distintos horizontes temporales. Algunas actuaciones, como mejorar la coordinación entre administraciones y revisar la normativa del alquiler, podrían ponerse en marcha en los primeros cien días. Otras, como el programa de producción residencial o los sistemas de garantía, tendrían un desarrollo a lo largo de una legislatura.
Como solicitud específica, el organismo propone constituir una mesa de trabajo con el Ministerio competente y las comunidades autónomas para diseñar un expediente digital único, reducir cargas burocráticas e implantar un sistema nacional de indicadores de vivienda.