El precio de la gasolina hoy, jueves 12 de noviembre: la gasolina 95 baja a 1,638 euros y el diésel, a 1,846

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no aprueba el precio ordinario de la gasolina o el gasóleo: recibe los importes comunicados por las empresas y los publica para facilitar su comparación. Por tanto, actualizar esos precios no exige aprobar una nueva orden ni publicarlos individualmente en el BOE, sino aplicar el procedimiento de comunicación y difusión vigente.

1. Aplicar el marco normativo

La norma principal es la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos. Sus artículos 3 a 6 regulan quién informa, qué comunica y cuándo; el artículo 20 regula la publicación. Sus anexos han sido modificados, entre otras disposiciones, por la Resolución de 5 de diciembre de 2025.

2. Recibir la información de los sujetos obligados

El procedimiento comienza con la comunicación de los operadores mayoristas y de los responsables de las instalaciones, según su relación contractual y de explotación. Debe identificarse la estación, el carburante, el precio y la fecha y hora desde las que resulta aplicable.

Para las estaciones de servicio, el artículo 6 establece estos plazos:

• Comunicación semanal: todos los lunes o el siguiente día hábil si el lunes es festivo.
• Comunicación de cada cambio: con una antelación máxima de tres días y mínima de una hora respecto de su aplicación efectiva.

La orden también contempla que determinados distribuidores declaren que sus precios coinciden con los máximos o recomendados por el operador, renovando trimestralmente esa declaración. Si aplican otros precios, deben comunicarlos conforme al régimen general.

3. Tramitar la remisión electrónica

La información se envía mediante las modalidades electrónicas previstas y los formatos aplicables. La presentación genera un justificante con fecha y hora, que acredita el cumplimiento del envío. El Ministerio debe asociar cada comunicación a la instalación y al momento de vigencia correspondiente para actualizar correctamente la información difundida.

Además, los responsables deben mantener actualizados los datos identificativos de las instalaciones: la disposición adicional primera fija un plazo máximo de 15 días naturales desde que se produzcan cambios. Esta obligación es distinta de la comunicación anticipada de precios.

4. Publicar los últimos precios disponibles

El artículo 20 permite difundir los precios y la información general de las instalaciones por medios informáticos o telemáticos, «manteniendo esa información actualizada con los últimos datos disponibles». El canal de consulta es el Geoportal, accesible desde las consultas de carburantes del Ministerio.

La publicación refleja el precio de surtidor sin descuentos, no necesariamente el importe que pagará quien utilice promociones o tarjetas. La actualización de la información no equivale a una autorización administrativa del precio comunicado.

5. Proteger la confidencialidad y distinguir otros procedimientos

Los precios de venta y los datos generales de las estaciones tienen carácter público. En cambio, la información protegida por secreto comercial debe tratarse confidencialmente y solo puede divulgarse de forma agregada en los términos de la orden.

Si el Ministerio quiere cambiar los requisitos de comunicación, debe distinguir esa reforma de la actualización cotidiana: la disposición final primera habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para modificar los anexos mediante resolución. En resumen, el circuito ordinario es comunicación empresarial, recepción electrónica, actualización y difusión; modificar sus reglas exige utilizar el instrumento normativo correspondiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene competencias de regulación, supervisión administrativa y control sectorial sobre el mercado de carburantes. No obstante, no concentra toda la vigilancia: la CNMC ejerce funciones propias de supervisión del mercado, transparencia y defensa de la competencia. Por tanto, no sería correcto afirmar ni que el Ministerio carece de competencias supervisoras ni que sustituye al regulador independiente.

1. Ordenación del sector y control de operadores

El Ministerio elabora y ejecuta la política energética y desarrolla la normativa aplicable al suministro de productos petrolíferos. Su estructura orgánica, regulada por el Real Decreto 503/2024, incluye la supervisión del mercado de hidrocarburos líquidos y las facultades de control, inspección y sanción que correspondan a la Administración General del Estado, según sus funciones ministeriales.

En concreto, el artículo 42 de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos establece que los operadores mayoristas deben comunicar el inicio o cese de actividad y presentar una declaración responsable. El Ministerio puede exigirles que acrediten el cumplimiento de los requisitos para operar y comunica esa información a la CNMC y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

Este control puede desembocar en una inhabilitación para ejercer la actividad. Un ejemplo es la Orden TED/1136/2026, de 26 de octubre, relativa a Biovigo Energy. No se trata, por tanto, únicamente de una función normativa.

2. Información sobre precios y suministros

El MITECO recibe información necesaria para conocer y seguir el mercado. La Orden ITC/2308/2007 obliga a los sujetos incluidos en su ámbito a remitir precios, descuentos, cantidades vendidas o consumidas y datos de las instalaciones. Sus anexos fueron actualizados mediante la Resolución de 5 de diciembre de 2025.

Debe distinguirse entre recibir y gestionar información sectorial y perseguir una conducta anticompetitiva. El Ministerio utiliza los datos para sus funciones administrativas y de política energética; la CNMC analiza precios y márgenes y ejerce las facultades de vigilancia y actuación que le atribuye la legislación.

3. Seguridad del abastecimiento

Otra competencia esencial es garantizar la continuidad del suministro mediante el régimen de existencias mínimas de seguridad. El artículo 52 de la Ley 34/1998 somete CORES a la tutela ministerial y le atribuye la verificación y control de reservas, la remisión de información y las inspecciones necesarias sobre las obligaciones de los sujetos afectados.

El Real Decreto 1716/2004 desarrolla este régimen. El Ministerio interviene también en la ejecución de medidas de liberación de reservas: así lo muestra la Orden TED/1100/2026, de 20 de octubre. La adopción de medidas por el Gobierno y su ejecución ministerial deben diferenciarse.

4. Límites y coordinación con la CNMC

La CNMC vigila el funcionamiento competitivo del mercado y el acceso no discriminatorio a instalaciones de transporte y almacenamiento. La Ley 34/1998 le atribuye resolver conflictos de acceso y remitir al Ministerio un informe anual sobre las metodologías de tarifas logísticas.

La coordinación no elimina esa separación. El acuerdo de marzo de 2026 reforzó el intercambio diario de información. Además, a petición del MITECO, el Consejo de Ministros solicitó recomendaciones sobre márgenes. En síntesis: el Ministerio ordena y controla obligaciones sectoriales; la CNMC supervisa el mercado y la competencia, sin que ninguno absorba las competencias del otro.

La norma que regula específicamente esta obligación es la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos. Para las estaciones de servicio, las disposiciones esenciales son sus artículos 3 a 6 y el anexo I.1. Aunque su denominación conserva la referencia al antiguo ministerio, es la norma de referencia para la comunicación de precios que planteas.

1. Obligación y sujetos responsables

El artículo 1 de la Orden ITC/2308/2007, publicada en el BOE del 31 de julio de 2007, establece su objeto: definir la información sobre precios, descuentos y cantidades vendidas o consumidas que las empresas suministradoras deben proporcionar a la Administración. Entró en vigor el 1 de noviembre de 2007.

Los artículos 3 y 4 identifican a los obligados, según la relación jurídica y comercial de cada instalación:

• Los operadores mayoristas, respecto de las instalaciones de su red de distribución.
• Los titulares de derechos de explotación de instalaciones cuya explotación haya cedido un operador y los titulares vinculados mediante contratos de suministro en exclusiva.
• Los titulares de instalaciones minoristas que no formen parte de la red de un operador mayorista.

Por tanto, la obligación no afecta únicamente a las gasolineras independientes. Debe determinarse quién comunica los datos atendiendo al régimen de explotación y suministro de cada estación.

2. Información y frecuencia de comunicación

El artículo 5 exige remitir precios, cantidades, descuentos y datos básicos de las instalaciones conforme al anexo I.1. El artículo 6.1 dispone literalmente que la información de precios se envíe «todos los lunes o día hábil posterior en el supuesto de ser festivo y cuando se produzca un cambio».

Ese mismo precepto establece una antelación máxima de tres días respecto de la aplicación de los nuevos precios y, como mínimo, una hora antes de su aplicación efectiva. La actualización semanal no sustituye, por tanto, la comunicación de los cambios de precio.

La orden contempla también una declaración de coincidencia con los precios máximos o recomendados del operador, renovable trimestralmente. Si el minorista aplica precios distintos, debe comunicarlos siguiendo la regla general. Además, diferencia estos envíos de las obligaciones mensuales y anuales relativas a otras informaciones.

3. Anexos y modificaciones posteriores

Para cumplir materialmente la obligación no basta con consultar el articulado original: deben utilizarse los anexos actualizados. Se han localizado estas disposiciones modificativas:

• Resolución de 26 de marzo de 2009, publicada el 10 de abril.
• Resolución de 10 de marzo de 2020, publicada el 19 de marzo.
• Resolución de 5 de diciembre de 2025, publicada el 15 de diciembre, que publica los anexos modificados de la orden.

4. Publicidad e incumplimiento

El artículo 20 considera públicos los precios de venta y la información general de las instalaciones, y permite su difusión actualizada. El artículo 19 vincula el incumplimiento de los plazos, del contenido o de la forma de envío con el régimen sancionador del sector de hidrocarburos, remitiéndose al artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2000 y a la Ley 34/1998.

En definitiva, la referencia principal que conviene citar es la Orden ITC/2308/2007, artículos 3 a 6 y anexo I.1, con sus modificaciones posteriores. No debe confundirse esta comunicación administrativa con la obligación distinta de informar mediante carteles en carreteras.