El 75% de los trabajadores en España cree que la pensión pública no bastará para sostener su nivel de vida una vez llegue la jubilación, una percepción que se incrementa hasta el 78% en el caso de los más jóvenes, según un informe de Nationale-Nederlanden elaborado a partir de 500 medianas y grandes compañías y 2.000 empleados.
Pese a este temor generalizado, esa preocupación apenas se traduce en ahorro real, ya que solo el 9,2% de los participantes en la encuesta cuenta con algún sistema de previsión social impulsado por su empresa.
En un desayuno informativo celebrado este miércoles, el director de Negocio de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, Mikel Maylin, ha advertido de la “brecha” existente entre la inquietud de la población y la planificación financiera que lleva a cabo.
Maylin ha considerado “esencial” combinar el sistema público de reparto con el ahorro promovido por las empresas (segundo pilar) y el individual (tercer pilar) para afrontar el desafío estructural del envejecimiento de la población.
La importancia de empezar a ahorrar cuanto antes
Durante el encuentro, el directivo ha avisado de que la elevada tasa de sustitución de las pensiones en España (relación entre la primera pensión de jubilación y el último salario del trabajador) puede generar una “falsa sensación de seguridad”.
Tal y como ha explicado, este indicador, situado en torno al 80% en España, debe interpretarse en función del nivel de ingresos y de las necesidades reales en la etapa de retiro, ya que, por sí solo, no garantiza mantener el mismo estándar de vida.
En esta línea, Maylin ha insistido en que adelantar el momento de comenzar a ahorrar disminuye de forma notable el esfuerzo requerido. A través de una simulación presentada en la jornada, se observa que destinar 100 euros mensuales entre los 25 y los 65 años (48.000 euros en total) permite reunir un capital estimado de 116.000 euros gracias a la capitalización. En cambio, si se inicia el ahorro a los 55 años, sería necesario aportar 400 euros al mes durante diez años para alcanzar esa misma contribución, logrando un capital aproximado de 58.000 euros.
Por ello, ha recomendado empezar pronto con pequeñas aportaciones, como 10 o 20 euros al mes, para interiorizar el hábito.
Al analizar las causas de la escasa implantación de la previsión social empresarial, pese al extendido recelo sobre la suficiencia de las pensiones, Maylin ha señalado elementos como las urgencias económicas del día a día (por ejemplo, la vivienda), los costes asociados y la falta de comunicación interna.
De hecho, ha citado casos de compañías con más de 10.000 empleados y apenas 200 partícipes en sus planes por no comunicar adecuadamente sus ventajas.
Desigualdad territorial en los planes de ahorro de empresa
Asimismo, Maylin ha remarcado que las pequeñas y medianas empresas se topan con más obstáculos, derivados de la complejidad administrativa y de la ausencia de recursos específicos, por lo que ha abogado por simplificar los procedimientos y potenciar instrumentos sectoriales y modelos simplificados.
El barómetro de Nationale-Nederlanden pone de manifiesto fuertes diferencias entre territorios en la adhesión a sistemas de previsión social empresarial. Mientras en Madrid la participación se sitúa en el 15,3%, en Cataluña alcanza el 10%, en Andalucía el 9,8% y en la Comunidad Valenciana el 4,3%.
Estas tasas contrastan con la realidad del País Vasco, donde el peso de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y la negociación colectiva —en especial en el sector del metal— hace que el 43% de los trabajadores disponga de ahorro empresarial, gestionando cerca de 32.000 millones de euros para unos 800.000 empleados.
Maylin ha animado a las empresas a incorporar la previsión social en sus políticas de gestión del talento y de bienestar financiero con el fin de atraer y fidelizar profesionales, acompañándolo de programas de educación financiera que permitan a la plantilla organizar mejor sus recursos.
Por último, el representante de Nationale-Nederlanden ha sugerido mirar a experiencias internacionales como la adscripción automática (auto-enrolment) del modelo británico para favorecer una participación masiva. No obstante, ha subrayado que cualquier cambio en España debe basarse en un amplio consenso político, con una estrategia a 20 o 25 años, gradual y que garantice la financiación de quienes ya están jubilados.