El Tribunal Supremo ha confirmado las medidas cautelares que afectan a determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la denominada ley de nietos y ha establecido que seguirán vigentes para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala Tercera ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra el auto del pasado 10 de septiembre, una decisión que Iustitia Europa ha celebrado como un respaldo a la iniciativa judicial que la formación puso en marcha a finales de junio.
El pronunciamiento mantiene la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones comprendidas en las medidas cautelares, salvo en los casos en los que los registros consulares acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por el tribunal. La resolución se refiere a 163.020 electores inscritos en el CERA a fecha de cierre censal del 1 de agosto de 2026, dentro del universo afectado por la controversia sobre la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Uno de los puntos más relevantes del auto es el reproche a la Administración por la falta de información sobre la ejecución de las medidas. El Supremo afirma que el grado de cumplimiento resulta «inexistente o, al menos, desconocido», dado que ni la Administración General del Estado ni el Instituto Nacional de Estadística han aportado datos que permitan determinar cuántos expedientes se han revisado y cuál es el alcance de las actuaciones realizadas.
La Sala rechaza además que la Administración pueda justificar la falta de ejecución por una imposibilidad material cuando esta deriva de su propia actuación. «No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla», señala el tribunal.
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Pardo reivindica la iniciativa de Iustitia Europa
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha celebrado este lunes la decisión y ha reivindicado que fue su formación la que abrió esta vía judicial al presentar una denuncia ante la Junta Electoral Central el pasado 28 de junio. La iniciativa buscaba que se examinaran los mecanismos de control y trazabilidad de determinadas incorporaciones al censo exterior.
"El Supremo ha confirmado que la transparencia y la trazabilidad del censo son una exigencia democrática, también cuando las elecciones ya están convocadas", afirma Pardo en la valoración jurídica difundida este lunes.
El dirigente sostiene que la formación planteó una cuestión que, a su juicio, no había sido abordada hasta entonces por otros partidos: cómo comprobar la documentación que respalda cada inscripción, qué requisitos se han acreditado y qué controles permiten reconstruir el procedimiento administrativo.
"Durante años se celebraron elecciones y nadie quiso abrir este debate. El 28 de junio decidimos hacerlo nosotros. Iustitia Europa nació de la sociedad civil y tuvo que ser precisamente la sociedad civil la que planteara una pregunta elemental: quién forma parte del censo, cómo ha llegado hasta él y qué controles existen para garantizar su trazabilidad", afirma.
Pardo considera que la confirmación de las cautelares tiene especial trascendencia porque las elecciones ya están convocadas. "El Estado recurrió las cautelares y el Supremo las confirma íntegramente. La tutela que conseguimos el 10 de septiembre sigue vigente y hoy tiene una fecha electoral concreta: el 29 de noviembre", subraya.
El cumplimiento de las órdenes judiciales, en el centro
Para el presidente de Iustitia Europa, la falta de información sobre la ejecución de las medidas constituye uno de los aspectos más significativos de la resolución. "Existe una resolución del Tribunal Supremo, existe una obligación de ejecución y, un mes después, la propia Sala afirma que desconoce cuál es el grado de cumplimiento", señala.
Pardo insiste en que las dificultades administrativas no pueden convertirse en un argumento para dejar sin efecto una decisión judicial. «La dificultad administrativa nunca puede convertirse en un mecanismo para vaciar una resolución judicial», sostiene, al reclamar que la Administración ejecute lo ordenado por el tribunal.
La formación sitúa la trazabilidad en el centro de su estrategia jurídica. Según explica su presidente, no se trata únicamente de conocer el número de personas afectadas, sino de poder reconstruir cada expediente, identificar la documentación aportada y comprobar qué criterios se utilizaron para autorizar la inscripción.
El propio auto recuerda que la limpieza del censo es un elemento esencial para la legitimidad democrática y advierte de que las dudas sobre su regularidad pueden afectar a la legitimidad de los representantes elegidos. Pardo destaca ese pronunciamiento como una confirmación de la relevancia que atribuye a la iniciativa de su partido.
"La legitimidad de nuestras instituciones nace de la voluntad popular, y la voluntad popular exige un censo sometido a la ley, verificable y transparente", afirma.
Iustitia Europa también ha anunciado que seguirá vigilante ante eventuales actuaciones ante el Tribunal Constitucional, como ya ha avanzado el PSOE, y ha reclamado respeto a la separación de jurisdicciones, a la tutela judicial efectiva y a las resoluciones ya dictadas.
El procedimiento continúa pendiente de una resolución definitiva sobre el fondo. Entretanto, el Supremo mantiene las medidas cautelares en los términos establecidos, con efectos expresos sobre las elecciones del 29 de noviembre. Para Pardo, la decisión confirma que la convocatoria electoral no exime a las administraciones de cumplir las resoluciones judiciales y que la transparencia del censo debe garantizarse también durante un proceso electoral en marcha.