La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha trasladado al terreno electoral dos debates que ya ocupaban buena parte de la agenda política. La vivienda y la inmigración se perfilan como asuntos centrales de la precampaña, en un contexto marcado por las dificultades de acceso al alquiler, las protestas de los sindicatos de inquilinas y las diferencias entre partidos sobre las políticas migratorias.
Ambas cuestiones llegan a las urnas con antecedentes distintos. Mientras la vivienda ha protagonizado algunas de las principales iniciativas legislativas y disputas parlamentarias de las últimas semanas, la inmigración mantiene abiertas las diferencias entre las formaciones sobre la gestión de los flujos migratorios, las vías de regularización y las políticas de acogida, sobre todo a raíz de una crisis en Ceuta que, por ahora, no parece del todo resuelta.
La disolución de las Cortes del pasado 6 de octubre añade otro elemento a esta situación, puesto que los partidos deberán combinar la defensa de sus propuestas electorales con las decisiones que todavía pueda adoptar el Gobierno antes de los comicios, incluida la aprobación de medidas que requieran posteriormente el pronunciamiento de la Diputación Permanente.
La vivienda llega a las elecciones tras semanas de movilizaciones
La política de vivienda ocupa un lugar destacado en el debate político después de que el Gobierno impulsara nuevas medidas sobre el alquiler y la protección de los hogares vulnerables, cuya tramitación ha evidenciado las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria. El rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso y la decisión del Ejecutivo de volver a aprobarlos han convertido esta materia en uno de los últimos grandes enfrentamientos de la legislatura.
A la disputa institucional se suma la movilización social, que ha adquirido una nueva dimensión tras el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid cuya situación desencadenó concentraciones y protestas por el acceso a la vivienda. Las organizaciones de inquilinas han mantenido sus reivindicaciones más allá de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y han situado la huelga general por la vivienda entre sus próximas convocatorias.
En este escenario, los partidos llegan a la precampaña con diferencias sobre el alcance de la intervención pública en el mercado del alquiler, los incentivos a los propietarios y la protección de los inquilinos. El PSOE defiende las medidas promovidas desde el Gobierno, mientras que el PP y Vox han cuestionado distintas fórmulas de regulación y las fuerzas a la izquierda de los socialistas reclaman una intervención más amplia.
Ceuta sitúa la inmigración en el centro de la precampaña
La inmigración lleva ocupando tiempo un lugar destacado en el debate electoral, con Ceuta como uno de los principales escenarios de la confrontación política. La gestión de la frontera con Marruecos, la atención a los menores migrantes no acompañados y las condiciones de acogida han adquirido especial relevancia en una ciudad donde las decisiones del Gobierno central tienen consecuencias directas sobre los servicios públicos y las relaciones con el país vecino.
El Partido Popular pretende dar un protagonismo especial a Ceuta en su discurso electoral. Alberto Núñez Feijóo ha situado la política migratoria entre sus prioridades de gobierno, con propuestas para reforzar el control de las fronteras y modificar el sistema de gestión de la inmigración. Vox, por su parte, defiende medidas más restrictivas sobre la entrada y permanencia de extranjeros, mientras que el PSOE apuesta por combinar el control fronterizo con vías de migración regular y políticas de integración.
La importancia de Ceuta en esta precampaña se explica también por la crisis migratoria de finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos. Feijóo ha comenzado a situar la ciudad autónoma como uno de los principales símbolos de su alternativa de gobierno, con una visita junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y críticas a la gestión del Ejecutivo central. El PP pretende dar continuidad a este asunto durante la campaña, vinculándolo con el control fronterizo, la seguridad y las relaciones con Marruecos.
La atención política sobre Ceuta coincidirá con una visita histórica de Felipe VI y la reina Letizia los días 13 y 14 de octubre a Ceuta y Melilla, respectivamente. Los monarcas pernoctarán en Ceuta, algo que no había hecho un jefe del Estado durante la democracia, y participarán en encuentros institucionales y con representantes de la sociedad civil. El viaje, consensuado entre la Casa Real y el Gobierno, incluirá un homenaje a las personas fallecidas durante la crisis migratoria de julio. Pedro Sánchez no acompañará a los Reyes.
Vox también ha elegido Ceuta para reforzar su discurso sobre inmigración y fronteras. Santiago Abascal viajará allí el lunes 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional, en lugar de asistir al desfile militar de Madrid. Lo hará acompañado por Joan Bardella, dirigente de Agrupación Nacional y presidente del grupo Patriots en el Parlamento Europeo, al que pertenece Vox.
Dos debates que atraviesan la competencia entre bloques
La vivienda y la inmigración no solo separan a los partidos de distintos espacios ideológicos, sino que también evidencian diferencias dentro de los bloques parlamentarios que han marcado la legislatura.
En materia de vivienda, las discrepancias sobre la regulación del alquiler han complicado los acuerdos entre el Gobierno y algunas de las formaciones de las que dependía su mayoría. En inmigración, las diferencias afectan tanto al contenido de las propuestas como a la forma de gestionar las competencias y los recursos destinados a la acogida.
El adelanto electoral obliga ahora a trasladar esas posiciones a los programas y a las candidaturas del 29N, en un momento en el que las negociaciones para configurar alianzas siguen abiertas, especialmente entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.
De las medidas del Gobierno a los compromisos electorales
El periodo comprendido entre la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones permitirá comprobar qué iniciativas del Ejecutivo se materializan antes del 29 de noviembre y cuáles quedan pendientes de la siguiente legislatura.
Aunque el Congreso y el Senado están disueltos, el Gobierno conserva sus competencias hasta las elecciones y puede aprobar reales decretos-leyes en los supuestos constitucionalmente previstos, cuya convalidación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. La situación cambiará después de los comicios, cuando el Ejecutivo entre en funciones y su actuación quede sometida a las limitaciones establecidas legalmente.
De este modo, la precampaña se desarrollará entre medidas todavía pendientes, propuestas que deberán incorporarse a los programas electorales y compromisos cuya aplicación dependerá de la composición de las nuevas Cortes. La vivienda y la inmigración serán dos de los asuntos sobre los que los partidos tendrán que concretar sus diferencias antes del 29N.