Donald Trump afronta este martes 3 de noviembre una de las citas electorales más importantes de su segundo mandato. Estados Unidos elegirá la composición del 120º Congreso, con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 de los 100 puestos del Senado. Aunque el presidente no aparece en las papeletas, el resultado determinará hasta qué punto podrá desarrollar su agenda política durante los dos años que le quedan en la Casa Blanca y qué capacidad tendrá la oposición demócrata para fiscalizar sus decisiones.
Las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms, llegan en un momento de desgaste para el mandatario republicano. La guerra de Irán, el encarecimiento de los combustibles y la preocupación por el coste de la vida han deteriorado su popularidad, mientras que los demócratas han conseguido situar las cuestiones económicas en el centro de la campaña. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el pasado 26 de octubre situaba la aprobación de Trump en el 32%, cerca de sus mínimos desde que regresó a la Presidencia.
El mismo sondeo daba una ventaja de nueve puntos a los demócratas entre los votantes considerados más propensos a participar, con un 53% de apoyo frente al 44% republicano. Estas cifras, sin embargo, reflejan la intención de voto a escala nacional y no permiten asegurar el reparto final de escaños, que depende de los resultados de cada circunscripción y estado.
Las proyecciones electorales señalan que el Partido Demócrata tiene posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, actualmente bajo control republicano. La situación es más incierta en el Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 frente a 47 senadores del bloque demócrata, incluidos dos independientes que votan habitualmente con este partido. Para hacerse con el control de la Cámara Alta, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.
Qué pasaría si los demócratas ganan la Cámara de Representantes
El primer escenario es que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, pero los republicanos conserven el Senado. Esta situación obligaría a Trump a gobernar con un Congreso dividido, aunque no le impediría continuar ejerciendo sus competencias presidenciales ni utilizar el veto contra las leyes que rechace.
La principal consecuencia sería un cambio en la capacidad de supervisión de la Administración. La Cámara de Representantes tiene competencias para controlar la gestión del Ejecutivo, celebrar audiencias parlamentarias, solicitar documentación y citar a funcionarios o responsables políticos. Una mayoría demócrata permitiría a la oposición dirigir los comités parlamentarios y establecer su agenda de investigaciones, algo que podría aumentar la presión sobre la Casa Blanca.
El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, ya ha adelantado que, si su partido recupera la Cámara, impulsará una amplia agenda de control centrada en las actuaciones de Trump, su familia y los principales responsables de su Administración. Los demócratas pretenden utilizar especialmente la Comisión Judicial y la Comisión de Supervisión, dos órganos con importantes facultades para examinar posibles irregularidades en la gestión pública.
Para encabezar estos trabajos, Jeffries cuenta con Jamie Raskin, representante por Maryland y principal dirigente demócrata de la Comisión Judicial, y Robert Garcia, congresista por California y referente de su partido en la Comisión de Supervisión. Ambos podrían asumir la presidencia de sus respectivos órganos si se produce el cambio de mayoría.
Las investigaciones podrían incluir comparecencias de altos cargos, solicitudes de documentos y citaciones parlamentarias. No obstante, el cumplimiento de estas citaciones puede dar lugar a disputas judiciales y políticas, especialmente si la Casa Blanca invoca privilegios o rechaza facilitar determinada información. El Departamento de Justicia tendría un papel relevante ante eventuales procedimientos penales por desacato, pero no constituye la única vía para intentar hacer cumplir los requerimientos del Congreso.
La agenda de los primeros 100 días: sanidad, vivienda y coste de la vida
Además de investigar al Ejecutivo, los demócratas han preparado una agenda legislativa para sus primeros 100 días en caso de recuperar la Cámara de Representantes. Jeffries ha organizado cinco grupos de trabajo que combinan representantes del ala progresista y del sector moderado del partido, con el objetivo de elaborar propuestas que puedan conseguir respaldo dentro de la formación.
Las prioridades se concentran en la reducción del precio de los alimentos, la gasolina y los suministros, el acceso a la vivienda, el coste de los cuidados y la atención sanitaria. Los demócratas también quieren recuperar determinadas ayudas fiscales vinculadas a los seguros médicos y revertir algunos de los recortes de Medicaid, el programa público de asistencia sanitaria dirigido a personas con bajos ingresos.
Estas iniciativas buscan modificar medidas incluidas en la gran reforma fiscal y presupuestaria impulsada por Trump, conocida por el presidente como su "gran y hermosa ley". La normativa contempla rebajas tributarias y modificaciones en distintos programas sociales, incluidos nuevos requisitos laborales para determinados beneficiarios de ayudas sanitarias.
Jeffries también ha anunciado su intención de impulsar votaciones sobre la guerra de Irán y la política arancelaria de la Administración republicana, dos cuestiones que han adquirido protagonismo durante la campaña electoral.
Sin embargo, la recuperación de la Cámara de Representantes no garantizaría la aprobación de estas medidas. Los proyectos necesitarían superar también el Senado y obtener la firma del presidente. Si los republicanos mantienen el control de la Cámara Alta, podrían bloquear buena parte de las propuestas demócratas antes incluso de que llegaran al despacho de Trump.
El objetivo de la oposición sería, por tanto, doble: intentar aprobar sus prioridades y obligar a los republicanos a fijar públicamente su posición sobre cuestiones sensibles para los votantes.
El poder de veto de Trump: qué podría bloquear y qué no
Donald Trump conservará la Presidencia hasta enero de 2029, independientemente del resultado de las elecciones legislativas. Esto significa que seguirá disponiendo de sus atribuciones ejecutivas y, especialmente, de la facultad constitucional de vetar los proyectos de ley que apruebe el Congreso.
El mandatario ya ha adelantado que está dispuesto a utilizar esa herramienta si los demócratas recuperan las cámaras. Durante una entrevista concedida en septiembre a Fox News, Trump aseguró que asumiría un papel de bloqueo frente a las iniciativas de sus adversarios, aunque también dejó abierta la posibilidad de negociar determinados acuerdos.
Para superar un veto presidencial, el Congreso necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Si todos sus miembros participan en la votación, esto supone reunir al menos 290 votos en la Cámara de Representantes y 67 en el Senado. Se trata de unos umbrales muy elevados que, con el reparto de fuerzas contemplado en los escenarios electorales, exigirían una colaboración significativa entre demócratas y republicanos.
No obstante, el veto presidencial se aplica a los proyectos legislativos, no a todas las funciones del Congreso. Trump no puede impedir mediante un veto que una comisión parlamentaria celebre una audiencia, investigue determinadas actuaciones de su Gobierno o solicite información conforme a sus competencias legales.
La Cámara también desempeña un papel esencial en la aprobación de los presupuestos y la financiación de la Administración. Una mayoría demócrata podría utilizar las negociaciones presupuestarias para exigir cambios o condiciones, aunque esta estrategia también entraña el riesgo de desencadenar bloqueos que afecten al funcionamiento de los servicios federales.
Qué ocurriría si los demócratas también ganan el Senado
El segundo escenario es que el Partido Demócrata consiga una mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que ampliaría considerablemente su capacidad de supervisión y negociación frente al presidente.
Para lograrlo, los demócratas necesitarían recuperar al menos cuatro escaños netos en el Senado, donde el Partido Republicano parte con una ventaja de 53 frente a 47. De los 35 puestos sometidos a votación este martes, 22 están actualmente en manos republicanas y 13 corresponden al bloque demócrata. La distribución ofrece oportunidades a la oposición, pero también la obliga a defender sus propios escaños y ganar en estados políticamente disputados.
El control del Senado tendría una consecuencia especialmente importante: los demócratas podrían bloquear los nombramientos propuestos por Trump para puestos clave de la Administración federal.
La Cámara Alta debe confirmar a los jueces federales, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, así como a numerosos altos cargos del Gobierno, embajadores y responsables de organismos públicos. Si los demócratas consiguen la mayoría, podrían rechazar candidatos presidenciales, retrasar procedimientos de confirmación o negarse a tramitar determinados nombramientos.
El efecto sería particularmente significativo ante una eventual vacante en el Tribunal Supremo, donde una mayoría opositora podría condicionar las posibilidades del presidente de designar nuevos magistrados.
También cambiaría el control de las comisiones del Senado, ampliando las posibilidades de celebrar investigaciones, exigir explicaciones a responsables gubernamentales y examinar las actuaciones de la Administración en materia económica, judicial o de política exterior.
Qué pasaría con un empate a 50 escaños en el Senado
Uno de los escenarios que contempla el sistema político estadounidense es que el Senado quede dividido en dos bloques de 50 escaños. En ese caso, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tendría la capacidad de emitir el voto de desempate, una facultad reconocida por la Constitución.
Esto supondría una ventaja para los republicanos a la hora de resolver votaciones empatadas. El vicepresidente podría intervenir en determinadas decisiones legislativas y nombramientos, siempre que las normas aplicables permitan resolver la cuestión mediante una mayoría simple.
Sin embargo, no todas las decisiones del Senado pueden aprobarse únicamente con 51 votos. La Cámara Alta cuenta con el mecanismo del filibusterismo o filibuster, que permite prolongar el debate e impedir que determinadas iniciativas legislativas lleguen a una votación definitiva.
Para cerrar ese debate, normalmente se necesita el respaldo de 60 senadores, una cifra que obliga a buscar acuerdos entre partidos cuando ninguno dispone de una mayoría tan amplia.
Por tanto, un Senado dividido al 50% podría permitir a los republicanos conservar una ventaja en determinadas votaciones gracias a JD Vance, pero no les garantizaría la aprobación de cualquier proyecto legislativo.
Por qué una mayoría de 52 senadores demócratas tampoco bastaría para aprobar todas las leyes
Incluso si los demócratas alcanzaran 52 escaños en el Senado, seguirían afrontando obstáculos para desarrollar su programa legislativo. Esa mayoría les permitiría controlar las comisiones, organizar la agenda parlamentaria y aprobar decisiones que requieren una mayoría simple, pero no eliminaría las restricciones impuestas por el filibusterismo.
Con 52 senadores, necesitarían sumar el respaldo de otros ocho legisladores para alcanzar los 60 votos que habitualmente se exigen para cerrar el debate sobre una ley ordinaria. Esto no significa que todas las leyes necesiten 60 votos para ser aprobadas: la votación final suele resolverse por mayoría simple, pero antes puede ser necesario superar ese bloqueo procedimental.
Existen excepciones, como determinados proyectos presupuestarios tramitados mediante el procedimiento de conciliación, que pueden avanzar con mayorías simples. Sin embargo, incluso las iniciativas que superen ambas cámaras seguirían expuestas al veto presidencial de Trump.
Por eso, controlar las dos cámaras permitiría a los demócratas ejercer una oposición institucional más intensa y negociar desde una posición más favorable, pero no equivaldría a disponer de libertad para aprobar todas sus propuestas.
¿Podrían los demócratas iniciar un juicio político contra Donald Trump?
La posibilidad de un nuevo juicio político o impeachment también forma parte del debate electoral. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, dispondrían de la mayoría necesaria para iniciar y eventualmente aprobar cargos contra el presidente, siempre que exista el respaldo parlamentario suficiente.
Hakeem Jeffries no ha descartado esta posibilidad, pero tampoco ha anunciado que vaya a promover automáticamente un procedimiento de destitución. La dirección demócrata sostiene que cualquier decisión dependerá de los hechos que puedan acreditarse durante las investigaciones y de las conclusiones alcanzadas por las comisiones parlamentarias.
El proceso tiene dos fases diferenciadas. La Cámara de Representantes puede aprobar una acusación mediante mayoría simple, pero es el Senado el que celebra el juicio político y decide si procede la destitución. Para condenar al presidente se necesita una mayoría de dos tercios de los senadores presentes.
Por tanto, incluso si los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras, una eventual destitución de Trump requeriría un apoyo mucho más amplio que una mayoría parlamentaria ordinaria, incluida previsiblemente una parte relevante de los senadores republicanos.
El resultado de las elecciones podría facilitar el inicio de investigaciones y procedimientos políticos, pero no anticipa su desenlace.
Las elecciones del 3 de noviembre decidirán quién controla a Trump durante los próximos dos años
Las elecciones legislativas de este martes definirán el equilibrio institucional de Estados Unidos hasta las siguientes presidenciales de 2028. Una victoria republicana en ambas cámaras permitiría a Trump conservar un Congreso más favorable a su agenda, especialmente en materia de nombramientos, política fiscal y aprobación de determinadas iniciativas legislativas.
Si los demócratas recuperan únicamente la Cámara de Representantes, podrán intensificar la supervisión de la Casa Blanca y condicionar las negociaciones presupuestarias, aunque el Senado y el veto presidencial limitarán su capacidad para modificar las políticas del Gobierno. Una mayoría demócrata en las dos cámaras ampliaría ese control al terreno de los nombramientos y reforzaría la posición negociadora de la oposición, sin eliminar los mecanismos de bloqueo previstos por el sistema estadounidense.
El contexto electoral también está condicionado por la economía. La guerra de Irán, el encarecimiento de los combustibles y la preocupación por la inflación han contribuido al deterioro de los índices de aprobación de Trump, mientras los republicanos defienden sus medidas fiscales y económicas y confían en mantener el respaldo suficiente en los distritos y estados decisivos.
Las encuestas apuntan a una situación favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes, pero el resultado continúa sin estar decidido y el Senado permanece especialmente disputado. Serán los votos del 3 de noviembre los que determinen si Trump afronta los dos últimos años de su mandato con el respaldo de ambas cámaras o con una oposición capaz de incrementar el control político sobre su Administración.