En los festivales de música, los asistentes acceden actualmente a consumiciones a través de sistemas de tokens que permanecen almacenados en sus pulseras durante toda la duración de los conciertos. Un modelo similar a ese es el que pretende aprobar este martes el Parlamento Europeo para la propuesta del euro digital. Los legisladores desbloquearán una iniciativa que llevaba años congelada en la institución y que aspira a desarrollar durante los próximos años un sistema comunitario de pagos digitales con un doble objetivo: reducir las dependencias de proveedores y plataformas extranjeras y reforzar la estabilidad y autonomía del sistema financiero europeo.
La propuesta, liderada por el eurodiputado español del Partido Popular Fernando Navarrete, no se limita únicamente a la creación de una divisa digital. El texto plantea una actuación basada en tres pilares fundamentales: salvaguardar el acceso al efectivo, introducir el euro digital y regular su prestación transfronteriza dentro y fuera de la Unión Europea. Además, el paquete legislativo distingue dos modalidades de utilización de este mecanismo para ciudadanos y empresas, cada una con características específicas en materia de privacidad, funcionamiento y supervisión.
Una versión digital del efectivo
Por un lado, el sistema offline está concebido como una versión "tokenizada" del efectivo tradicional. Funcionará mediante pagos directos entre dispositivos, como teléfonos móviles u otros soportes electrónicos habilitados, incluso sin necesidad de conexión a internet.
Navarrete aseguró esta misma semana, durante un encuentro informal con periodistas en Bruselas, que el modelo garantizará los máximos niveles de privacidad y resiliencia, permitiendo realizar transacciones incluso durante crisis, apagones digitales o fallos de red. La lógica detrás de este diseño es similar a la del efectivo físico: el valor monetario reside directamente en el dispositivo del usuario.
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En consecuencia, si el ciudadano pierde dicho dispositivo, también perderá el dinero almacenado en él, de la misma forma que ocurre cuando se extravía una cartera con billetes. Precisamente por ello, los legisladores consideran esta modalidad como la que más se aproxima al concepto tradicional del efectivo.
Por otro lado, el modelo en línea consiste en un sistema basado en cuentas que requiere una infraestructura de liquidación gestionada por el Banco Central Europeo (BCE). Su implementación, según los borradores del informe parlamentario, tendrá carácter condicional. Es decir, únicamente se desplegará plenamente en caso de que no exista una solución privada soberana paneuropea capaz de cubrir adecuadamente las necesidades del mercado de pagos minoristas.
Esta condicionalidad responde a una preocupación recurrente en Bruselas: evitar la fragmentación del mercado europeo y garantizar que la intervención pública no termine desincentivando la innovación privada ni desplazando soluciones desarrolladas por el sector financiero.
Curso legal en toda la eurozona
Uno de los aspectos más sensibles de las negociaciones en la Eurocámara ha sido la consideración del euro digital como medio de pago de curso legal. En términos prácticos, ello implica que su aceptación para el pago de deudas y obligaciones económicas será obligatoria de manera uniforme en toda la zona euro, una vez completado el proceso legislativo y puesta en marcha la infraestructura correspondiente.
No obstante, tanto el Parlamento Europeo como el BCE han insistido en que el euro digital no sustituirá a los billetes y monedas físicos. Ambas formas de dinero serán consideradas igualmente importantes y coexistirán dentro del ecosistema monetario europeo.
De hecho, la propuesta incluye medidas específicas para preservar el acceso universal al efectivo. Entre ellas destaca la posibilidad de designar entidades públicas, como oficinas de correos u organismos equivalentes, para distribuir euros digitales y proporcionar servicios básicos a personas con capacidades digitales limitadas, ciudadanos de edad avanzada o colectivos vulnerables con dificultades de acceso a servicios financieros avanzados.
Límites para evitar fugas masivas de depósitos
Durante la elaboración del texto, los legisladores también han tenido muy presente uno de los principales riesgos identificados por el sector bancario: que los ciudadanos retiren masivamente sus depósitos de los bancos comerciales para trasladarlos al banco central a través del euro digital.
Para evitar este fenómeno, conocido técnicamente como desintermediación bancaria, se introducirán controles estrictos sobre la tenencia de euros digitales.
Entre otras medidas, se establecerán límites cuantitativos a la cantidad de euros digitales que una persona física podrá poseer. Estos límites estarán acompañados de un denominado mecanismo de cascada.
De esta forma, las cuentas de euro digital podrán estar vinculadas a cuentas bancarias tradicionales. Si un pago recibido provoca que el usuario supere el límite máximo autorizado de tenencia, el exceso se convertirá automáticamente en dinero bancario convencional y será transferido a la cuenta vinculada.
Junto a ello, los legisladores estipulan que el euro digital no devengará intereses, una decisión orientada a garantizar que sea utilizado principalmente como medio de pago y no como instrumento de inversión o de ahorro.
Aun así, el sistema permitirá realizar pagos incluso cuando el saldo disponible en euros digitales sea insuficiente. En esos casos, se movilizarán automáticamente fondos desde la cuenta bancaria asociada para completar la transacción, ofreciendo una experiencia de pago fluida para el usuario.
La privacidad como elemento central
La privacidad constituye otra de las características esenciales de la futura moneda digital europea. En Bruselas existe consenso sobre que este aspecto no es opcional, sino una condición indispensable para generar confianza entre los ciudadanos.
El modelo fuera de línea aspira a ofrecer un nivel de privacidad comparable al de una retirada de efectivo en un cajero automático. Según el texto, ni el BCE ni los bancos centrales nacionales podrán identificar directamente a los usuarios ni vincular sus datos personales a transacciones concretas.
Los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se aplicarán a nivel de usuario, pero no mediante el rastreo individualizado de cada unidad monetaria digital.
¿Y cómo funcionará en la práctica? A través de un sistema de alias y seudonimización que ocultará la identidad del usuario durante las operaciones ordinarias. Solo en aquellos casos en los que existan indicios fundados de fraude o actividad ilícita, y previa solicitud de las autoridades competentes, podría levantarse dicho anonimato para facilitar las investigaciones.
Este equilibrio entre privacidad y supervisión es considerado por los negociadores como uno de los elementos más delicados de toda la arquitectura normativa del euro digital.
Distribución a través de bancos y proveedores de pago
La nueva moneda será distribuida a través de proveedores de servicios de pago, principalmente entidades bancarias, con las que los usuarios mantendrán la relación contractual correspondiente.
Los servicios básicos destinados a personas físicas serán gratuitos. Asimismo, ningún comerciante deberá soportar comisiones adicionales por aceptar pagos en euros digitales respecto de las que ya abona actualmente por otros medios de pago electrónicos comparables.
Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad técnica del sistema, los fabricantes de dispositivos móviles y los proveedores de comunicaciones electrónicas deberán permitir el acceso a tecnologías como la NFC (Near Field Communication) y a los denominados "elementos seguros" presentes en los dispositivos.
Esta obligación pretende evitar situaciones de dependencia tecnológica respecto a determinados fabricantes o ecosistemas digitales y garantizar que el euro digital pueda utilizarse de forma universal en el mercado europeo.
Proyección internacional y mercado único
El paquete legislativo también incorpora un reglamento específico para la distribución del euro digital en aquellos Estados miembros que todavía no pertenecen a la zona euro y en terceros países.
La propuesta contempla mecanismos de interoperabilidad transfronteriza basados en el respeto a la soberanía monetaria de otras jurisdicciones y en la integración progresiva del mercado único europeo de pagos.
Los negociadores consideran que esta dimensión internacional será clave para reforzar el papel del euro en la economía global y reducir la dependencia europea de infraestructuras de pago controladas por actores extracomunitarios.
Próximos pasos legislativos
El texto que previsiblemente será ratificado este martes en comisión parlamentaria recibiría así el aval político necesario para continuar su tramitación durante la sesión plenaria prevista para el mes de julio.
Una vez superada esta fase, se abrirán las negociaciones interinstitucionales entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea con el objetivo de alcanzar un acuerdo político antes de finales de año, según apuntan diversas fuentes comunitarias.
Con la propuesta impulsada por la Eurocámara, Fráncfort actuaría además como órgano de resolución de litigios entre proveedores de servicios de pago para asegurar una aplicación coherente del futuro marco normativo del efectivo digital en toda la Unión.
Antes de cualquier emisión definitiva, se realizarán pruebas en entornos controlados con usuarios finales reales para verificar el correcto funcionamiento del sistema, evaluar sus niveles de seguridad y medir la experiencia de uso por parte de ciudadanos y empresas.
Por último, en relación con las tasas de intercambio y descuento que pagan los comerciantes, el texto prevé un periodo transitorio de al menos diez años antes de aplicar límites máximos basados estrictamente en costes. El objetivo es proporcionar certidumbre regulatoria a los operadores del mercado y facilitar una adopción gradual de la nueva infraestructura de pagos.
Si el calendario previsto por las instituciones comunitarias se mantiene, el euro digital dará este verano uno de los pasos políticos más importantes desde que comenzó a debatirse hace años en Bruselas, acercando a la Unión Europea a la creación de la que podría convertirse en la mayor moneda digital pública del mundo democrático.