Aste bat geroago Granada esnatu zuen lurrikara: 621 seismo, hiru zauritu eta 600 desplazatu.

Para que el Consorcio de Compensación de Seguros indemnice daños causados por terremotos en España, no basta con que se produzca el fenómeno natural: deben cumplirse una serie de requisitos legales de aseguramiento y de cobertura definidos en el Estatuto Legal del Consorcio (Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre) y, sobre todo, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, modificado, entre otros, por los Reales Decretos 1265/2006 y 1386/2011 y por la Orden ECC/2845/2015.

1. Qué se considera “terremoto” y “riesgo extraordinario”

El artículo 2 del Reglamento de 2004 define el terremoto como una “sacudida brusca del suelo que se propaga en todas las direcciones, producida por un movimiento de la corteza terrestre o punto más profundo”. El terremoto se integra dentro del concepto de “riesgos extraordinarios”, junto con otros fenómenos de la naturaleza (maremoto, inundación extraordinaria, erupción volcánica, tempestad ciclónica atípica, caída de cuerpos siderales y aerolitos) y determinados hechos de carácter político o social (terrorismo, rebelión, motín, tumulto popular, etc.).

2. Requisitos básicos de aseguramiento

Para que el Consorcio responda, el siniestro de terremoto debe afectar a un riesgo previamente asegurado mediante una póliza ordinaria que incluya el recargo a su favor:

• Debe existir una póliza de seguro vigente de las ramas en las que el recargo es obligatorio (daños a bienes: incendios, multirriesgos de hogar, comercio o industria, automóviles, etc.; y seguros de personas donde proceda, conforme a las ampliaciones introducidas por la Ley 44/2002 y la Ley 12/2006).
• El tomador ha de haber pagado el recargo obligatorio de riesgos extraordinarios al Consorcio, que se canaliza a través de la propia prima del seguro. Las Resoluciones de la Dirección General de Seguros (por ejemplo, la de 28 de marzo de 2018, modificada por la de 30 de diciembre de 2025) fijan dichos recargos y la cláusula de cobertura que debe insertarse en la póliza.
• El ámbito territorial: se consideran riesgos situados en España (art. 1 del Reglamento) los que afecten a vehículos con matrícula española, bienes inmuebles en territorio nacional, bienes muebles en esos inmuebles y, en seguros de personas, cuando el asegurado o el tomador tienen residencia habitual o domicilio social en España. Para daños personales, el Consorcio también puede cubrir acontecimientos extraordinarios ocurridos en el extranjero si el asegurado reside habitualmente en España.

Quedan excluidas determinadas pólizas, como los seguros agrarios combinados y otras coberturas específicas que la normativa de riesgos extraordinarios remite a regímenes propios.

3. Daños materiales, pérdida de beneficios y daños personales

• Daños materiales: se indemnizan los daños directos en los bienes asegurados producidos por el terremoto, con los límites y franquicias que establezca el Reglamento y la Orden ECC/2845/2015 (que regula las franquicias aplicables). No se cubren, en general, daños meramente indirectos, daños en bienes no asegurables según el reglamento o en bienes expresamente excluidos.
• Pérdida de beneficios: el Reglamento, tras su modificación por el Real Decreto 1265/2006, prevé que el Consorcio cubra pérdidas de beneficios cuando:
  • Una póliza ordinaria cubra esa pérdida de beneficios frente a riesgos “normales” (incendio, explosión, fenómenos atmosféricos, etc.).
  • Exista un daño material directo en bienes asegurados del propio asegurado como consecuencia del terremoto.
  No se cubren pérdidas de beneficios derivadas de daños sufridos por bienes de terceros o por proveedores/clientes.
• Daños personales: se cubren los daños personales (lesiones o fallecimiento) cuando estén dentro de pólizas de personas sometidas al régimen de recargos a favor del Consorcio y se trate de un acontecimiento extraordinario en los términos exigidos. En el caso de daños personales, como se ha señalado, puede haber cobertura incluso si el terremoto tiene lugar fuera de España, siempre que el asegurado resida habitualmente en territorio español.

4. Principales exclusiones

Entre las exclusiones habituales se encuentran: daños producidos por defectos de construcción o falta de mantenimiento del bien; daños en bienes que no constan en la póliza; siniestros ocurridos antes de la toma de efecto o después de la extinción del seguro; o cuando el recargo al Consorcio no ha sido efectivamente satisfecho. También se excluyen ciertos bienes y actividades que el Reglamento remite a regímenes específicos.

5. Procedimiento básico de reclamación

El Reglamento de riesgos extraordinarios y las resoluciones de la Dirección General de Seguros prevén que la gestión de los siniestros se realice por el propio Consorcio. En la práctica, tras un terremoto:

• El asegurado comunica el siniestro (normalmente a su entidad aseguradora o directamente al Consorcio, según prevea la cláusula de cobertura de riesgos extraordinarios de su póliza).
• Debe facilitar la póliza y los recibos que acrediten el pago del recargo al Consorcio, así como una relación de bienes dañados y, en su caso, documentación económica para justificar pérdidas de beneficios.
• El Consorcio designa peritos para la valoración de los daños y tramita la indemnización con arreglo a los límites, condiciones y franquicias establecidos en el Reglamento y en las resoluciones sobre recargos y cláusulas de cobertura.

En resumen, la clave para que el Consorcio indemnice daños por terremotos en España no está sólo en la intensidad del fenómeno, sino en que exista un seguro ordinario adecuado con recargo de riesgos extraordinarios al día, que el riesgo esté correctamente situado en España (o el asegurado resida en España en caso de daños personales) y que el daño encaje material y temporalmente en el régimen legal de riesgos extraordinarios.

En España, las competencias en emergencias sísmicas se reparten en tres niveles: Estado, comunidades autónomas y entidades locales. La legislación básica (fundamentalmente la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 524/2023) fija un “modelo nacional mínimo”; sobre él, las comunidades autónomas asumen la competencia ordinaria de protección civil y los ayuntamientos actúan como primera línea de respuesta en su término municipal. Los detalles se completan con la legislación autonómica y con los planes de protección civil, entre ellos el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 29 de marzo de 2010, BOE-A-2010-5661).

Marco normativo básico

• Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE-A-2015-7730): define el Sistema Nacional de Protección Civil, el reparto competencial y los tipos de planes (estatales, autonómicos, locales y de autoprotección).
• Real Decreto 524/2023, Norma Básica de Protección Civil (BOE-A-2023-14679): concreta la estructura de los planes territoriales y especiales (incluidos los sísmicos) y cómo se integran por niveles (Estado–CCAA–entidades locales).
• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392): reconoce la protección civil y la seguridad en emergencias como materias de interés local, base de la intervención municipal.

Competencias de las comunidades autónomas

Los estatutos de autonomía y la Ley 17/2015 atribuyen a las comunidades autónomas la competencia ordinaria en protección civil y emergencias, incluidos los riesgos sísmicos. Con carácter general les corresponde:

• Planificación territorial y especial: aprobar los planes territoriales de protección civil y los planes especiales ante el riesgo sísmico que exige la normativa básica. Estos planes:
  • Delimitan zonas de peligrosidad sísmica, escenarios de daño y niveles de emergencia.
  • Fijan la organización autonómica de mando y coordinación.
  • Integran los planes municipales de actuación sísmica como planes de ámbito inferior (art. relativo a planes territoriales y especiales de la Norma Básica, RD 524/2023).
• Dirección y coordinación de la emergencia en su territorio mientras no concurran las condiciones de “emergencia de interés nacional” (art. 29 de la Ley 17/2015, interpretado por la STC 58/2017, BOE-A-2017-6854).
• Activar los planes territoriales y especiales ante terremotos, declarar las fases o situaciones de emergencia y coordinar a los servicios autonómicos (protección civil autonómica, servicios sanitarios, bomberos autonómicos cuando existan, etc.).
• Concertar y coordinar la ayuda estatal (por ejemplo, Unidad Militar de Emergencias y otros recursos de la Administración General del Estado) cuando la magnitud del seísmo supere las capacidades autonómicas o cuando el Estado declare la emergencia de interés nacional.
• Normalización y apoyo a los municipios: fijar criterios comunes para los planes municipales, formar a los intervinientes y garantizar la integración de los planes locales en el esquema autonómico y estatal (PLEGEM) previsto en la Norma Básica.
• Información y alerta a la población a escala regional, en coordinación con el Estado y los ayuntamientos, utilizando los sistemas de alerta y la Red Nacional de Información sobre Protección Civil creada por la Ley 17/2015.

Competencias de los ayuntamientos

Basándose en la Ley 7/1985 y en la Ley 17/2015, los ayuntamientos son la primera instancia operativa en una emergencia sísmica dentro de su término municipal. Con carácter general les corresponde:

• Planificación local:
  • Elaborar y aprobar el plan territorial o de emergencia municipal y, en su caso, los planes municipales de actuación ante riesgo sísmico, siguiendo la estructura fijada por la comunidad autónoma y la Norma Básica (planes territoriales como “instrumentos superiores” donde se integran los planes de ámbito local, RD 524/2023).
  • Integrar los planes de autoprotección de centros y actividades del municipio que generen riesgo (industria, grandes equipamientos, etc.).
• Activación del plan municipal ante un terremoto que afecte al municipio: movilizar medios locales (policía local, bomberos municipales, servicios de obra pública y mantenimiento, protección civil municipal y voluntariado).
• Gestión inmediata de la emergencia:
  • Aplicar medidas de evacuación, confinamiento, rescate y asistencia básica a la población.
  • Habilitar albergues, puntos de reunión y dispositivos de ayuda social de emergencia.
  • Valorar daños iniciales en infraestructuras y edificaciones municipales.
• Información de proximidad a la población: difundir avisos, recomendaciones de autoprotección y órdenes de las autoridades competentes usando los medios municipales (megafonía, web, redes locales, policía).
• Comunicación y colaboración con la comunidad autónoma y el Estado:
  • Notificar la situación, daños y necesidades al centro autonómico de coordinación de emergencias.
  • Seguir las directrices del mando autonómico (o estatal, si la emergencia se declara de interés nacional) cuando la gestión supere el nivel estrictamente local.
• Restablecimiento de la normalidad en el ámbito municipal (reparación de servicios locales, limpieza, protección de edificios dañados, apoyo a la reconstrucción), en coordinación con los programas de ayudas estatales y autonómicas previstos en la Ley 17/2015.

En síntesis, en emergencias sísmicas los ayuntamientos planifican y ejecutan la primera respuesta en su municipio, mientras que las comunidades autónomas diseñan la planificación integral del riesgo sísmico en su territorio, coordinan la emergencia a escala regional y articulan, junto con el Estado, la movilización de grandes recursos cuando el seísmo tiene efectos supramunicipales o de interés nacional.

Con la información disponible, se pueden identificar dos grandes episodios sísmicos “colectivos” comparables en el área de Granada en la última década —el enjambre de la Vega de Granada de 2020‑2021 y la serie de agosto de 2026 en Alhendín‑Gójar— además de otros seísmos relevantes pero aislados. Ambos episodios han sido gestionados con una combinación de activación de planes de emergencia, coordinación interadministrativa, evaluación técnica de daños y campañas de autoprotección.

Episodios sísmicos relevantes

1. Enjambre de Atarfe–Santa Fe (2020‑2021)

El trabajo de síntesis de Demócrata recoge que entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 la Vega de Granada vivió una gran crisis sísmica en torno a Atarfe y Santa Fe:

• El Instituto Geográfico Nacional (IGN) contabilizó más de 3.000 terremotos.
• Según los datos citados por Demócrata, el episodio incluyó 2.804 eventos de magnitud <2, 239 entre 2 y 3, 30 entre 3 y 4 y seis de magnitud ≥4.
• Varias sacudidas alcanzaron magnitud 4,1–4,5, con intensidades V–V‑VI y una percepción muy amplia por la población.

Este enjambre es el referente inmediato que se cita en la cobertura reciente de los terremotos de 2026: los artículos sobre las réplicas y el contexto geológico recuerdan explícitamente “el enjambre de 2021” y hablan de “miles de movimientos” en la Vega (Demócrata).

2. Serie sísmica de Alhendín–Gójar (agosto de 2026)

En agosto de 2026 se desencadena una nueva serie sísmica muy energética:

• Un primer terremoto principal, revisado a magnitud 5,0, con epicentro al noreste de Alhendín, muy superficial e intensidad máxima V‑VI, genera más de 200 avisos al 112 y numerosos daños materiales leves (Demócrata).
• Posteriormente se registran al menos dos terremotos de magnitud 4,8 (Alhendín y Gójar), catalogados como los mayores terremotos superficiales en Granada desde 1984 (Demócrata).
• Hasta el 19 de agosto el IGN había detectado 621 movimientos sísmicos, diez con magnitud ≥3 y 42 sentidos por la población (Demócrata).

La cobertura de Demócrata y las notas de la Junta de Andalucía coinciden en que esta serie es distinta al enjambre de 2021 (más concentrada en una falla y encabezada por un terremoto principal), pero similar en impacto social: noches de miedo, centenares de llamadas al 112 y revisiones masivas de edificios.

3. Otros seísmos significativos en la década

Además de los dos grandes episodios, la documentación reciente recoge:

• Varios terremotos aislados en la Vega (por ejemplo, un seísmo de magnitud 3,6 en Armilla en julio de 2026, gestionado con casi medio centenar de llamadas al 112 y difusión de recomendaciones de autoprotección; nota oficial).
• El terremoto profundo de Nigüelas (2010), de magnitud 6,2 y unos 623 km de profundidad, que, aunque excede la década estricta, es citado como el mayor por magnitud reciente, pero con efectos superficiales reducidos (Demócrata).

Sobre 2010‑2011 en la propia Vega, las fuentes consultadas no detallan un enjambre comparable al de 2020‑2021; por tanto, el recuento de episodios sísmicos “similares” y bien documentados en la última década se sitúa básicamente en dos grandes crisis: 2020‑2021 y 2026.

Cómo se gestionaron estos episodios

Activación de planes y coordinación institucional

• En 2026 la Junta activa el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía en situación operativa 1 (fase de emergencia) para la provincia de Granada, reforzando seguimiento, coordinación de recursos y evaluación de edificios (Demócrata y nota oficial).
• Se reúne de forma continua el Comité Asesor del plan sísmico, con representantes de administraciones estatal, autonómica, provincial y local, 112, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad e institutos científicos (IGN, Instituto Andaluz de Geofísica, IGME, CSIC).
• La Agencia de Emergencias de Andalucía instala un Puesto de Mando Avanzado en municipios especialmente afectados, como Las Gabias.

Evaluación técnica de daños y dispositivos específicos

• Se moviliza el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE) para revisar viviendas y edificios públicos; en agosto de 2026 se habían evaluado 447 viviendas, con un sistema tipo “semáforo” (verde, amarillo, rojo) y sin edificios en categoría negra (demolición) (Junta).
• Se decreta el desalojo preventivo de bloques de viviendas con grietas significativas (caso de seis bloques en Las Gabias) y se habilitan alojamientos alternativos.
• En el ámbito sanitario, el Servicio Andaluz de Salud suspende temporalmente la actividad no esencial en centros de la provincia por seguridad y, tras las inspecciones, restablece la actividad con normalidad (suspensión y restablecimiento).

Comunicación, autoprotección y apoyo a la población

• El 112 coordina centenares de llamadas y difunde guías de autoprotección frente a terremotos, elaboradas tras la serie sísmica de la Vega de Granada, para adultos y menores (convenio 2024).
• Se insiste en no difundir bulos, seguir solo fuentes oficiales, evitar acercarse a fachadas dañadas y conocer qué hacer durante y después de un seísmo (mensajes del consejero Antonio Sanz en la nota de 18/08/2026).
• Se activa un teléfono de apoyo psicológico gratuito (900 102 513) para personas afectadas emocionalmente por la serie sísmica.
• Los ayuntamientos (Granada, Las Gabias, Cúllar Vega, etc.) se encargan de las revisiones de edificios, balizamiento de zonas de riesgo y atención municipal, complementando la dirección autonómica de la emergencia (Demócrata).

En resumen, en la última década Granada ha vivido dos grandes crisis sísmicas documentadas (2020‑2021 y 2026) gestionadas mediante la activación de planes de emergencia, evaluación intensiva de daños, refuerzo sanitario y una estrategia muy centrada en la autoprotección y la comunicación transparente con la ciudadanía.