España y sus socios vuelven a pedir nuevos impuestos para financiar el próximo presupuesto europeo

El próximo Marco Financiero Plurianual de la UE para 2028‑2034 está aún en fase de negociación y no existe acuerdo político definitivo en el Consejo Europeo, pero el proceso se encuentra ya en su tramo más delicado. Según las conclusiones del Consejo Europeo del 19 de junio de 2026 y la información más reciente del propio Consejo y de Demócrata, los líderes han encargado a la Presidencia irlandesa que lleve los trabajos sobre el “marco de negociación con cifras” hasta la cumbre de octubre, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que termine 2026. Ese calendario es clave para poder aprobar en 2027 los actos legislativos sectoriales y que el nuevo presupuesto comience a aplicarse el 1 de enero de 2028.

Situación actual en el Consejo y el Consejo Europeo

La Comisión presentó su propuesta de MFP 2028‑2034 en julio de 2025, con un volumen cercano a los dos billones de euros y una profunda reforma de la arquitectura del presupuesto. Desde entonces:

• El Consejo (formaciones de ministros) ha avanzado en varios pilares del paquete. El 16 de junio de 2026 acordó su postura negociadora parcial sobre el reglamento clave de los planes de asociación nacionales y regionales (NRPP), que concentrará en un único fondo la cohesión, la PAC, pesca, migración, seguridad y el Fondo Social para el Clima. Esa posición sirve de mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento, pero deja fuera las cuestiones financieras globales, que dependen del acuerdo sobre el MFP en su conjunto.
• El Consejo Europeo ha pasado de las discusiones generales a un estadio más concreto. En sus conclusiones de 19 de junio de 2026 toma nota de la presentación de un marco de negociación con cifras y celebra un primer intercambio de impresiones sobre el nuevo MFP. Encarga a la Presidencia irlandesa “llevar adelante los trabajos sobre el marco de negociación” de cara a la cumbre de octubre, con la vista puesta en llegar a un acuerdo a tiempo para que en 2027 se adopten los actos legislativos necesarios.
• Paralelamente, los líderes han empezado a abordar el punto más sensible del paquete: los nuevos recursos propios que financiarán el presupuesto y la deuda asociada a NextGenerationEU. El Consejo Europeo de junio de 2026 pidió acelerar estos trabajos para desbloquear el acuerdo global sobre el MFP.

En términos políticos, la negociación está marcada por la tensión entre los Estados que piden un presupuesto más ambicioso (entre ellos España) y los llamados países “frugales”, que reclaman contención y recortes sobre la propuesta de la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ya ha fijado su propia posición y, en la práctica, ha tomado la delantera:

• El 15 de abril de 2026, la Comisión de Presupuestos aprobó un informe que pide fijar el MFP en torno al 1,27 % de la RNB de la UE, aproximadamente un 10 % más que la propuesta de la Comisión, con refuerzos importantes para cohesión, PAC, competitividad, defensa, Erasmus+ o Horizonte Europa.
• Una vez confirmado ese mandato en Pleno, el Parlamento se declara preparado para iniciar negociaciones con el Consejo sobre el reglamento que establece la estructura y las grandes cifras del MFP 2028‑2034.

Es decir, desde el punto de vista institucional, el expediente ya está en fase de negociación interinstitucional: Parlamento y Consejo cuentan con mandatos propios y esperan al cierre político en el Consejo Europeo para encajar las cifras finales.

Próximos pasos hasta la aprobación definitiva

Sobre la base de las conclusiones del Consejo Europeo y de la hoja de ruta que manejan las instituciones, los pasos pendientes pueden resumirse así:

• Refinar la “caja de negociación” en el Consejo. La Presidencia irlandesa debe completar el marco de negociación con cifras y opciones cerradas sobre prioridades de gasto (cohesión, PAC, competitividad, acción exterior, administración, etc.) y sobre el lado de los ingresos (nuevos recursos propios).
• Alcanzar un acuerdo político en el Consejo Europeo. El objetivo explícito es lograrlo “antes de finales de 2026”, idealmente en la cumbre de octubre o, en su defecto, en una reunión posterior del año. Este acuerdo fijará los techos de gasto por rúbricas y el volumen total del marco.
• Cerrar la negociación entre Consejo y Parlamento. Con el mandato de los líderes, Consejo y Parlamento deberán converger, en el marco de los trílogos, hacia un texto común del reglamento del MFP y de los principales reglamentos sectoriales (NRPP, acción exterior, investigación, etc.).
• Aprobación formal del reglamento del MFP. Jurídicamente, el marco financiero se adopta por el Consejo por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. Este acto fija los techos de gasto anuales por rúbrica para 2028‑2034.
• Adopción de los reglamentos sectoriales en 2027. Con el MFP aprobado, las instituciones deberán aprobar a lo largo de 2027 los reglamentos que concretan la puesta en marcha de cada programa (PAC, fondos de cohesión, investigación, acción exterior, etc.), así como la decisión de recursos propios, que requiere además ratificación por los Parlamentos nacionales.
• Entrada en vigor en enero de 2028. Si el calendario se cumple, el nuevo MFP y los programas asociados empezarán a aplicarse el 1 de enero de 2028, evitando interrupciones en la financiación europea.

En suma, el MFP se encuentra hoy en una fase de negociación política avanzada en el Consejo Europeo, pero aún sin acuerdo final. El año 2026 es el momento clave para cerrar el compromiso entre los Veintisiete; 2027 estará dedicado a traducirlo en normas jurídicas y a completar las ratificaciones necesarias.

El presidente del Consejo Europeo es una figura clave en la arquitectura institucional de la Unión, pero su poder es sobre todo de dirección política, coordinación y mediación, no ejecutivo en el sentido clásico. Desde Lisboa, el cargo está regulado en el artículo 15 del Tratado de la UE.

Competencias formales del presidente del Consejo Europeo

Entre sus funciones principales se encuentran:

• Dirigir y animar los trabajos del Consejo Europeo: prepara y preside las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno (las reuniones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias). Esto incluye decidir cómo se estructura el debate, cuánto tiempo se dedica a cada punto y en qué orden se abordan los temas.
• Impulsar la búsqueda de consensos y compromisos: su misión central es encontrar puntos de acuerdo entre los 27 líderes. No decide por sí mismo, pero puede proponer fórmulas de compromiso, textos intermedios o “paquetes” que hagan posible un acuerdo global.
• Definir y dar continuidad a las prioridades estratégicas: el Consejo Europeo fija las grandes orientaciones políticas de la Unión (por ejemplo, prioridades de gasto, transición verde y digital, política migratoria). El presidente vela por que esas prioridades tengan continuidad entre cumbres y a lo largo de los años.
• Representación exterior al máximo nivel: “en su nivel y en su ámbito”, representa a la UE en la escena internacional, especialmente en cuestiones de política exterior y de seguridad, junto al Alto Representante y la Comisión. Esto refuerza su capacidad de leer el contexto geopolítico en debates presupuestarios (defensa, ayudas a Ucrania, vecindad, etc.).
• Coordinación con la Comisión y el Parlamento Europeo: trabaja estrechamente con la presidencia de la Comisión y mantiene un diálogo constante con la presidencia del Parlamento, que participa en el inicio de las cumbres. Esta coordinación es crucial cuando se negocian el Marco Financiero Plurianual (MFP) o revisiones del presupuesto.
• Convocar reuniones extraordinarias: puede proponer y convocar Consejos Europeos extraordinarios cuando la situación lo exige (por ejemplo, bloqueos en las negociaciones presupuestarias o crisis que afectan al presupuesto).

En resumen, el presidente del Consejo Europeo no “manda” sobre el presupuesto, pero organiza el proceso político en el que los Estados miembros toman las decisiones clave.

Cómo puede influir António Costa en las negociaciones presupuestarias

En presupuesto de la UE hay dos niveles centrales: el MFP (el marco a siete años, que fija techos de gasto y grandes rúbricas) y los acuerdos presupuestarios anuales. En ambos, el Consejo Europeo desempeña un papel decisivo cuando hay bloqueo, y ahí es donde la presidencia puede imprimir su sello.

Palancas de influencia de Costa

• Control de la agenda: decidir cuándo se discute el presupuesto, qué cuestiones se tratan primero (por ejemplo, tamaño global del presupuesto antes que los descuentos nacionales, o al revés) y cómo se empaquetan los temas da a Costa capacidad de orientar el resultado. Retrasar o acelerar un debate también es una forma de presión política.
• Diseño de “paquetes” de compromiso: en las grandes rondas presupuestarias suele haber intercambios entre:
  • Volumen total del presupuesto y contribuciones netas.
  • Prioridades: PAC, cohesión, transición verde/digital, migración, defensa, I+D.
  • Rebajas (rebates) o compensaciones a determinados países.
  El presidente del Consejo Europeo es quien suele poner sobre la mesa los “paquetes globales” que combinan concesiones cruzadas. Costa puede usar su experiencia como primer ministro portugués, acostumbrado a negociar con mayorías complejas, para ensamblar fórmulas creativas.
• Uso de su perfil político e ideológico: António Costa procede de la familia socialdemócrata (S&D) y de un país del sur con fuerte interés en cohesión, transición verde con dimensión social y flexibilidad macroeconómica. Sin imponer posiciones nacionales, puede:
  • Poner énfasis en políticas de cohesión, inversión y transición justa.
  • Equilibrar las demandas de rigor de los “frugales” con las necesidades de inversión de los países más endeudados.
  Su credibilidad como ex jefe de gobierno le facilita interlocución directa con líderes de todos los espectros.
• Relación con el Parlamento Europeo: el Parlamento co-decide el MFP y el presupuesto anual. Un presidente del Consejo Europeo que mantenga un diálogo fluido con los principales grupos puede anticipar líneas rojas de la Eurocámara y evitar acuerdos del Consejo que luego el Parlamento rechace o bloquee. Costa, con pasado en la política europea y socialista, puede desempeñar un papel importante en este “puenteo” interinstitucional.
• Gestión de crisis y desbloqueos: cuando uno o varios Estados amenazan con vetar el acuerdo presupuestario, el presidente asume la tarea de mediador último: reuniones bilaterales maratonianas, borradores sucesivos de conclusiones, fórmulas de salvaguardia política (declaraciones anexas, cláusulas de revisión). La habilidad personal de Costa en el trato y la búsqueda de consensos será determinante aquí.

Límites de su capacidad de influencia

Pese a todo, su margen tiene límites claros:

• El presupuesto requiere unanimidad o amplias mayorías de los Estados; el presidente no puede imponer un resultado contra bloques cohesionados de países.
• Debe guardar una imagen de neutralidad y no actuar como representante de los intereses nacionales portugueses, lo que condiciona hasta dónde puede “empujar” ciertas prioridades.
• La iniciativa formal en materia presupuestaria la tiene la Comisión; el Consejo Europeo y su presidente operan sobre la base de propuestas que no controlan por completo.

En conjunto, António Costa no dictará el contenido del presupuesto europeo, pero sí puede ser una figura clave para marcar el equilibrio entre disciplina fiscal, inversión y solidaridad, y para lograr que se alcance un acuerdo cuando las posiciones entre Estados miembros estén muy alejadas.

La asignación de fondos europeos a Canarias como región ultraperiférica (RUP) se apoya en un entramado de normas de la Unión Europea y de derecho español que reconocen sus desventajas estructurales (insularidad, lejanía, fragmentación territorial) y permiten un trato financiero diferenciado. A continuación sintetizo los bloques normativos y los requisitos materiales más relevantes.

1. Marco jurídico de la Unión Europea

En el plano europeo, la clave es el reconocimiento de las RUP en el Derecho primario y su desarrollo en la normativa financiera y sectorial:

• Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento: el Tratado, cuyo instrumento de ratificación se publicó en el BOE (Maastricht), incluye la categoría de regiones ultraperiféricas. Sobre esa base se permite adoptar medidas específicas y un trato diferenciado, que sirve de fundamento jurídico a reglas especiales en fondos estructurales, agrícolas y de pesca para Canarias.
• Reglamentos sectoriales para las RUP: desde los años noventa existen reglamentos del Consejo que compensan sobrecostes derivados del carácter ultraperiférico. Por ejemplo, el Reglamento (CE) n.º 1503/94, el n.º 2337/95 y el n.º 1587/98 establecen regímenes de compensación de costes adicionales para la comercialización de determinados productos de la pesca de las Azores, Madeira, las Islas Canarias y departamentos franceses de ultramar (BOE-A-1994-80904, BOE-A-1995-81438, BOE-A-1998-81359).
• Fondos estructurales y de inversión: la normativa de los Fondos Estructurales ha ido incorporando disposiciones específicas que permiten:
  • tasa de cofinanciación comunitaria más alta para las RUP,
  • mayor intensidad de ayuda (porcentaje de gasto elegible subvencionable),
  • asignaciones financieras complementarias (“envelopes” específicos RUP) en FEDER, FSE/FSE+ y fondos de pesca.
  La transposición a derecho interno se aprecia, por ejemplo, en órdenes españolas que regulan gastos subvencionables y bases de ayudas del periodo 2021‑2027 (Orden HFP/1414/2023 para FEDER, Orden TES/106/2024 para FSE+, o diversas órdenes TED/… y APA/… que prevén cofinanciación FEMPA y FEMPA/FEMPA+).
• Política Agraria Común y FEAGA/FEADER: la gobernanza y coordinación de los fondos agrícolas en España se articula mediante normas como el Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, que regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC y de los fondos FEAGA y FEADER (BOE-A-2022-23046), en cuyo marco se programan intervenciones específicas para territorios como Canarias.

2. Normativa española específica para Canarias

En España, el estatuto singular de Canarias como RUP se traduce en varias normas que condicionan la recepción y el uso de fondos europeos:

• Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF): la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE-A-1994-15794), y su reforma por la Ley 8/2018 (BOE-A-2018-15139), configuran instrumentos fiscales (Reserva para Inversiones, Zona Especial Canaria, incentivos a la inversión, transportes, etc.) que se coordinan con la normativa europea de ayudas de Estado y fondos, permitiendo mayores intensidades de ayuda compatibles con el estatuto RUP.
• Estatuto de Autonomía de Canarias: la Ley Orgánica 1/2018, de reforma del Estatuto de Autonomía (BOE-A-2018-15138), incorpora el reconocimiento del carácter ultraperiférico y del REF como elementos estructurales, lo que refuerza la obligación estatal y europea de tenerlos en cuenta en la programación y asignación de fondos.
• Normas sobre compensación de sobrecostes: reales decretos como el 552/2020, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías del Anexo I con origen o destino Canarias (BOE-A-2020-6473), y el 147/2019 para mercancías no Anexo I (BOE-A-2019-4717), desarrollan el artículo 7 de la Ley 19/1994 y complementan la lógica de compensación de sobrecostes propia de las RUP, a menudo cofinanciada con fondos europeos.
• Zonas de Promoción Económica y otros instrumentos: el Real Decreto 169/2008 (y sus modificaciones por los RD 312/2015 y 622/2022) delimita la zona de promoción económica de Canarias, encajando con mapas de ayudas regionales y, por tanto, con la intensidad máxima permitida de financiación europea.
• Gobernanza de fondos agrícolas y rurales: el Real Decreto 1080/2014 regula la coordinación de autoridades de gestión de programas de desarrollo rural 2014‑2020, donde Canarias dispone de un programa propio cofinanciado FEADER.
• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): el Real Decreto‑ley 36/2020 (BOE-A-2020-17340) y normas derivadas (por ejemplo, RD 690/2021 sobre el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia) fijan la arquitectura para gestionar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que Canarias accede a través de conferencias sectoriales, asignaciones territoriales y convocatorias estatales que pueden ponderar su condición de RUP.

3. Requisitos sustantivos para la asignación a Canarias

Sobre esta base normativa, los requisitos clave para que Canarias reciba fondos europeos como RUP pueden resumirse en:

• Criterios de elegibilidad y programación: inclusión de Canarias en programas operativos (FEDER, FSE+, FEADER, FEMPA, etc.) y en el Plan Estratégico de la PAC, definiendo prioridades y actuaciones que respondan a sus desventajas estructurales. La elegibilidad viene determinada por la clasificación como RUP y por los reglamentos de cada fondo.
• Cofinanciación y límites de intensidad: aplicación de los techos de intensidad de ayuda y tasas de cofinanciación máximas permitidas para RUP, más elevadas que en la España peninsular. Las órdenes estatales sobre gastos subvencionables (HFP/1414/2023 para FEDER‑FTJ, TES/106/2024 para FSE+) concretan qué costes son elegibles y en qué condiciones.
• Compensación de sobrecostes: utilización de los regímenes específicos (pesca, transporte, energía, etc.) previstos en reglamentos europeos y desarrollados en el REF para cubrir costes adicionales derivados de la ultraperiferia, lo que condiciona tanto el diseño de las convocatorias como los importes unitarios de ayuda.
• Condiciones horizontales (“condicionalidades habilitantes”): cumplimiento de las exigencias transversales de la normativa europea (normas de ayudas de Estado, contratación pública, medio ambiente, igualdad, buen gobierno económico) como requisito previo para la aprobación y el desembolso de fondos.
• Coordinación multilevel: participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los órganos de gobernanza (comités de seguimiento, conferencias sectoriales, consejos asesores como el regulado por el RD 158/2021) donde se acuerdan los repartos financieros internos, la selección de proyectos y las revisiones de programas.

En conjunto, no existe una única “ley de asignación de fondos europeos a Canarias”, sino un sistema escalonado: el reconocimiento de las RUP en los Tratados, los reglamentos europeos de fondos con cláusulas específicas para estas regiones, y un bloque de derecho español (REF, Estatuto, reales decretos de compensación de sobrecostes y normas de gobernanza de fondos) que traduce ese trato singular en mayores tasas de ayuda, envelopes financieros específicos y reglas de gestión adaptadas a su ultraperiferia.