Nicolás González Casares (S&D): "Los operadores de centros de datos deben asumir parte del coste de las nuevas infraestructuras"

El eurodiputado socialista analiza en Demócrata la hoja de ruta energética que prepara la Comisión Europea, desde los objetivos de electrificación para 2040 hasta el futuro del mercado de carbono, el papel del almacenamiento y el impacto de los centros de datos sobre la red eléctrica

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La Comisión Europea ha reservado para este viernes una de las reuniones más importantes del año, antes del parón estival con la energía como gran protagonista. El Colegio de Comisarios tiene previsto aprobar el esperado Plan de Acción para la Electrificación, junto a una revisión de los cargos de acceso a las redes eléctricas y la actualización del mercado europeo de emisiones (ETS), tres expedientes que marcarán el rumbo de la transición energética comunitaria en los próximos años.

Ante este nuevo paquete legislativo, Nicolás González Casares (1972), eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo, defiende que la electrificación debe convertirse en una herramienta para reducir la dependencia energética exterior, mejorar la competitividad y avanzar hacia los objetivos climáticos de la Unión. En conversación con Demócrata, analiza las claves del plan que presentará la Comisión, desde el objetivo de electrificación para 2040 hasta el papel del almacenamiento, las redes, los centros de datos y el futuro del ETS.

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Pregunta: Los borradores hablan de fijar un objetivo vinculante de electrificación para 2040, aunque todavía no se conoce el porcentaje. ¿Qué nivel considera necesario?

Respuesta: El objetivo debe ser el que permita cumplir las metas climáticas de la Unión Europea: una reducción del 90 % de las emisiones en 2040, el objetivo intermedio del 55 % para 2030 y una cuota de renovables coherente con esa trayectoria. El porcentaje exacto aún no lo conocemos, pero debería quedar reflejado en el Reglamento de Gobernanza.

Lo importante es que sea un objetivo ambicioso. Europa no puede quedarse estancada en sus niveles actuales de electrificación. Al final, la electrificación refleja cómo evoluciona y se descarboniza la demanda energética. Si queremos descarbonizar esa demanda, necesitamos más renovables y que cada vez más sectores sustituyan los combustibles fósiles por electricidad.

No me atrevo a poner una cifra concreta porque todavía no conocemos la propuesta de la Comisión. En los escenarios de neutralidad climática siempre se ha hablado de que la economía debería alcanzar alrededor de un 70 % de electrificación en 2050. Para 2040 probablemente estemos hablando de un nivel cercano al 40 %, pero aún es pronto para afirmarlo.

Pregunta: La crisis en Oriente Medio ha vuelto a evidenciar el coste de depender de los combustibles fósiles. ¿Cómo puede evitar la Comisión que esa dependencia se sustituya por otra tecnológica, por ejemplo en baterías o componentes?

Respuesta: Lo primero es recordar cuánto cuesta la dependencia fósil. Solo durante estos meses de tensión en torno al estrecho de Ormuz hemos tenido que asumir unos 50.000 millones de euros adicionales en importaciones energéticas. Si estuviéramos en la situación previa a la guerra de Ucrania, el impacto habría sido mucho mayor. Eso demuestra que Europa ya ha avanzado reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles y que ese camino funciona.

Casares: "Europa no puede quedarse estancada en sus niveles actuales de electrificación. Si queremos descarbonizar esa demanda, necesitamos más renovables y que cada vez más sectores sustituyan los combustibles fósiles por electricidad"

Es verdad que la transición energética genera nuevas dependencias tecnológicas, pero hay una diferencia fundamental: el sol, el viento y el agua son recursos europeos, mientras que los combustibles fósiles no lo son. Debemos proteger las industrias que desarrollan las tecnologías necesarias para aprovechar esos recursos.

Ahora bien, proteger no significa cerrar el mercado ni limitarse a imponer aranceles. Significa crear las condiciones para que la industria europea pueda competir y desarrollarse.

Pregunta: ¿Qué medidas puede impulsar el Parlamento para que esta electrificación no termine encareciendo la vida de los ciudadanos?

Respuesta: La principal ventaja es que la electricidad es mucho más eficiente que los combustibles fósiles. Para obtener el mismo servicio energético se necesita consumir menos energía, y eso acaba traduciéndose en menores costes. Por eso la electrificación no solo reduce emisiones, sino que normalmente también mejora la competitividad.

Además, hay aspectos regulatorios que deben corregirse. Hoy sigue existiendo el denominado Primary Energy Factor (PEF), que en determinados casos continúa favoreciendo una caldera de gas frente a una bomba de calor al considerar, erróneamente, que resulta más eficiente. Esa regulación debe modificarse para facilitar la electrificación.

Lo mismo ocurre con el transporte. Aunque los vehículos eléctricos todavía tengan un precio de compra superior, su coste de uso es mucho menor. En España, recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico cuesta aproximadamente tres o cuatro veces menos que hacerlo con uno de gasolina gracias al precio de una electricidad cada vez más renovable. Por tanto, electrificar la demanda no solo beneficia al clima; también mejora la economía de los hogares.

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Pregunta: El plan podría plantear reducir progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Existe margen político para sacar adelante esa medida?

Respuesta: Deben avanzar dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, hay que seguir reduciendo los costes que soporta la electricidad. España ha dado un paso importante eliminando recientemente el impuesto del 7 % sobre la generación eléctrica, una medida que mejora su competitividad.

Por otro, debemos reducir gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles y avanzar hacia una fiscalidad que grave más aquellas energías que generan emisiones.

Esa transición debe hacerse de forma progresiva y teniendo en cuenta el contexto económico. Cuando los precios de los combustibles fósiles son elevados, la electrificación ya resulta más atractiva por sí misma. La política fiscal debe acompañar esa evolución. La dirección es clara: menos cargas para la electricidad y una mayor fiscalidad sobre los combustibles fósiles. Esa es la trayectoria que debe seguir Europa.

Pregunta: Los borradores plantean casi cuadruplicar la capacidad de almacenamiento respecto a las previsiones de 2016. ¿De dónde deberían salir esas inversiones?

Respuesta: El almacenamiento será una pieza fundamental del sistema eléctrico europeo y, por tanto, debe recibir apoyo público y privado.

A medida que aumenta el peso de las renovables, necesitamos almacenar la energía cuando hay exceso de producción para utilizarla cuando la demanda lo requiera. Eso puede hacerse mediante bombeo hidráulico o mediante baterías, tecnologías que hoy ya son mucho más competitivas.

En el caso de la península ibérica esta cuestión es todavía más importante. Más allá de la interconexión que se está desarrollando por Vizcaya, no se prevén nuevas grandes conexiones con el resto de Europa antes de 2040. Eso significa que España y Portugal seguirán funcionando, en gran medida, como un sistema aislado.

Si queremos seguir incorporando renovables sin frenar nuevas inversiones, necesitaremos mucho más almacenamiento y también mayor flexibilidad del sistema. Si Europa no avanza en las interconexiones, debe apoyar soluciones alternativas para países como España y Portugal. El plan de electrificación acierta al apostar por el almacenamiento, pero también debe incluir instrumentos financieros que permitan desarrollarlo.

Casares: "El sol, el viento y el agua son recursos europeos, mientras que los combustibles fósiles no lo son. Debemos proteger las industrias que desarrollan las tecnologías necesarias para aprovechar esos recursos"

Pregunta: Siguiendo con el caso de la península ibérica, ¿espera que el plan incorpore referencias a las lecciones aprendidas tras el apagón?

Respuesta: Creo que sí. En España ya se han puesto en marcha numerosas medidas para mejorar el control de tensión y reforzar la estabilidad de la red.

La principal enseñanza es que un sistema cada vez más descentralizado requiere nuevas herramientas de gestión. A medida que aumenta la generación renovable distribuida, controlar el equilibrio entre oferta y demanda resulta más complejo. En ese contexto, el almacenamiento volverá a desempeñar un papel esencial. No solo facilitará la gestión del sistema, sino que también permitirá seguir haciendo rentables tecnologías como la energía solar.

Nadie considera positivo un apagón, pero lo importante es aprender de los fallos para evitar que vuelvan a producirse.

Pregunta: Otro de los grandes debates gira en torno al crecimiento de los centros de datos. ¿Qué reglas deberían establecerse para evitar que tensionen el sistema eléctrico o encarezcan la electricidad?

Respuesta: Allí donde se ha producido un gran despliegue de centros de datos han ocurrido dos cosas: han aumentado los precios mayoristas de la electricidad y también los costes de las redes eléctricas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos o en Irlanda.

Eso significa que los operadores de esos centros deben asumir parte del coste de las nuevas infraestructuras que necesitan. No puede recaer sobre los consumidores o sobre las industrias que ya estaban conectadas a la red.

Además, ese desarrollo no puede hacerse a costa de la transición energética europea. Más centros de datos deben significar también más renovables. No tendría sentido cubrir esa nueva demanda recurriendo otra vez al gas fósil.

Casares: 

“No tendría sentido cubrir esa nueva demanda recurriendo otra vez al gas fósil. Más centros de datos deben significar también más renovables”

También es necesario plantear una cuestión estratégica. Muchos de estos centros pertenecen a empresas extranjeras. Si Europa pone a su disposición energía, suelo, agua o infraestructuras, también debe exigir un compromiso con la soberanía tecnológica europea. No tiene sentido consumir enormes cantidades de recursos para entrenar modelos de inteligencia artificial si, llegado el momento, una empresa puede limitar unilateralmente el acceso a esos servicios. Por tanto, cualquier nuevo centro de datos debería asumir un doble compromiso: operar con energía limpia y contribuir a los intereses estratégicos de Europa.

Pregunta: Cambiando de asunto, una de las grandes reformas pendientes este viernes será la revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS). España, junto a otros países, ha defendido mantener la ambición climática. ¿Qué espera de la propuesta de la Comisión?

Respuesta: Hace unos meses surgió una corriente, liderada principalmente por Italia, que planteaba debilitar el ETS. Creo que sería un error. El ETS no es solo una pieza clave de la arquitectura climática europea; también lo es de su arquitectura económica.

Eliminarlo o vaciarlo de contenido sería un auténtico desastre. El ETS no solo incentiva la descarbonización, sino que también reduce nuestra dependencia energética. Las emisiones provienen, fundamentalmente, del uso de combustibles fósiles, y Europa no dispone de esos recursos. Cada tonelada de CO₂ que dejamos de emitir significa también menos importaciones de energía.

Europa ha reducido sus emisiones alrededor de un 39 % en las dos últimas décadas y España cerca de un 48 %. Parte de esa reducción responde a cambios industriales, pero también a una mayor eficiencia y a un menor consumo de combustibles fósiles. Eso ha supuesto un importante ahorro económico.

Además, el ETS aplica un principio muy sencillo: quien contamina paga. Y los recursos que genera se destinan a financiar tecnologías limpias e inversiones para acelerar la transición energética.

Casares: “La electrificación no solo reduce emisiones, sino que normalmente también mejora la competitividad”

Pregunta: ¿Eso implica mantener también la reducción progresiva de los derechos de emisión gratuitos?

Respuesta: El factor de reducción lineal debe mantenerse y los derechos gratuitos tienen que ir disminuyendo progresivamente. Es cierto que hay sectores que todavía encuentran dificultades porque no disponen de alternativas tecnológicas maduras para descarbonizarse. Pienso especialmente en industrias como el cemento o la cerámica.

En esos casos puede ser necesario introducir mecanismos específicos que les permitan adaptarse sin perder competitividad. Sin embargo, no todos los sectores se encuentran en la misma situación. En el acero, por ejemplo, ya existen tecnologías para avanzar en la descarbonización y, además, la entrada en funcionamiento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) está empezando a equilibrar la competencia frente a las importaciones de países con menores exigencias ambientales.

Pregunta: Parte de la industria sostiene que el ETS está perjudicando la competitividad europea. ¿Cómo responde a ese argumento?

Respuesta: Hay que distinguir entre sectores. Es cierto que algunas industrias han visto reducirse sus márgenes, especialmente aquellas muy intensivas en energía. Pero también hay otras que han mejorado sus resultados.

En cualquier caso, culpar exclusivamente al ETS resulta simplista. La competitividad industrial depende de muchos factores: el precio de la energía, la innovación, las inversiones o la dependencia de los combustibles fósiles. El CBAM contribuirá además a corregir situaciones de competencia desleal derivadas de la llamada fuga de carbono.

También debemos preguntarnos qué han hecho algunas empresas con los recursos recibidos durante todos estos años mediante los derechos gratuitos de emisión. En algunos casos han recibido ayudas muy importantes sin que esas inversiones se hayan traducido después en una transformación real de sus procesos productivos.

Ahí también hay margen de mejora.

Pregunta: Hay gobiernos, como el italiano o parte de la industria alemana, que piden rebajar esa ambición climática para proteger la competitividad. ¿Comparte ese diagnóstico?

Respuesta: Creo que se puede debatir el ritmo al que avanzamos o los instrumentos concretos que utilizamos. Eso siempre es legítimo. Lo que me cuesta entender es cuestionar la utilidad del ETS. Hoy hacerlo supone ir en contra de los propios intereses económicos de Europa.

Pongo un ejemplo. Los ingresos del ETS pueden utilizarse de muchas maneras. Si simplemente se destinan a aliviar temporalmente la factura eléctrica de los consumidores, ese efecto desaparece rápidamente y, además, ese dinero vuelve a financiar un sistema que sigue dependiendo de los combustibles fósiles. En cambio, si esos recursos se invierten en renovables, almacenamiento, electrificación o redes eléctricas, el resultado es estructural: se reduce la dependencia energética y bajan los precios de la electricidad de forma permanente.

Esa es la diferencia. Por eso algunos países han entendido el ETS como una herramienta de transformación económica, mientras que otros siguen viéndolo únicamente como un coste.

Demócrata bruselas 

Off the record

“No es fácil explicar esto”, bromea González Casares al despedirse, consciente de que detrás de términos como ETS, electrificación, PEF o "almacenamiento" todavía se esconde una arquitectura regulatoria difícil de trasladar fuera de Bruselas.

El eurodiputado asegura que su forma de abordar estos debates pasa por buscar ejemplos concretos y recurrir siempre a los datos. Durante la conversación, esa filosofía se repite: cifras sobre dependencia energética, costes para los consumidores, evolución de las emisiones o capacidad de las redes para intentar hacer más comprensible una de las transformaciones económicas más profundas a las que se enfrenta Europa.

Nicolás González Casares
Nicolás González Casares -

 

 

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿En qué fase de tramitación parlamentaria se encuentra el Plan de Acción para la Electrificación de la Comisión Europea y cuáles son los siguientes pasos para su aprobación?

El llamado Plan de Acción para la Electrificación de la Comisión Europea no está en ninguna fase de tramitación parlamentaria porque no es una propuesta de ley, sino una Comunicación no legislativa de la Comisión. En consecuencia, no existe expediente legislativo en el Parlamento Europeo (no hay código 20xx/…(COD), ni ponente, ni calendario de votaciones) y el plan no requiere una “aprobación” formal por parte de la Eurocámara ni del Consejo. A día de hoy (julio de 2026), las fuentes sitúan el plan como iniciativa prevista en el programa de trabajo de la Comisión para 2026 y en fase de consultas y preparación técnica, sin constancia de que se haya convertido aún en una Comunicación final plenamente publicada. Los siguientes pasos transcurren sobre todo dentro de la propia Comisión y, más adelante, a través de posibles resoluciones políticas del Parlamento y del Consejo, y de futuras propuestas legislativas concretas que se deriven del plan.

Qué es exactamente el Plan de Acción para la Electrificación

Según el programa de trabajo de 2026 analizado por el periódico Demócrata, la Comisión prevé un “plan de acción para la electrificación” de carácter no legislativo y con horizonte T1 2026, encuadrado en el bloque de Energía y Clima, junto a otras iniciativas legislativas como medidas para reforzar la seguridad energética o un “ómnibus” sobre productos energéticos (plan de trabajo de la Comisión para 2026).

En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha ido anunciando este plan en distintos foros. La presidenta Ursula von der Leyen lo ha presentado como un instrumento para fijar un nuevo objetivo de electrificación, suprimir obstáculos regulatorios y movilizar inversión en tecnologías limpias, en línea con la estrategia AccelerateEU y el paquete de energía asequible descrito en el plan REPower/“energía asequible” (comunicación sobre energía asequible; cobertura en plan energético europeo).

Las fichas de la propia Comisión lo catalogan como Comunicación COM(2025) 870, es decir, un documento de orientación política y no una directiva o un reglamento (registro de documentos de la Comisión, referencia COM(2025)870 citada en el resumen; ficha comentada también por asociaciones sectoriales como en este artículo de SmartGridsInfo y la nota de CEOE sobre la convocatoria de datos de la Comisión).

Por qué no hay tramitación parlamentaria

En el sistema de la UE, solo los actos legislativos (reglamentos, directivas, decisiones legislativas) se tramitan como expedientes formales ante Parlamento y Consejo. Las Comunicaciones de la Comisión:

  • Se adoptan exclusivamente por la propia Comisión.
  • Se publican en la serie COM de EUR-Lex (portal EUR-Lex), pero no abren por sí mismas un procedimiento legislativo.
  • Pueden ser debatidas por el Parlamento Europeo, que a partir de ellas puede aprobar informes e iniciativas no legislativas (resoluciones), sin efecto jurídico vinculante directo.

Eso es exactamente lo que ocurre con el Plan de Acción para la Electrificación: al ser una Comunicación, no genera un expediente de “proyecto de reglamento/directiva” ante la Eurocámara. Por tanto:

  • Fase en el Parlamento Europeo: no hay tramitación legislativa en curso sobre el plan como tal; no figura ningún procedimiento ni votación específica sobre su “aprobación”.
  • Lo que sí está en marcha en la Eurocámara son expedientes legislativos relacionados (por ejemplo, el Paquete de Redes Europeas sobre permisos y TEN-E, que Demócrata detalla como COM(2025) 1005/1006/1007 en su Agenda Demócrata de energía de junio), pero estos se tramitan con sus propios códigos y no forman parte del Plan de Acción para la Electrificación en sentido estricto.

Estado actual en la Comisión Europea

Las fuentes consultadas sitúan el plan en estas fases:

  • Diseño y consultas: la Comisión ha lanzado una recopilación de datos y una consulta pública específica sobre electrificación, con plazo hasta el 20 de noviembre de 2025, para alimentar el contenido del Plan de Acción (nota sobre la consulta).
  • Programación temporal: el plan aparece en el programa de trabajo de 2026 como Comunicación no legislativa prevista para el primer trimestre de 2026 (plan de trabajo de la Comisión), aunque en las fuentes disponibles no se confirma aún su adopción formal ni la publicación definitiva.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre la adopción final del texto ni sobre su número COM definitivo más allá de la referencia genérica COM(2025)870.

Próximos pasos reales para su “aprobación”

Dado que no hay una votación de aprobación parlamentaria, los pasos clave son otros:

  • Dentro de la Comisión Europea:
    • Cierre de la consulta pública y análisis de aportaciones técnicas, empresariales y sociales.
    • Elaboración de la Comunicación final y su adopción por el Colegio de Comisarios.
    • Publicación en el registro de documentos y en EUR-Lex como Comunicación COM, que es el acto que le da existencia oficial.
  • En el Parlamento Europeo y el Consejo:
    • Posibles debates en comisión (ITRE, ENVI, TRAN, etc.) y en Pleno sobre la Comunicación, con adopción de resoluciones que fijen la posición política de la Eurocámara.
    • Eventuales conclusiones del Consejo sobre electrificación, redes y autonomía energética, utilizando el Plan como referencia.
  • Traducción en normas concretas:
    • De este Plan pueden derivarse futuras propuestas legislativas (directivas, reglamentos u otros actos jurídicos) en ámbitos como redes, fiscalidad energética, ayudas de Estado o mercados de CO₂. Esas sí seguirán el procedimiento legislativo ordinario, con tramitación parlamentaria completa y votaciones formales.

En resumen, el Plan de Acción para la Electrificación es hoy una pieza de estrategia energética en preparación dentro de la Comisión, sin expediente legislativo propio en el Parlamento Europeo; su “aprobación” corresponde a la propia Comisión y el papel de la Eurocámara será, sobre todo, político y de impulso sobre las futuras leyes que se deriven de ese marco.

¿Qué diferencias hay entre este Plan de Acción para la Electrificación y el Paquete de Redes Europeas que sí se está tramitando legislativamente? ¿Qué posición han manifestado el Gobierno español y los principales partidos sobre la estrategia europea de electrificación? ¿Qué tipos de propuestas legislativas concretas podrían salir del Plan de Acción para la Electrificación y cómo se tramitarían en la Eurocámara?

¿Cuáles son las competencias y funciones de un eurodiputado miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo?

Un eurodiputado miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) es, en la práctica, uno de los legisladores clave de la UE en materia de política energética, industrial, digital y de I+D. Su trabajo combina tres grandes bloques: elaborar y negociar leyes, fiscalizar a la Comisión Europea y decidir sobre el uso de una parte sustancial del presupuesto comunitario dedicada a industria, energía y ciencia. Además, ejerce diplomacia parlamentaria y mantiene el vínculo entre esas políticas europeas y los intereses de su Estado miembro y de sus votantes.

1. Ámbitos materiales de competencia de ITRE

Según la descripción oficial de la comisión, ITRE se ocupa de la política industrial, la investigación y la innovación (incluido Horizonte Europa), el mercado interior de la energía, la eficiencia energética, las renovables, la seguridad del suministro, la política espacial y parte de la agenda digital y de comunicaciones electrónicas. Todo ello se recoge en el perfil de la comisión en la web del Parlamento Europeo, accesible en la página “About ITRE” (perfil oficial de ITRE) y en descripciones de conjunto como la de la UE sobre el Parlamento Europeo (ficha del Parlamento Europeo).

2. Funciones legislativas dentro de ITRE

Como miembro de ITRE, el eurodiputado participa en todo el ciclo legislativo en estos ámbitos:

  • Trabajo en comisión: las propuestas de la Comisión Europea se envían primero a ITRE, donde se debaten, se enmiendan y se votan antes de ir al Pleno. La Comisión es el “taller” legislativo, como explica Demócrata al describir el papel de las comisiones permanentes en la Eurocámara (guía de supervivencia parlamentaria).
  • Ponente (rapporteur) o ponente en la sombra: un eurodiputado puede ser designado ponente de un expediente, con la tarea de redactar el informe, negociar en nombre del Parlamento y defender la posición final en el Pleno; el resto de grupos nombra “shadow rapporteurs” que negocian enmiendas y acuerdos, como detalla esa misma guía de Demócrata.
  • Negociación con el Consejo: el texto aprobado en ITRE sirve como mandato para negociar con los Estados miembros (trílogos). Por ejemplo, la comisión ha fijado posiciones para agilizar permisos de renovables y redes eléctricas (artículo sobre permisos de renovables) o para reformar la Ley de Materias Primas Críticas (materias primas críticas).
  • Voto en comisión y en Pleno: el eurodiputado vota en ITRE y luego en el Pleno todos los reglamentos y directivas de su ámbito, desde la política energética hasta la regulación industrial de cero emisiones, descrita por la Comisión Europea en documentos sobre descarbonización industrial (descarbonización e industria).

3. Función de control político y supervisión

El eurodiputado de ITRE también ejerce control sobre la Comisión Europea y otros organismos:

  • Audiencias y comparecencias: ITRE organiza audiencias a comisarios designados y en ejercicio, así como a altos cargos y expertos, para examinar su idoneidad y su gestión. Ejemplos de estas interacciones aparecen en notas del Parlamento Europeo sobre audiencias de comisarios responsables de energía, industria y tecnología, y en el seguimiento político que recoge el periódico Demócrata en temas como la aplicación de la regulación digital (ley de mercados digitales).
  • Preguntas, resoluciones y control del Ejecutivo: puede registrar preguntas escritas y orales, impulsar resoluciones críticas y exigir que la Comisión rinda cuentas ante ITRE, en línea con las facultades generales de los eurodiputados descritas por el Parlamento (rol de los miembros).
  • Seguimiento de estrategias europeas: ITRE es foro clave para vigilar la ejecución de grandes estrategias, como la autonomía estratégica industrial y energética o el despliegue de la Unión de la Energía, sobre las que escriben, por ejemplo, eurodiputados como Pilar del Castillo en artículos de opinión en Demócrata (seguridad y autonomía energética).

4. Funciones presupuestarias

En coordinación con la Comisión de Presupuestos, los miembros de ITRE participan en:

  • Definición de prioridades de gasto en programas de I+D como Horizonte Europa (carta sobre Horizonte Europa) y en fondos para transición energética, industria de cero emisiones y redes.
  • Control de la ejecución de esos fondos, exigiendo transparencia y evaluaciones de impacto, en línea con el papel general del Parlamento en el presupuesto de la UE (funciones presupuestarias).

5. Representación política y trabajo externo

Más allá del trabajo interno, el eurodiputado de ITRE:

  • Representa intereses territoriales y sectoriales: impulsa misiones, foros y contactos con industria y sindicatos. Demócrata recoge, por ejemplo, la organización de foros sobre competitividad industrial coordinados por eurodiputados de ITRE (foro sobre competitividad europea).
  • Interactúa con lobistas y sociedad civil: asociaciones industriales, ONG climáticas, universidades o plataformas ciudadanas influyen en los expedientes de ITRE, en un ecosistema descrito por el periódico Demócrata al hablar del trabajo parlamentario cotidiano y del papel del lobby en Bruselas (trabajo en comisiones y lobby).
  • Conecta Bruselas con la política nacional: durante las “semanas verdes”, los eurodiputados regresan a sus países para explicar decisiones europeas y recoger posiciones de gobiernos, parlamentos nacionales y sectores afectados, algo que se aprecia en la cobertura de Demócrata sobre agenda energética y reuniones de ITRE (agenda Demócrata de la energía).

En resumen, un eurodiputado en ITRE no solo “vota leyes”: diseña la arquitectura regulatoria que condiciona el futuro industrial, energético, tecnológico y científico de la UE, controla su aplicación y defiende, desde esa posición, tanto las prioridades comunes europeas como los intereses de su país y de su circunscripción.

¿Qué papel concreto tiene un ponente (rapporteur) de ITRE en los trílogos con el Consejo y cómo se decide quién ocupa ese cargo? ¿Qué expedientes legislativos más relevantes está tramitando ahora mismo la Comisión ITRE en materia de energía o industria? ¿Cómo influyen los grupos de interés del sector energético e industrial en los trabajos de ITRE y qué reglas de transparencia se les aplican?

¿Qué requisitos legales deben cumplir los operadores de centros de datos para participar en el coste de las nuevas infraestructuras energéticas en la Unión Europea?

En la actualidad, el Derecho de la Unión Europea no impone una obligación específica y directa a los operadores de centros de datos para cofinanciar de forma general los costes de las nuevas infraestructuras de red eléctrica. Lo que existe es un marco de principios (Reglamento 2019/943, Directiva 2019/944 y Reglamento TEN‑E 2022) que regula el acceso a la red, los peajes y el reparto de costes de conexión y refuerzo, y deja a los Estados miembros margen para diseñar cargos y cánones, siempre que sean transparentes, basados en costes y no discriminatorios. A esto se suman normas recientes sobre eficiencia y sostenibilidad de centros de datos que condicionan su integración en el sistema energético, pero sin convertirles en “pagadores dedicados” de las redes.

1. Qué costes deben asumir legalmente los centros de datos

Según la síntesis disponible, la Directiva (UE) 2019/944 permite que los Estados miembros obliguen a los nuevos usuarios a sufragar:

  • Costes de conexión directa (líneas, subestaciones, equipos hasta el punto de conexión) y los refuerzos de red que sean directamente atribuibles a su conexión, siempre que sean necesarios y proporcionados.
  • No se les puede cargar el coste de refuerzos estructurales de la red que formen parte de la planificación a largo plazo, que deben financiarse vía peajes generales repartidos entre todos los usuarios.

El Reglamento (UE) 2019/943 exige que los peajes y cargos de red sean:

  • No discriminatorios entre tipos de usuarios, incluidos los grandes consumidores.
  • Basados en costes eficientes y diseñados de modo que no asignen cargas desproporcionadas a un solo grupo (por ejemplo, solo a centros de datos).

En la práctica, los centros de datos pagan:

  • Sus derechos de acceso y conexión y las obras específicas necesarias para engancharse a la red.
  • Su parte de las inversiones generales de transporte y distribución a través de los peajes y cargos regulados, igual que el resto de consumidores industriales.

2. TEN‑E y el Paquete de Redes Europeas

El Reglamento TEN‑E de 2022 sobre redes transeuropeas de energía prioriza proyectos de interés común en electricidad, gas e hidrógeno, pero no convierte a los centros de datos en cofinanciadores obligatorios de esas infraestructuras. Los costes se cubren con tarifas de red, fondos europeos y, en su caso, contribuciones de los promotores de los proyectos energéticos, no de los consumidores finales individualizados.

El reciente Paquete de Redes Europeas, cuya posición del Consejo se resume en la nota del Consejo de la UE sobre la modernización de la red energética (comunicado del Consejo), refuerza la planificación conjunta y decide reinvertir parte de los ingresos por congestiones en proyectos transfronterizos, pero de nuevo actúa sobre el regulador y los gestores de red, no creando una tasa directa europea específica sobre centros de datos.

3. Nuevas normas sectoriales sobre centros de datos

La Comisión Europea reconoce que los centros de datos son grandes consumidores que ya en 2024 usaban electricidad equivalente a casi 20 millones de hogares, y cuya demanda se prevé duplicar hacia 2030, según el discurso de Virkkunen y Jørgensen sobre el paquete de soberanía tecnológica (discurso de la Comisión).

En respuesta, se anuncian tres líneas de acción relevantes:

  • Un sistema europeo de clasificación para centros de datos que mida eficiencia energética, consumo de agua y sostenibilidad (desarrollado a través del régimen de evaluación y clasificación para instalaciones de más de 500 kW, recogido en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, accesible en [enlace]).
  • El impulso de acuerdos tripartitos voluntarios entre autoridades públicas, operadores de centros de datos y agentes energéticos para optimizar su integración en la red, el suministro renovable y la flexibilidad, tal y como describe la Hoja de ruta para la digitalización y la IA en la energía (Q&A de la Comisión) y el primer acuerdo tripartito sobre almacenamiento de energía (nota sobre almacenamiento).
  • La aplicación de la Directiva (UE) 2023/1791 de eficiencia energética, que obliga a reportar datos de rendimiento y, en algunos marcos nacionales, conduce a exigencias de autoconsumo renovable o reutilización de calor residual, reduciendo así la presión sobre la red (análisis sectoriales en [enlace] y [enlace]).

Estas normas no les obligan a financiar líneas o subestaciones nuevas, pero sí condicionan su acceso a la red a que sean flexibles, eficientes y alineados con la disponibilidad de renovables, lo que indirectamente reduce la necesidad de refuerzos costosos.

4. Espacio para la regulación nacional (ejemplo español)

El grueso de la “participación en costes” se está jugando en el plano nacional. En España, el Gobierno ha introducido un canon por reserva de capacidad de acceso y un calendario estricto de hitos para grandes consumidores, incluidos centros de datos, a través del Real Decreto‑ley 7/2026. Según explica el periódico Demócrata (análisis de Demócrata), este canon se paga desde que se obtiene el permiso de acceso, se descuenta después de los pagos por uso de la red y se destina a financiar el sistema eléctrico.

Además, el borrador de real decreto específico sobre eficiencia y sostenibilidad de centros de datos, difundido y comentado en documentos sectoriales como los disponibles en [enlace] y [enlace], apuntaría a obligaciones de uso efectivo de renovables (adicionalidad y correlación horaria) y posible autoconsumo, pero no a que los operadores paguen porcentajes fijos de todas las nuevas inversiones en red.

5. Conclusión

En síntesis, los operadores de centros de datos en la UE deben:

  • Pagar sus costes de conexión y refuerzos directamente atribuibles, según la Directiva 2019/944.
  • Contribuir a las inversiones generales de red a través de peajes y cargos regulados, de acuerdo con el Reglamento 2019/943.
  • Cumplir crecientes requisitos de eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad (Reglamento 2024/1364, Directiva 2023/1791 y marco de “green cloud” de la Comisión: iniciativa green cloud).
  • Atender las posibles figuras nacionales (cánones por reserva de capacidad, obligaciones de autoconsumo, etc.), siempre dentro de los límites europeos de proporcionalidad y no discriminación.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas que apunte a un mandato europeo que obligue, por ahora, a los centros de datos a financiar de forma singular todas las nuevas infraestructuras energéticas más allá de estos mecanismos generales.

Para completar el contexto sobre transparencia y datos de consumo de centros de datos, pueden consultarse, entre otros, el análisis parlamentario europeo en [enlace] y el reportaje de prensa sobre la nueva ley europea de eficiencia para data centers en [enlace].

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué porcentaje de electrificación para 2040 considera probable Nicolás González Casares aunque aún no sea oficial?

Pregunta 1 de 3

¿Qué medida ha tomado España recientemente para mejorar la competitividad de la electricidad?

Pregunta 2 de 3

¿Qué recursos menciona Casares como propios de Europa frente a los combustibles fósiles?

Pregunta 3 de 3

Hola, soy Fren. ¿Cómo te ayudo?