Rajoy responde a Sánchez tras el Francia-España: "Ellos no piden perdón por nada"

Las relaciones diplomáticas entre España y Francia atraviesan un momento de tensión política pero siguen formalmente encauzadas: no hay ruptura ni se habla de una “crisis” abierta entre gobiernos, aunque el clima es sensible. El Gobierno francés ha condenado con dureza las palabras de Mariano Rajoy sobre que la selección gala juega “sin franceses”, calificándolas de racistas y “patéticas”, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha apresurado a desmarcarse de esas declaraciones. El ministro José Manuel Albares ha trasladado a París que la columna de Rajoy “no es la posición del Gobierno de España” ni “el sentir mayoritario de los españoles”, y la Embajada y la embajadora francesa en Madrid insisten en la “amistad sólida y profunda” entre ambos países. El principal foco de fricción estructural no es tanto Rajoy como el bloqueo del Tratado de Amistad y Cooperación en el Senado por parte del PP, que Francia observa con preocupación pero sin romper la cooperación.

Reacción de Francia: condena dura, pero contención institucional

Según ha relatado el periódico Demócrata, el Gobierno francés reaccionó de inmediato a la columna de Rajoy sobre la selección francesa. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el comentario de “absolutamente inaceptable” y recordó que los 26 jugadores tienen nacionalidad francesa, 23 de ellos nacidos en Francia, denunciando que se cuestione su condición por el color de piel u origen familiar (crónica de Demócrata).

El jefe de la diplomacia francesa, Jean‑Noël Barrot, fue todavía más lejos: definió las palabras de Rajoy como “estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas” y las tildó de “patéticas”, insistiendo en que “Francia no tiene color de piel” y que el equipo nacional muestra “el mejor rostro” del país (artículo sobre Barrot). Otros miembros del Ejecutivo, como la ministra Aurore Bergé o Naïma Moutchou, han hablado de “resbalones racistas insoportables” y han pedido incluso estudiar acciones legales en el ámbito deportivo.

La Embajada de Francia en España difundió un mensaje subrayando que “todos los jugadores de la selección francesa son franceses” y que 23 nacieron en el país, corrigiendo de facto la frase de Rajoy (Demócrata). Y la embajadora ha aprovechado un acto público para reivindicar el poder del deporte para unir, alertar contra el chovinismo y, al mismo tiempo, recalcar la “amistad sólida y profunda” que une a Francia y España, a las que ha descrito como “socios y aliados”, remarcando que “los Pirineos no nos separan, nos unen” (información de Demócrata).

Respuesta del Gobierno español: desmarque y control de daños

Desde Moncloa, la estrategia ha sido aislar la polémica a la figura de Rajoy y, políticamente, al PP. Pedro Sánchez acusó al expresidente de “avergonzar a España” con “declaraciones xenófobas” y ligó el episodio a una defensa de la diversidad: “Que gane el mejor y que pierda el racismo”, afirmó en redes (pieza sobre Sánchez y ampliación).

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el principal cortafuegos diplomático. Ha calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables”, “hirientes” y “peligrosas”, y ha insistido en que “nada que encubra racismo o xenofobia representa a España”; en paralelo, ha subrayado que Francia es un país “amigo, vecino y socio” (crónica inicial y ampliación).

En una entrevista posterior, Albares explicó que ya había trasladado personalmente a su homólogo francés que la columna “no es la posición del Gobierno de España” ni “el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles”, subrayando que se trata de una opinión individual del expresidente del Gobierno (análisis en Demócrata). El ministro ha negado explícitamente que exista una “crisis diplomática” con Francia y ha insistido en que en París “conocen perfectamente” la postura oficial española.

Albares y otros ministros –como Félix Bolaños o Fernando Grande‑Marlaska– han aprovechado además para vincular el episodio con la actitud del PP respecto al Tratado de Amistad, acusando a los populares de “partido antifrancés” y de practicar “gamberrismo institucional e internacional” (Bolaños, Grande‑Marlaska, cobertura general y análisis de Demócrata).

Contexto de fondo: el Tratado de Amistad y la agenda bilateral

La polémica estalla además en plena tramitación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado en 2023. El Congreso dio luz verde al texto en junio pese al rechazo de PP y Vox (crónica parlamentaria), pero el Senado, con mayoría del PP, ha activado un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el artículo que permite la presencia de ministros del otro país en el Consejo de Ministros, lo que ha vuelto a paralizar la ratificación (explicación del movimiento en el Senado y seguimiento en directo).

La Embajada de Francia en España ha “tomado nota” de ese recurso, lo respeta como cuestión jurídica interna y expresa su confianza en una resolución “en el menor tiempo posible”, dejando claro que seguirá con atención las próximas etapas del proceso de ratificación (información sobre la reacción francesa). Tanto el Gobierno francés como responsables políticos galos han descrito en otras ocasiones la relación bilateral como “excepcional” y han subrayado el valor simbólico del Tratado (análisis previo).

En España, Albares ha pedido reiteradamente al PP que “evite el daño a España” y respalde el Tratado en el Senado (petición pública y otros pronunciamientos), mientras el PP defiende que el problema es jurídico y acusa al Gobierno de una “chapuza legislativa” en el diseño del acuerdo (nota del PP y información del Senado).

Balance: relación “estable pero sensible”

Con todo ello, el balance actual puede resumirse así: la polémica por Rajoy ha provocado un serio malestar político en París y un “pequeño lío diplomático”, en expresión de la ministra Elma Saiz (declaraciones recogidas), pero los canales bilaterales siguen abiertos y ambos gobiernos se esfuerzan por preservar una agenda estratégica común (comercio, frontera, UE, OTAN). La combinación de este episodio con el bloqueo del Tratado de Amistad hace que la relación esté más vigilada y politizada, pero, de momento, no se ha traducido en medidas de represalia ni en una degradación formal del vínculo diplomático.

Otros enlaces relacionados mencionados en las coberturas

Además de los artículos ya citados, la polémica y su contexto han sido abordados o tangencialmente mencionados en: análisis político, respuesta del PP, declaraciones de Almeida, reacción del partido de Le Pen, réplica de Rajoy, mensaje de Lamine Yamal, carta de eurodiputados y en coberturas generales sobre el Mundial y el rol político del fútbol como la de BBC Mundo y otros medios.

En el trasfondo, también influyen discursos y notas institucionales sobre el papel internacional de España, el Tratado de Amistad y el contexto europeo, recogidos en documentos como la comparecencia de Sánchez en el Consejo Europeo, su intervención tras otra reunión europea ([enlace]), sus declaraciones en Nicosia ([enlace]) o su rueda de prensa tras la Cumbre de la OTAN ([enlace]), así como notas del Ministerio de Exteriores sobre diplomacia y defensa de la democracia ([enlace]).

Otros documentos del PP, PSOE y distintos actores políticos, aunque no centrados exclusivamente en la relación hispano‑francesa, contribuyen a enmarcar el clima político en el que se inserta este episodio: críticas del PP, posicionamientos de Feijóo, mensajes del PSOE, críticas de Juan Espadas o debates colaterales en el Congreso como la reforma de delitos de opinión ([enlace]), que cruzan a menudo con la discusión sobre racismo, xenofobia y discurso público en Europa.

Según la Constitución Española, el Presidente del Gobierno es el jefe del poder ejecutivo y el responsable máximo de dirigir la acción del Gobierno y coordinar a sus ministros. Sus competencias no aparecen en un único artículo, sino que se desprenden del bloque dedicado al Gobierno y de otros preceptos que regulan la investidura, la responsabilidad política, la disolución de las Cortes y los estados de crisis. En conjunto, la figura del Presidente articula la relación entre el Gobierno, el Rey y las Cortes Generales, y concentra la dirección política general del Estado dentro del marco de la Constitución Española.

1. Jefatura del Gobierno y dirección política

El punto de partida está en el artículo 97, que establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El artículo 98 concreta que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes (si los hay) y de los Ministros, y que el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Esto implica que fija las grandes líneas de la política gubernamental, reparte competencias entre ministerios y resuelve conflictos de coordinación, siempre “sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa” de cada ministro.

2. Investidura y nombramiento del Gobierno

El artículo 99 regula el procedimiento de investidura. Después de la renovación del Congreso, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, tras consultar a los grupos parlamentarios y a través del Presidente del Congreso. El candidato expone su programa y solicita la confianza de la Cámara. Si obtiene mayoría absoluta en primera votación, o mayoría simple en una segunda votación cuarenta y ocho horas después, el Rey le nombra Presidente.

Una vez nombrado, el Presidente ejerce una competencia clave: según el propio artículo 99 y el artículo 98, propone al Rey el nombramiento y cese de los demás miembros del Gobierno. Es decir, decide la estructura del gabinete y quién ocupa cada cartera, dentro de los límites generales de la Constitución y la ley.

3. Relaciones con las Cortes: confianza y responsabilidad política

La Constitución articula un sistema parlamentario en el que el Presidente del Gobierno está sometido a la confianza del Congreso de los Diputados:

• Cuestión de confianza (art. 112): el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada si vota a favor la mayoría simple de los diputados.
• Moción de censura (arts. 113 y 114): el Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante moción de censura, que debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno. Si se aprueba por mayoría absoluta, el Gobierno dimite y el candidato propuesto se entiende investido, siendo nombrado Presidente por el Rey.

El artículo 114 añade que, si el Congreso niega la confianza al Gobierno, este debe presentar su dimisión, iniciándose de nuevo el procedimiento del artículo 99 para designar Presidente.

4. Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones

El artículo 115 reconoce una competencia especialmente relevante: el Presidente del Gobierno puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad. El Rey decreta la disolución y el decreto fija la fecha de las elecciones. No puede proponerse la disolución mientras haya una moción de censura en trámite ni antes de que pase un año desde la disolución anterior (salvo el supuesto específico del artículo 99.5).

5. Referéndum y estados de crisis

El artículo 92 prevé el referéndum consultivo y señala que es convocado por el Rey “mediante propuesta del Presidente del Gobierno”, previa autorización del Congreso. El Presidente, por tanto, tiene la iniciativa política para someter decisiones de especial trascendencia a consulta ciudadana, dentro del procedimiento fijado.

En materia de seguridad y crisis constitucionales, el artículo 116 atribuye al Gobierno la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, con distintos requisitos de autorización y control parlamentario. Aunque la competencia es del Gobierno en su conjunto, el Presidente, como director de la acción gubernamental y responsable de proponer las decisiones al Consejo de Ministros, concentra de hecho la iniciativa y la dirección política en estas situaciones.

6. Otras funciones constitucionales relevantes

Varias funciones del Presidente se derivan de su condición de máximo responsable del Gobierno:

• Responsabilidad criminal (art. 102): su responsabilidad penal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con un procedimiento reforzado cuando se trata de delitos como la traición o los cometidos contra la seguridad del Estado.
• Relación con el Rey: la Constitución establece que muchos actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno o por los ministros competentes. De este modo, el Presidente asume la responsabilidad política por esos actos (por ejemplo, propuesta de referéndum, sanción de leyes, etc.).
• Relaciones internacionales y defensa: aunque formalmente son competencias del Gobierno (arts. 93 a 97), es el Presidente quien dirige la política exterior y de defensa, coordina los ministerios implicados y asume la primera representación política del Estado en estos ámbitos.

En síntesis, la Constitución configura al Presidente del Gobierno como el centro de gravedad del poder ejecutivo: dirige la acción del gabinete, responde ante el Congreso, puede impulsar la renovación de las Cortes, participa en la convocatoria de referéndums y lidera la actuación del Estado en situaciones ordinarias y de crisis, siempre dentro del marco de control parlamentario y judicial previsto en la Constitución Española.

Las últimas elecciones generales en las que ha participado el Partido Popular fueron las del 23 de julio de 2023. En esos comicios, el PP fue la fuerza más votada, con 137 escaños de 350 en el Congreso de los Diputados y alrededor de 8.160.837 votos, lo que supuso en torno al 33,1 % del voto válido. Sin embargo, se quedó lejos de la mayoría absoluta (176 escaños), por lo que no pudo formar gobierno en solitario y necesitaba pactar con otras fuerzas. Finalmente, a pesar de ganar en votos y escaños, la investidura que prosperó fue la de Pedro Sánchez (PSOE), gracias a los apoyos de sus socios parlamentarios.

Resultados del Partido Popular el 23J de 2023

Según los datos oficiales de las elecciones generales de 2023, recopilados en portales de referencia como Elecciones 2023 y los especiales de resultados de medios como RTVE o El País – resultados, el Partido Popular obtuvo:

• 137 escaños en el Congreso de los Diputados.
• 8.160.837 votos aproximadamente.
• Un porcentaje de voto en torno al 33,06–33,1 %.

En diversas piezas de análisis posteriores, recogidas por el periódico Demócrata, se utiliza este dato como referencia del “resultado 23J” del PP. Por ejemplo, en el seguimiento de encuestas de 2026, el diario recuerda repetidamente que el Partido Popular obtuvo el 33,1 % y 137 escaños el 23J frente al PSOE (31,7 % y 121 diputados), Vox (12,4 % y 33) y Sumar (12,3 % y 31), como puede verse en artículos como la encuesta GESOP, el análisis de Ipsos o el promedio de encuestas que compara con el resultado del 23J.

El Senado: mayoría amplia del PP

Además del Congreso, en el Senado el Partido Popular consiguió una victoria mucho más clara. En las elecciones de 2023 obtuvo alrededor de 120 de los 208 senadores electos, conformando una mayoría absoluta en la Cámara Alta. Esta hegemonía en el Senado se refleja en la cobertura posterior de Demócrata cuando analiza el reparto de poder institucional y la composición de la Mesa de la Cámara Alta frente a un Congreso mucho más fragmentado.

Contexto político del resultado

El 23J supuso un giro importante respecto a las generales de noviembre de 2019, en las que el PP se había quedado en torno a 89 escaños. La subida de casi 50 diputados permitió a Alberto Núñez Feijóo presentarse como ganador de las elecciones y líder del bloque de la derecha, algo que se recoge y se toma como línea de base en múltiples análisis demoscópicos posteriores, como los publicados por Demócrata en su agregador de encuestas (intención de voto).

Sin embargo, pese a ser primera fuerza, el PP no alcanzó los 176 escaños y la suma con Vox no era suficiente para lograr una mayoría alternativa estable sin otros apoyos. La posterior negociación de investidura mostró que el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) se quedaba por debajo de la suma del bloque que respaldó la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar y una constelación de fuerzas nacionalistas y soberanistas), tal y como explica Demócrata en sus análisis sobre el bloque de investidura.

Repercusión posterior y uso del “resultado 23J” como referencia

En el ciclo político actual, el “resultado del 23J” se ha convertido en un punto de referencia central para la lectura de las encuestas. Numerosos sondeos publicados y sintetizados por Demócrata —por ejemplo, los de Hamalgama, Sociométrica, GAD3, Sigma Dos o NC Report— toman siempre como base que el PP partió de 137 diputados y un 33,1 % de voto.

En resumen, las últimas generales en las que participó el Partido Popular, las del 23 de julio de 2023, se saldaron con una victoria clara en votos y escaños (137 diputados y un tercio del voto), pero insuficiente para articular una mayoría de gobierno solo con fuerzas de derechas. Ese equilibrio de poder en las Cortes es el que ha determinado la configuración del actual gobierno de coalición liderado por el PSOE y la dinámica parlamentaria de la XV Legislatura.

Para ampliar contexto general sobre el clima político y electoral en torno al PP y al resto de actores, pueden consultarse distintos análisis, crónicas y herramientas de datos publicados por el periódico Demócrata y otros medios, entre ellos: [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace] y otros especiales y bases de datos electorales.