Los socialistas quieren aprovechar la ley europea de IA para endurecer el control sobre los centros de datos

El grupo socialista busca introducir mayores exigencias de transparencia y sostenibilidad en la futura normativa comunitaria, con especial atención al consumo energético real de estas infraestructuras, su impacto ambiental y su compatibilidad con los objetivos climáticos europeos para 2050

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Los eurodiputados tienen ya sobre sus mesas de trabajo el borrador de la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial (Cloud and AI Development Act, CADA). Los ponentes han presentado su propuesta de informe, abriendo así la fase en la que los distintos grupos políticos tratarán de incorporar sus planteamientos a una iniciativa que pretende consolidar la soberanía tecnológica del continente y reducir sus dependencias de terceros países.

El texto establece cuatro niveles de garantía distintos a escala comunitaria para regular la seguridad, la autonomía operativa y la localización de los datos en los servicios de computación. En este escenario, el grupo socialista pretende que la norma que salga de su tramitación en el Parlamento Europeo, antes de iniciar las negociaciones con los Estados miembros, garantice un enfoque centrado en las "personas". Se trata de una posición que el Gobierno español viene defendiendo en los distintos debates legislativos sobre el ámbito digital que se desarrollan actualmente en Bruselas.

"Cada ley es una oportunidad", expresó esta semana el eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE), Nicolás González Casares, durante un encuentro a puerta cerrada. El parlamentario defendió que el continente "necesita normas para recuperar también la confianza de la ciudadanía" en un desarrollo tecnológico que funcione "no solo para el mundo digital, sino también para las personas". Uno de los aspectos que considera fundamentales en la futura legislación es precisamente la regulación de los estándares mínimos de rendimiento de las infraestructuras.

Cuatro niveles de garantía y criterios comunes para los Veintisiete

Lo que el Ejecutivo comunitario persigue con esta iniciativa es armonizar los esfuerzos de los Estados miembros y establecer un marco común que permita garantizar el desarrollo de un sector considerado de importancia estratégica para la Unión. La fragmentación regulatoria y las diferencias en los criterios nacionales pueden dificultar tanto la expansión de las infraestructuras como la capacidad europea para competir en un mercado cada vez más condicionado por la computación y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

"Si cruzas Alemania, Finlandia, Dinamarca o Portugal encontrarás planteamientos distintos", expuso González Casares. De ahí que el eurodiputado defienda la necesidad de establecer requisitos comunes a escala europea, aunque con margen para adaptarlos a las características de cada territorio. El objetivo, a su juicio, debe ser evitar que la armonización se convierta en una regulación ajena a las condiciones materiales en las que operan las infraestructuras.

"Hay que tener en cuenta las realidades geográficas. No todos los Estados miembros tienen el mismo mix energético o el mismo clima", añadió. Una consideración especialmente relevante para una legislación que deberá abordar el impacto de los centros de datos sobre el consumo eléctrico, la disponibilidad de recursos hídricos y las necesidades de las redes nacionales.

La cuestión adquiere una dimensión particular en un momento en el que la expansión de la inteligencia artificial está multiplicando las necesidades de capacidad de computación. Los centros de datos se han convertido en una infraestructura esencial para sostener esta transformación, pero su crecimiento también plantea interrogantes sobre el acceso a la energía, la sostenibilidad de las instalaciones y su integración en los sistemas eléctricos europeos.

Una etiqueta de sostenibilidad que no refleja todo el consumo

González Casares se muestra crítico con algunos de los planteamientos que está desarrollando el Ejecutivo comunitario, especialmente en lo relativo al esquema de evaluación de estas infraestructuras. El socialista considera que el sistema de clasificación propuesto no ofrece información suficiente para conocer el impacto real de los centros de datos.

"No es suficiente", sostiene. A su juicio, el mecanismo funciona como una etiqueta de sostenibilidad que permite evaluar las instalaciones en función de determinados indicadores relacionados con el consumo de energía, agua y recursos. Sin embargo, el sistema no permite conocer de manera completa el volumen total de recursos que necesita cada centro de datos para operar.

El parlamentario echa en falta que la evaluación recoja datos concretos sobre el consumo absoluto de electricidad, expresado en megavatios hora o kilovatios hora, así como el volumen total de agua utilizado y la cantidad de energía renovable consumida a lo largo del año. Considera que estos indicadores permitirían disponer de una fotografía más precisa del impacto ambiental de las instalaciones, más allá de la clasificación que obtengan en los distintos parámetros de eficiencia.

"Tenemos una etiqueta muy bonita, pero no conocemos la realidad", sentencia. Una de sus principales reivindicaciones es que la futura legislación permita obtener una imagen "clara" de lo que está ocurriendo con las emisiones totales y el consumo de estas infraestructuras.

"Cuando se añaden etiquetas sin conocer el consumo energético total de estos centros de datos, probablemente no tenemos una imagen completa", apuntó. La preocupación del socialista se sitúa, por tanto, en la diferencia entre medir la eficiencia relativa de una instalación y conocer el impacto absoluto que genera su funcionamiento. Una distinción relevante en un escenario de crecimiento acelerado de la capacidad de computación, en el que una mejora de los indicadores de eficiencia no implica necesariamente una reducción del consumo agregado si aumenta el número o el tamaño de las instalaciones.

El crecimiento de los centros de datos, condicionado por los objetivos climáticos

La sostenibilidad energética ocupa también un espacio destacado en la propuesta de informe presentada por el ponente. El borrador vincula la expansión de la capacidad de los centros de datos con su compatibilidad con los objetivos climáticos europeos para 2050 y plantea que estas infraestructuras deben contribuir activamente a la descarbonización del sistema energético comunitario.

Entre las medidas planteadas figura que, antes de declarar una determinada zona como área de aceleración para centros de datos, los Estados miembros deban realizar un análisis de impacto. El ejercicio tendría que verificar que la demanda eléctrica proyectada para las nuevas instalaciones resulta compatible con los objetivos recogidos en sus respectivos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), así como con las necesidades de suministro de los hogares.

Se trata de introducir un criterio de planificación que permita anticipar las consecuencias de la concentración de estas infraestructuras en determinados territorios. La autorización de nuevas áreas no dependería únicamente de la disponibilidad de suelo o de la capacidad para atraer inversiones, sino también de la posibilidad de garantizar el suministro eléctrico sin comprometer otros usos ni los compromisos climáticos adquiridos por los Estados miembros.

El borrador añade que estas zonas deberán procurar cubrir prácticamente el 100% de su demanda energética mediante fuentes renovables locales y libres de emisiones. Cuando no resulte técnicamente viable alcanzar ese suministro de forma directa y continua, el resto de las necesidades podrá cubrirse mediante electricidad de la red, sistemas de almacenamiento o mecanismos de gestión flexible de la demanda.

La propuesta busca así compatibilizar el despliegue de nuevas capacidades de computación con la transición energética, evitando que la expansión de la infraestructura digital se traduzca en una presión adicional sobre los sistemas eléctricos nacionales. La disponibilidad de energía limpia se convierte, en este sentido, en uno de los elementos que condicionarán la implantación y el crecimiento de los centros de datos.

Interconectar instalaciones para reducir la presión sobre la red

Otro de los aspectos que aborda el documento es la posibilidad de aprovechar la capacidad conjunta de centros de datos de menor tamaño o distribuidos geográficamente. El borrador analiza la viabilidad de interconectar estas instalaciones para que puedan entrenar modelos de inteligencia artificial en paralelo, en lugar de concentrar toda la capacidad de computación en grandes infraestructuras.

Este planteamiento permitiría aprovechar recursos ya disponibles y conectar instalaciones de manera más rápida, al tiempo que abre la puerta a una gestión más flexible de las cargas de trabajo. Entre sus posibles ventajas figura la reducción del consumo eléctrico durante las horas de máxima demanda de la red, mediante la distribución de las tareas de computación entre distintas instalaciones. La cuestión conecta con uno de los grandes retos que deberá resolver la futura legislación: cómo aumentar la capacidad europea de computación sin trasladar todos los costes energéticos y ambientales de ese crecimiento a los territorios en los que se concentran las infraestructuras.

Con el borrador ya sobre la mesa, los grupos políticos comienzan ahora a perfilar sus prioridades y las modificaciones que pretenden introducir en el informe. Los socialistas ven en esta fase una oportunidad para reforzar las exigencias de transparencia, sostenibilidad y control del consumo, en una legislación que no solo aspira a impulsar la infraestructura digital europea, sino también a determinar bajo qué condiciones deberá desarrollarse.

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CONTENIDO GENERADO CON IA

¿En qué fase parlamentaria se encuentra actualmente el borrador de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial en el Parlamento Europeo y cuáles son los próximos pasos para su aprobación?

A 19 de noviembre de 2026, la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial, conocida como CADA, se encuentra en la fase de trabajo en comisiones de la primera lectura del Parlamento Europeo. Los ponentes ya han presentado un borrador de informe, pero las comisiones todavía no lo han aprobado y el Pleno no ha fijado su posición. Por tanto, no es una norma aprobada ni está en vigor.

Qué se está tramitando

Aunque se denomina habitualmente «ley», jurídicamente es una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para reforzar el ecosistema europeo de nube e inteligencia artificial. La Comisión Europea la presentó el 3 de junio de 2026, como COM(2026) 502, y se tramita mediante el procedimiento legislativo ordinario: Parlamento y Consejo deben acordar el texto. Puede consultarse su recorrido en el historial de EUR-Lex.

El expediente es el 2026/0138(COD). Su remisión a las comisiones parlamentarias se anunció el 17 de septiembre de 2026. El examen corresponde conjuntamente a Industria, Investigación y Energía —ITRE— y Mercado Interior y Protección del Consumidor —IMCO—, con Diego Solier y Reinier Van Lanschot como ponentes. Las referencias oficiales son el Observatorio Legislativo y el seguimiento del Parlamento.

Qué significa la fase actual

La presentación del borrador de informe abre la negociación interna sobre qué cambios quiere introducir la Eurocámara en la propuesta de la Comisión. Demócrata informó el 19 de noviembre de que los grupos están perfilando sus prioridades y las modificaciones que intentarán incorporar. Ese borrador es una propuesta de los ponentes, no la posición definitiva del Parlamento.

Entre los asuntos que se están discutiendo figuran los cuatro niveles de garantías para los servicios de nube, los requisitos de soberanía tecnológica, la contratación pública y las condiciones energéticas y ambientales de los centros de datos. Son contenidos sujetos a cambios durante la tramitación, como explica el análisis del borrador.

Próximos pasos y calendario
  • Debate del informe y negociación de enmiendas. ITRE e IMCO deben examinar el borrador y las propuestas de modificación de los grupos. El próximo debate conjunto está previsto para el 1 de diciembre de 2026.
  • Votación en comisiones. El calendario provisional apunta a mediados de marzo de 2027. Esa votación determinará el texto respaldado por las comisiones responsables.
  • Intervención del Pleno. La votación plenaria se sitúa, de forma indicativa, en abril de 2027. Estas previsiones, recogidas en la información audiovisual institucional, pueden modificarse.
  • Negociación con el Consejo. Parlamento y Estados miembros deberán acercar sus posiciones para acordar un texto común. Los diálogos tripartitos, o trílogos, son negociaciones entre Parlamento, Consejo y Comisión para facilitar ese acuerdo.
  • Aprobación definitiva y publicación. El texto acordado deberá recibir la aprobación formal del Parlamento y del Consejo. Después se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea; su entrada en vigor y aplicación dependerán de lo que establezca la versión definitiva.

La conclusión práctica es que el siguiente hito es el debate en comisiones, no la aprobación final. Abril de 2027 es una referencia para la votación parlamentaria, no una fecha garantizada de aprobación definitiva ni de aplicación del reglamento.

¿Cuáles son las competencias y atribuciones de un eurodiputado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) según el reglamento del Parlamento Europeo?

La condición de eurodiputado miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) no otorga “poderes especiales” distintos de los de cualquier otro miembro de comisión, pero el Reglamento del Parlamento Europeo sí define de forma clara, por un lado, las competencias materiales de la comisión ITRE y, por otro, las facultades que tiene cada eurodiputado dentro de una comisión parlamentaria. La combinación de ambas cosas determina en la práctica sus atribuciones.

1. Ámbito material de la Comisión ITRE según el Reglamento

El Reglamento del Parlamento Europeo, a través de su anexo sobre competencias de las comisiones permanentes, atribuye a ITRE las materias relativas a:

  • Política industrial de la Unión, incluyendo:
    • La competitividad industrial, especialmente de las pymes.
    • Política de innovación, reindustrialización y resiliencia de las cadenas de valor.
    • Aspectos industriales de la política de mercado único en los sectores de su competencia.
  • Investigación e innovación:
    • Programas marco de investigación y desarrollo tecnológico (como Horizon Europe y sucesores).
    • Espacio Europeo de Investigación, infraestructuras científicas y cooperación científica internacional.
    • Políticas de transferencia de tecnología y apoyo a la I+D empresarial.
  • Política energética de la UE:
    • Seguridad del suministro y diversificación de fuentes.
    • Mercado interior de la electricidad y del gas.
    • Regulación de redes transeuropeas de energía.
    • Aspectos energéticos de la descarbonización (eficiencia energética, renovables, etc.).
  • Sociedad de la información y economía digital:
    • Telecomunicaciones y redes de comunicaciones electrónicas.
    • Agenda digital, servicios digitales y nuevas tecnologías de la información.
    • Aspectos industriales y de innovación vinculados a la digitalización.
  • Política espacial europea, en la medida en que afecta a la industria, la tecnología y los servicios espaciales (por ejemplo, programas como Galileo o Copernicus).

En todas estas materias, ITRE es la comisión competente para legislar y controlar políticamente a la Comisión Europea, salvo que el Reglamento atribuya un aspecto concreto a otra comisión (por ejemplo, cuestiones puramente medioambientales a ENVI o de mercado interior general a IMCO).

2. Atribuciones de un eurodiputado dentro de ITRE

Las competencias anteriores se ejercen a través de las funciones que el Reglamento reconoce a todo miembro de una comisión parlamentaria. Un eurodiputado que forma parte de ITRE puede, en particular:

  • Participar en la elaboración legislativa:
    • Ser designado ponente de un expediente legislativo dentro del ámbito ITRE (directivas, reglamentos, decisiones, etc.). Como ponente, redacta el proyecto de informe del Parlamento y negocia los compromisos.
    • Actuar como ponente alternativo (shadow rapporteur) en nombre de su grupo político, supervisando el trabajo del ponente y defendiendo la posición del grupo en las negociaciones.
    • Presentar enmiendas al texto legislativo y al proyecto de informe, tanto individualmente como en nombre de su grupo.
    • Debatir y votar las enmiendas y el informe en la comisión, determinando la posición que ITRE propone al Pleno.
  • Ejercer funciones de control político sobre la Comisión Europea y otras instituciones:
    • Presentar y debatir preguntas orales en comisión dirigidas a la Comisión o al Consejo en los ámbitos industrial, energético y de investigación.
    • Solicitar y participar en audiencias, comparecencias y diálogos estructurados con comisarios responsables (por ejemplo, de Industria, Energía, Mercado Interior o Innovación) y con agencias o autoridades reguladoras.
    • Impulsar resoluciones no legislativas de ITRE que fijen la posición política del Parlamento sobre estrategias, planes o crisis en esos sectores.
  • Intervenir en nombramientos y programas:
    • Participar en las audiciones de comisarios designados cuando su cartera afecte a las competencias de ITRE, formulando preguntas y valorando su idoneidad.
    • Examinar y enmendar programas y marcos financieros de investigación y energía (por ejemplo, el presupuesto de los programas de I+D o de infraestructuras energéticas) en la fase parlamentaria.
  • Actividades de estudio y seguimiento:
    • Proponer y participar en misiones de información y delegaciones de la comisión (por ejemplo, visitas a instalaciones energéticas, centros de investigación o empresas industriales).
    • Solicitar estudios y notas de análisis al servicio de investigación del Parlamento sobre cuestiones de la competencia de ITRE.
  • Derechos de procedimiento internos:
    • Presentar propuestas de inclusión de puntos en el orden del día de la comisión dentro de las materias ITRE.
    • Pedir votación nominal o separada sobre determinados apartados o enmiendas.
    • Plantear cuestiones de procedimiento y participar en decisiones organizativas de la comisión.

3. Resultado práctico

En síntesis, el Reglamento del Parlamento Europeo asigna a ITRE la responsabilidad sobre la política industrial, la investigación e innovación, la energía, la sociedad de la información y la política espacial, y otorga a cada eurodiputado miembro la plena capacidad de legislar, enmendar, controlar y orientar la acción de la Unión en esos ámbitos, a través de su participación en informes, enmiendas, debates, votaciones, audiencias y misiones de la comisión.

¿Puedes concretar qué aspectos de la política energética de la UE quedan bajo la competencia de ITRE y cuáles recaen en otras comisiones del Parlamento Europeo? ¿Qué diferencia práctica hay entre ser ponente y ser ponente alternativo (shadow rapporteur) en un expediente tramitado en la Comisión ITRE? ¿Cómo se coordina la Comisión ITRE con otras comisiones del Parlamento Europeo cuando un expediente afecta tanto a industria como a medio ambiente o mercado interior?

¿Qué requisitos legales y normativos deben cumplir los Estados miembros para autorizar nuevas áreas de centros de datos según la legislación europea vigente?

No existe una autorización europea única para crear nuevas áreas de centros de datos. Los Estados miembros autorizan su implantación mediante sus procedimientos territoriales, ambientales y sectoriales, respetando las obligaciones europeas aplicables. Conviene distinguir los requisitos para aprobar un área o proyecto de las obligaciones que deberá cumplir el operador durante su funcionamiento.

1. Planificación territorial y evaluación ambiental

La ubicación debe ser compatible con la ordenación territorial y urbanística nacional, regional y local, y obtener las licencias correspondientes. Si la delimitación del área se realiza mediante un plan o programa, debe determinarse si requiere evaluación ambiental estratégica, distinta de la evaluación del proyecto concreto.

La Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE, exige evaluar determinados proyectos antes de autorizarlos. Aunque los centros de datos no constituyen una categoría autónoma, pueden encajar en proyectos de urbanización, polígonos industriales o infraestructuras energéticas. Procederá una evaluación completa o un examen previo, según sus características y la normativa nacional. Deben considerarse las infraestructuras asociadas y los efectos acumulativos, sin fragmentar artificialmente el proyecto para evitar la evaluación.

2. Biodiversidad, agua y participación pública

Si puede existir una afección significativa a un espacio Natura 2000, el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE exige una evaluación adecuada. La autorización debe respetar sus condiciones de protección; las excepciones requieren cumplir las exigencias legales y adoptar medidas compensatorias. También deben protegerse las aves y otras especies.

La Directiva 2000/60/CE obliga a respetar los objetivos ambientales de las masas de agua. Las autoridades deben comprobar la legalidad de captaciones y vertidos, la disponibilidad del recurso y los efectos de la refrigeración. También deben atenderse los riesgos de inundación. La información y participación públicas deben garantizarse cuando las exijan los procedimientos ambientales aplicables.

3. Electricidad, eficiencia y aprovechamiento del calor

El proyecto necesita acceso y conexión eléctrica conforme a las reglas aplicables y las condiciones técnicas de la red. La disponibilidad de suelo no sustituye estos permisos.

  • Desde 500 kW de potencia informática instalada: la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 establecen obligaciones de información sobre rendimiento energético y sostenibilidad, incluyendo energía, agua, renovables y calor reutilizado, con las salvaguardas de confidencialidad correspondientes.
  • Por encima de 1 MW de entrada energética total: la Directiva prevé el aprovechamiento del calor residual, salvo que se demuestre su inviabilidad técnica o económica mediante el análisis correspondiente.

Son umbrales diferentes: no debe confundirse potencia informática con entrada energética total. La Comisión Europea explica este marco.

4. Instalaciones auxiliares y obligaciones operativas

Los generadores, depósitos de combustible y sistemas de refrigeración pueden activar requisitos sobre emisiones industriales, combustión, gases fluorados, sustancias peligrosas y residuos. Su aplicación depende de las características y umbrales de cada instalación; no todo centro exige automáticamente una autorización ambiental industrial integrada.

Durante la explotación, los proveedores comprendidos en NIS2 —Directiva (UE) 2022/2555— deben gestionar riesgos de ciberseguridad y notificar incidentes. El RGPD condiciona el tratamiento de datos personales, pero no equivale a una licencia urbanística. La resiliencia física y la seguridad contra incendios deben comprobarse conforme al régimen aplicable.

5. No confundir propuestas con obligaciones vigentes

La exigencia de analizar específicamente la compatibilidad de nuevas áreas de aceleración con los planes nacionales de energía y clima y el suministro doméstico aparece como propuesta, no como requisito europeo general vigente, en la información de Demócrata. Tampoco deben presentarse los futuros estándares mínimos europeos o propuestas nacionales de consumo renovable como condiciones uniformes ya exigibles en toda la UE.

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¿Cuál es uno de los principales objetivos de la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial en la UE?

Pregunta 1 de 3

Según el borrador, ¿qué porcentaje de la demanda energética de las nuevas áreas de centros de datos se deberá cubrir con fuentes renovables locales y libres de emisiones?

Pregunta 2 de 3

¿Qué aspecto critican los socialistas sobre el sistema de evaluación de centros de datos propuesto por el Ejecutivo comunitario?

Pregunta 3 de 3