El Parlamento Vasco ha rechazado una proposición no de ley de Sumar que instaba al Gobierno autonómico a facilitar la expropiación de viviendas en supuestos de “desocupación injustificada, retirada especulativa del uso residencial, prácticas para provocar la salida de residentes para incrementar la rentabilidad” y otros incumplimientos “graves o reiterados” de la función social de la vivienda.
La iniciativa solo ha obtenido 25 apoyos, los de Sumar y EH Bildu, frente a los 47 votos en contra emitidos por PNV, PSE-EE, PP y Vox, por lo que ha quedado finalmente descartada.
Sumar planteaba que el Ejecutivo vasco reforzara el derecho subjetivo a la vivienda, “desarrollando plenamente la Ley 3/2015 y asegurando que ninguna persona con derecho reconocido quede sin una solución habitacional adecuada”. Para ello, proponía que en un plazo máximo de tres meses se tramitara una reforma legal “para limitar la acumulación y concentración de la propiedad residencial, impedir su utilización especulativa y financiera, y reforzar la intervención pública sobre grandes tenedores, fondos de inversión y operadores inmobiliarios”.
El texto reclamaba también fijar “límites legales a la acumulación de vivienda” y vetar a los fondos de inversión “y demás vehículos de carácter predominantemente financiero” en la compra de viviendas destinadas a residencia habitual. Además, pedía extender los derechos de tanteo y retracto público a las operaciones de transmisión de edificios residenciales y a las compraventas de grandes tenedores.
Otra de las medidas pasaba por ampliar los supuestos de incumplimiento de la función social de la vivienda para añadir “la desocupación injustificada, la retirada especulativa de viviendas del uso residencial, las prácticas destinadas a provocar la salida de las personas residentes para incrementar su rentabilidad, y otros incumplimientos graves o reiterados”. A partir de ahí, la coalición proponía habilitar, “en función de la gravedad” de esas conductas, “la expropiación temporal del uso, la venta forzosa y la expropiación de la propiedad de viviendas, edificios o conjuntos de viviendas”.
La propuesta incluía, asimismo, que todas las viviendas obtenidas mediante tanteo o retracto, compra pública, venta forzosa o expropiación se integrasen de forma estable en el parque público, junto con “las modificaciones necesarias para impedir la pérdida de la protección de las viviendas calificadas con anterioridad al régimen permanente de protección pública”. También reclamaba un Registro administrativo obligatorio de Grandes Tenedores, Fondos de Inversión y Operadores Inmobiliarios de Euskadi, y el impulso de “una fiscalidad progresiva y disuasoria sobre la acumulación y utilización especulativa de vivienda”, además de “promover las reformas competenciales necesarias para desarrollar plenamente estas medidas”.
La enmienda de EH Bildu tampoco ha prosperado. En ella se pedía al Gobierno Vasco que, “en defensa del derecho a la vivienda y con el fin de frenar cualquier práctica especulativa inmobiliaria”, iniciara “de inmediato” una negociación con los grupos para aprobar en la Cámara una nueva ley de vivienda “basada en el acuerdo”.
En cambio, sí ha salido adelante la enmienda conjunta del PNV y el PSE, que ha contado con 39 votos favorables frente a los 33 del resto de la oposición. Mediante este texto, el Parlamento emplaza al Gobierno Vasco a “continuar garantizando” el derecho subjetivo de acceso a la vivienda a quienes cumplan los requisitos de la Ley de Vivienda, “con la adjudicación de una vivienda protegida o, de manera subsidiaria, consignando en sus presupuestos recursos económicos suficientes para otorgar la Prestación Económica de Vivienda a todas las personas acreedoras del citado derecho”.
La enmienda pide también al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana que “continúe” los trabajos con las diputaciones forales para perfeccionar la información que permita identificar a los grandes tenedores. Asimismo, plantea ampliar los programas de compra pública de viviendas “para consolidar su permanencia en el parque de vivienda protegida o hacer posible su incorporación al mismo, con la finalidad de proteger a las personas inquilinas e impulsar el alquiler asequible”.
El texto acordado por nacionalistas y socialistas propone además extender el derecho de tanteo y retracto, “modificando con la máxima celeridad” la Ley de Vivienda, con el fin de introducir un derecho de adquisición legal que posibilite al Gobierno comprar, para sí o para terceras personas inscritas en Etxebide, las viviendas protegidas en segundas transmisiones, “garantizando el acceso a la mismas con equidad y transparencia”. También incorpora un reconocimiento expreso al “papel activo que están teniendo las haciendas forales, como instituciones competentes en materia fiscal, en la búsqueda de soluciones al reto de la vivienda mediante el impulso de las medidas fiscales oportunas”.
Debate parlamentario y referencias a la huelga general
Durante el debate, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha vinculado la iniciativa con las reivindicaciones de la huelga general del miércoles, centrada en la emergencia habitacional. “Queremos una guerra por tierra, mar y aire a los fondos y a los especuladores, porque estamos convencidos de que eso es lo que pide la calle, y ayer la huelga general lo demostró”, ha señalado.
El representante de EH Bildu Xabier Astigarraga ha agradecido la labor de los sindicatos y colectivos convocantes. “Visto el éxito de la huelga, diría que existe un pensamiento transversal en la sociedad; y es que el problema de la vivienda ya ha superado todos los límites y que es el momento de cambiar las cosas”, ha indicado, antes de remarcar que la “lección” de la movilización es que “las casas son para vivir, no para especular”.
Desde el PNV, Jonatan Moreno ha remarcado que el mensaje de la huelga general “interpela a todos” y ha llamado a todas las formaciones, incluidas EH Bildu y las que sostienen al Gobierno central (PSOE y Sumar), a “no ponerse de perfil”. A su juicio, la propuesta de Sumar “se equivoca de enemigo”, mientras que la prioridad del PNV pasa por “cerrar el paso al especulador y proteger al trabajador y al ahorrador”.
El portavoz del PSE, Adrián Fernández, ha considerado “positiva” la movilización por una vivienda “digna” y asequible, y ha asegurado compartir el trasfondo de la iniciativa de Sumar, al entender que la vivienda “es un derecho” que los poderes públicos deben garantizar. Además, frente a las críticas del PP, ha señalado que también sedes del PSE y del PNV fueron objeto de actos vandálicos, aunque ha advertido de que esto no puede utilizarse para “criminalizar” a los millones de personas que participaron en la protesta.
La parlamentaria del PP Ana Morales ha tildado los planteamientos de Sumar de “izquierda radical” y ha arremetido contra la huelga en defensa del derecho a la vivienda y de salarios dignos, que, según ha afirmado, fue “violenta” y “contraria a la alternancia democrática”. Morales ha reivindicado su propia “valentía” por denunciar estos hechos frente a quienes, a su juicio, pretenden “silenciar” las “agresiones y coacciones” registradas durante la jornada.
Por último, la representante de Vox, Amaia Martínez, ha acusado a Sumar de “demonizar” a los propietarios y ha recurrido a la fábula de 'La zigarra y la hormiga' para sostener su defensa del “esfuerzo” individual frente al “comunismo”.