El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo y director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, ha defendido la incorporación de diversos ajustes en la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2027 con el fin de “agilizar” la promoción de vivienda, mediante una tramitación urgente y preferente de licencias para vivienda protegida y con plazos reducidos “la mitad”.
En su intervención ante el Parlamento gallego, ha remarcado que las políticas de vivienda de la Xunta para 2027 dispondrán de 520 millones, “con mucha diferencia la mayor inversión en toda su historia”. Esta dotación procede de 293 millones del IGVS, con un incremento del 8,5%, 224 millones de la sociedad Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), que se eleva un 188%, y 2,7 millones del Consorcio Casco Vello de Vigo.
Del total, 326 millones se destinan de forma directa a la construcción de vivienda pública, el “doble” que en 2026, de modo que “dos de cada tres euros son para levantar nuevas viviendas públicas”. Además, se consignan 37,5 millones para seguir desarrollando suelo para vivienda protegida y 71 millones en ayudas a la rehabilitación con fines de alquiler. Las ayudas específicas para facilitar el acceso a la vivienda aumentan un 5,5%, superando los 46 millones.
Heriberto García ha incidido en que el 80% de los recursos autonómicos en vivienda son fondos propios, 418 millones, mientras que los fondos estatales finalistas se sitúan en 51 millones, “menos del 10%”. Todo ello se enmarca en el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en Galicia para 2030.
Entre las medidas, ha puesto el foco en la nueva reserva del 20% de las promociones para personas inscritas en el registro de demandantes desde hace más de 5 años, y en el mantenimiento de las cuotas actuales: el 25% de las viviendas protegidas en compra para menores de 36 años, el 30% para quienes tengan entre 36 y 45 años con hijos y el 40% de las viviendas en alquiler reservadas a la juventud.
Asimismo, ha aludido a modificaciones normativas para que toda vivienda de titularidad pública obtenga la calificación de protegida permanente y se adjudique a través del registro de demandantes, algo que considera una “obviedad”, pero que juzga imprescindible ante casos como el de la entidad estatal Casa 47, con alquileres de 800 euros, por “encima de precios de mercado”, y “sin atender al registro de demandantes”. Se mantiene también el límite de ingresos para acceder a estas viviendas en hasta cuatro veces el Iprem, o 4,5 veces en familias numerosas.
Junto a estas medidas, ha destacado nuevas líneas como los 7 millones dirigidos a que los ayuntamientos impulsen viviendas de promoción pública, con subvenciones de hasta 80.000 euros por vivienda.
Críticas al Ayuntamiento de Santiago
En otro momento de su intervención, el responsable del IGVS ha aprovechado para denunciar las “dificultades” que encuentran para “sacar adelante temas en el municipio de Santiago” y ha afeado que “el mayor hito” de Santiago como zona tensionada sea “rehabilitar seis viviendas para destinarlas a vivienda protegida”.
Reproches de la oposición en el Parlamento
La sesión de la Comisión de Economía del Parlamento gallego de este viernes ha estado marcada por una decisión que la oposición califica de “inaudita” en la historia de la Cámara y de “atropello democrático”. El diputado del PP Gonzalo Trenor, que presidía la comisión, optó por suspenderla durante cinco minutos “hasta que se relaje” el diputado socialista Aitor Bouza, que finalmente abandonó la reunión en señal de protesta.
Antes de este incidente, Aitor Bouza había acusado a la Xunta de que “no cumplen” con el presupuesto de vivienda y había censurado que solo se haya entregado un centenar de pisos en lo que va de 2026, además de criticar los años de parálisis del Gobierno gallego del PP en materia de vivienda pública desde 2009.
Por su parte, Alexandra Fernández (BNG) ha reclamado a la Xunta que detalle cuántas de las 4.000 viviendas públicas anunciadas tendrán realmente esta consideración, al entender que se pretende generar confusión entre “promoción” y “propiedad” pública.
En contraste, el diputado popular Moisés Rodríguez ha subrayado la relevancia de los 520 millones previstos para 2027 en políticas de vivienda de la Xunta, que ha calificado de cifra histórica.