La conselleira de Vivenda e Planificación de Infrestruturas, María Martínez Allegue, ha confrontado los decretos “improvisados y electoralistas” del Ejecutivo central con los “presupuestos históricos” en materia de vivienda de la Xunta, que ascenderán a 520 millones, “un 50% más”.
Así lo ha expuesto este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia, al responder a una cuestión planteada por el diputado del PP Moisés Rodríguez, ocasión en la que ha cargado contra la aprobación de los dos reales decretos estatales que incluyen 21 medidas, “por la falta de consenso y planificación”.
En este sentido, ha reprochado que se introduzcan “nuevas obligaciones sin la financiación necesaria” para las administraciones que deben aplicarlas. Sobre este punto, ha remarcado que la problemática de la vivienda exige diálogo, recursos económicos suficientes y actuaciones realmente eficaces.
Allegue ha alertado de que los decretos no dan una solución adecuada a la principal inquietud de la ciudadanía y ha reiterado que las iniciativas planteadas insisten en fórmulas que, según ha indicado, no lograron garantizar el acceso a la vivienda ni aumentar la oferta existente.
“Es decir: volver a la misma receta que no consiguió resolver el acceso a la vivienda y que no puso más hogares a disposición de la ciudadanía”, ha señalado.
Tras ello, ha remarcado que las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler una vez cumplidos los cinco años, las indemnizaciones previstas para quienes no renueven los arrendamientos en los supuestos fijados, y la extensión hasta 2030 de la supensión de los desahucios “no ofrecen una respuesta eficaz al problema de la vivienda, al no contribuir a incrementar la oferta de inmuebles disponibles”.
La conselleira ha defendido que es imprescindible garantizar la protección de las familias vulnerables, pero ha advertido de que esta obligación no puede recaer de manera indefinida sobre los propietarios ni trasladarse a las comunidades autónomas sin los fondos necesarios para hacer frente a las nuevas cargas.
Al mismo tiempo, ha enfatizado que estos decretos implican “más intervención del Gobierno en la propiedad privada, más inseguridad jurídica, más populismo y muy pocas soliciones para el problema principal de faltan de viviendas”.
Zonas tensionadas y financiación
En su intervención, Allegue cuestionó también que los decretos aprobados el miércoles en el Consello de Ministros “premien” a las comunidades autónomas que declaran zonas tensionadas, mediante mayores bonificaciones fiscales, y supediten a estas figuras el acceso a nuevos fondo estatales para vivienda.
La conselleira ha considerado que este planteamiento supone una discriminación para las administraciones que se esfuerzan por facilitar el acceso a la vivienda sin recurrir a ese modelo, insistiendo en sus críticas a la utilidad de las zonas tensionadas para aumentar la oferta residencial y abaratar los precios del alquiler.
Frente a la ausencia de unos presupuestos específicos del Gobierno central, la titular de Vivenda ha reivindicado la importancia de la planificación, la financiación y las políticas que permitan incrementar el parque de viviendas disponible.
Allegue ha puesto así en valor el compromiso presupuestario de la Xunta, que elevará hasta los 520 millones los fondos destinados a vivienda, un 50% más que los presupuesos del ejercicio anterior.