PP, Vox, el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba y los diputados no adscritos han rechazado en el Parlament una propuesta que instaba a fijar topes al precio de los alquileres, restringir la compra de vivienda por parte de no residentes en Baleares y permitir la expropiación temporal de inmuebles de grandes tenedores para destinarlos a alquiler social y asequible.
La moción, presentada este martes por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa y centrada en la política autonómica de acceso a la vivienda, incluía varios apartados como los anteriores. En todos ellos, los 32 votos en contra de los grupos citados se han impuesto a los 24 apoyos de PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y Més per Menorca.
Entre las propuestas rechazadas figuraba también la implantación de una política fiscal que incentivara la compra o el alquiler para residencia habitual, aplicando una mayor presión impositiva a las segundas residencias, las operaciones de carácter especulativo y las viviendas desocupadas.
Asimismo, la moción planteaba paralizar la apertura de nuevas rutas aéreas, como con EEUU, Canadá o Emiratos Árabes, mientras no se adoptaran medidas que aseguren el uso residencial del parque de vivienda existente.
En otros apartados, el rechazo se ha materializado gracias a la abstención de los cuatro diputados de Vox, como en el caso de la propuesta para limitar la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión, grandes tenedores y grupos inmobiliarios con fines especulativos. Tampoco ha prosperado la iniciativa para que el Observatorio de la Vivienda de Baleares facilite información detallada sobre las viviendas vacías.
Los puntos que sí han salido adelante en el Parlament se refieren a la constatación de que alrededor de un tercio de las viviendas que se compran en Baleares corresponde a no residentes, lo que contribuye a encarecer los precios.
Además, se insta al Govern a adoptar medidas para disminuir la demanda de vivienda, especialmente la destinada a usos no residenciales; a garantizar que las viviendas se orienten prioritariamente a residencia habitual; a solicitar al Gobierno de España una regulación específica de los alquileres de temporada; a controlar todas las operaciones inmobiliarias de grandes tenedores para poder ejercer el derecho de tanteo y retracto; y a elaborar un censo de personas sin hogar o en situación de infravivienda. Estos puntos han sido aprobados con el apoyo del resto de la Cámara y la abstención de los diputados de Vox.
Algunos apartados han recibido el respaldo unánime de todos los grupos, como expresar la “preocupación” del Parlamento por el aumento de los precios de venta y alquiler, publicar un estudio sobre el suelo vacante o certificar que una parte de la oferta de vivienda se destina a usos no residenciales. En este sentido, se reclama intensificar las labores de inspección contra las viviendas turísticas ilegales con el objetivo de devolverlas al mercado residencial.