El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reiterado ante el Parlament que “no presionó a nadie” para impedir el cierre de la cocina central de Can Arabí el pasado mes de junio, y ha insistido en que la clausura se produjo después de la actuación de la dirección general de Salud Pública.
Vera ha comparecido en la Comisión de Educación y Universidades, donde varios diputados de la oposición le han preguntado si ejerció algún tipo de “presión” para que la empresa pudiera seguir funcionando pese a los problemas detectados. El conseller ha explicado que tuvo conocimiento de que se estaba realizando una inspección el mismo día en que se llevó a cabo, cuando se le comunicó que la cocina no podía continuar sirviendo el comedor a los 2.200 alumnos de 35 colegios de Mallorca a los que atendía hasta entonces.
Según ha señalado, no habló “con ningún técnico ni con nadie”, y se limitó a activar desde su departamento un plan alternativo para garantizar el servicio de comedor al alumnado afectado. Ha defendido que se logró mantener la prestación, salvo en el caso de los estudiantes con intolerancias alimentarias, a quienes se autorizó a llevar táper de casa. Ha precisado que solo transcurrieron uno o dos días sin que estos menores pudieran utilizar el comedor con normalidad.
La diputada del PSIB, Patricia Gómez, ha cuestionado por qué el cierre de la cocina de Can Arabí se decidió a pocos días de finalizar el curso escolar, cuando la empresa acumulaba ocho expedientes sancionadores desde 2019 por incidencias como no respetar la cadena de frío en el transporte, deficiencias en la trazabilidad o la falta de cualificación del personal para la manipulación de alimentos. Como ejemplo, ha recordado que en el CEIP es Putxet en marzo se tuvo que suspender el servicio por las “pésimas condiciones” en que llegaba la comida, y ha preguntado si la rescisión ha supuesto algún coste añadido para la administración.
Desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha criticado que el expediente sancionador no se haya remitido a los grupos parlamentarios y ha vinculado esta situación con el modelo de contratación de los comedores escolares, sobre el que ha reclamado más transparencia. Ha advertido de que el cierre de una cocina central como la de Can Arabí deja sin servicio a numerosos centros a la vez y ha pedido conocer si existe un plan de contingencia para escenarios similares. Ramon ha planteado avanzar hacia un modelo en el que los propios colegios dispongan de cocina integrada.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha calificado el caso de “grave”, recordando las “quejas” que ya habían trasladado familias y centros, y ha considerado que todo ello evidencia “cierto descontrol”. Ha propuesto que las asociaciones de familias participen en la gestión de los comedores, al señalar que cinco empresas concentran el 64 por ciento de los contratos y que las pequeñas cocinas no pueden competir en igualdad de condiciones. A su juicio, esto se debe a que los pliegos de contratación priorizan el precio frente a la calidad.
“No hubo ningún sobrecoste para la Administración”
En relación con el momento en que se produjo el cierre, casi al final del curso, Vera ha remitido a la ley estatal de contratación pública. Ha explicado que Salud Pública ya había realizado una inspección en abril en la que se exigía corregir una serie de deficiencias, pero sin llegar a suspender el servicio. De haberse ordenado entonces la interrupción, ha asegurado, la cocina se habría cerrado en ese momento.
Dos meses después, la inspección llevó a cabo una auditoría para comprobar si se habían subsanado los problemas y, tras revisar los procesos de elaboración de los menús, se decidió la clausura de la cocina. “No hay nada de oscuridad”, ha enfatizado el conseller.
Vera ha subrayado que para la Administración “no hubo ningún sobrecoste” derivado de esta situación, algo que, ha recordado, también contempla la ley de contratos públicos: cuando el adjudicatario no puede prestar el servicio, debe subcontratarlo a su cargo. De este modo, ha indicado, fue la propia empresa Can Arabí la que asumió el coste de las compañías que la sustituyeron en los días posteriores.
Ha añadido que lo mismo ocurre en caso de rescisión de un contrato, que no puede producirse sin un informe previo de Salud Pública. Ha asegurado que así se actuó con el CEIP es Putxet cuando se detectaron incidencias en el estado de la comida que llegaba al alumnado.
Sobre las dificultades de las pequeñas empresas para concurrir a los concursos de comedores, ha reconocido que es uno de los efectos de la normativa vigente, ya que “no pueden competir” con las grandes firmas y, en algunos casos, la Intervención impide contratarlas si no cumplen determinados requisitos.
Respecto a la posibilidad de que las asociaciones de familias asuman la gestión de los comedores escolares, Vera ha indicado que se está trabajando en ello, aunque ha advertido de que “a veces no les sale rentable”. En cuanto a las críticas por supuestamente primar el precio más bajo en las adjudicaciones, ha recalcado que este criterio se ha modificado en el nuevo modelo de comedores escolares, que da prioridad a la compra de producto de proximidad y ecológico. Ha avanzado que, a medida que vayan venciendo los contratos actuales, se aplicarán estos nuevos criterios, y ha recordado que en febrero está previsto licitar el servicio de los 35 colegios a los que dejó de atender Can Arabí y que hasta ahora ha asumido la empresa Comensals.